Seguir Luchando por Lo Nuestro

19.01.07

Equipo de trabajo de la Seccional Nordeste Antioqueño
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra- ACVC

La situación de violaciones a los derechos elementales de los habitantes de nuestra región consagrados en la Constitución Política de Colombia, es difícil y a la vez preocupante por cuanto los medios masivos de comunicación oficiales se han dado a la tarea de ser como los loros: repetir los informes que desde los batallones y brigadas se dan a las grandes empresas de comunicación, sin que estas las procesen como debe ser: con un mecanismo informativo, investigativo, objetivo y veraz.

En el nordeste antioqueño, territorio que hace parte de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, existen tierras hermosas y aptas para la agricultura, ricas en minerales, con abundantes ríos, quebradas y fuentes de agua, rodeadas por extensas montañas con un potencial de plantas aún sin explotar, características estas que hoy son muy apetecidas por las empresas multinacionales con claras intenciones de apoderarse de estas riquezas. Estamos convencidos de que para tal propósito, como buitres del poder capitalista, no van a escatimar esfuerzos y dineros para llevar a cabo tales fines. Es por eso que hoy más que nunca debemos luchar por estas tierras que históricamente nos han pertenecido.

Por eso no es gratuito que en el nordeste antioqueño y en el sur de Bolívar se esté desarrollando una de las operaciones militares más grandes hasta la presente, obedeciendo a las políticas de saqueo por parte de las multinacionales, trayendo como resultado la inmersión de nuestras veredas en crisis humanitaria y en la violación a nuestros derechos.

Hoy, después de la supuesta “desmovilización” de los grupos paramilitares (supuesta porque es comprobado que sus estructuras siguen intactas, como pasa en todos los municipios del Magdalena Medio), nuestro Ejército Nacional, encargado de cuidar la vida, honra y bienes de los colombianos, ha venido desarrollando la vieja modalidad operativa, pero hoy de manera más frontal, para dar positivos al señor presidente, como son las capturas ilegales, los asesinatos extrajudiciales y las amenazas, causando el desplazamiento y el terror en las zonas campesinas. Estas acciones dejan mucho que desear de un ejército constitucional.

Por ejemplo, describo algunos casos ocurridos, cuya responsabilidad es de nuestra fuerza pública:

Construcción de bases militares en los caseríos de las veredas Santo Domingo, Lejanías, Carrizal, San Francisco y Puerto Matilde. Como si fuera poco, en ocasiones utilizan las instalaciones de las escuelas como dormitorio (como en Puerto Nuevo Ité), y en algunos casos lo hacen en las mismas casas de los campesinos.

Cuando las organizaciones de derechos humanos de la región les reclaman, los militares se enojan y hacen caso omiso, llegando algunas veces a amenazar a los líderes de estas organizaciones.

Ahora se ha vuelto costumbre la siguiente modalidad: capturar a alguna persona, llevársela, simular un enfrentamiento y luego mostrarla muerta y vistiendo prendas militares, para que luego el coronel del batallón o el comandante de la brigada vocifere por sus emisoras “Colombia Estéreo” que es un guerrillero dado de baja en combate. Vale la pena mencionar algunos de estos actos:

• José Albeiro Aguirre: vivía en la vereda Puerto Matilde con su esposa y sus dos hijas. Tenía 37 años y la gente lo llamaba ‘Cortico’. Fue asesinado por tropas de la Quinta Brigada el 27 de octubre del año 2004.
• Sigifredo Castaño: vivía en la vereda Caño Tigre con su mamá, su hija, su hermano y su cuñada. Fue asesinado por la 14a. Brigada el 7 de agosto de 2005.
• Amilcar Calle: fue sacado de la casa de su finca y llevado a la montaña. Lo estaban obligando a que se colocara ropas militares, cuando llegaron al sitio observadores de organizaciones de derechos humanos que lo salvaron de que fuera asesinado. Este hecho fue perpetrado por miembros de la 14a. Brigada en la vereda Dosquebradas en el año 2005.
• Pablo Emilio Agudelo Sánchez: miembros de la 14a. Brigada lo sacaron con engaños de su casa. Le pidieron que indicara un camino porque aducían que estaban extraviados. A cierta distancia, un soldado regresó y le dijo a su suegra y esposa que no lo esperaran porque Pablo ya no regresaría. Más tarde, Pablo aparecería muerto y vistiendo camuflado. Después de un supuesto enfrentamiento, su cuerpo fue trasladado en helicóptero a Remedios. Este hecho ocurrió en la vereda Dosquebradas el 4 de septiembre de 2006.
• Alejandro Uribe Chacón, líder social de la comunidad de Mina Gallo, en el municipio de Morales, sur de Bolívar. Fue asesinado el 19 de septiembre de 2006 por soldados del Batallón Nueva Granada de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, quienes lo presentaron como “guerrillero dado de baja en combate”.

Ante todo esto, nos preguntamos: ¿Estas son acciones de un ejército legal? ¿Qué diferencia hay entre las acciones de la guerrilla, los paramilitares y el Ejército Nacional? ¿Será cierto lo que pregona el estamento militar por las emisoras sobre el respeto por la vida y los derechos? ¿Será cierto que estamos dentro de un estado social de derecho? ¿Existe en nuestra constitución la pena de muerte? ¿Cuándo habrá respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario? ¿Qué pecado hemos cometido para merecer tanto odio de nuestras instituciones?

Sólo atinamos a recordar lo escrito por el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano en su eminente libro Las venas abiertas de América Latina: “nuestro pecado más grande es haber nacido en unas tierras muy ricas ”.

Por todos estos antecedentes, se hace más necesaria aún la ratificación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra como instrumento para poder contener la entrega de nuestros suelos al capital extranjero. Y ahora más que nunca, debemos seguir luchando con dignidad para que no nos roben lo que con tanto sudor y sacrificio hemos construido.

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