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2.02.07
www.vanguardia.com
Yolanda Izquierdo Berrío, la líder que entre febrero y marzo del año 2000 encabezó el proceso de las invasiones en Montería, fue asesinada de dos disparos en la cabeza.
En el último año de gobierno del entonces alcalde Francisco ‘Pachi’ Burgos De la Espriella, la capital del departamento vivió una de las épocas más difíciles con la invasión de seis predios privados: en Cantaclaro, La Palma, El Paraíso, Los Robles, Mocarí y Los Araújos.
Durante casi dos meses la Policía Nacional, e incluso el mismo Ejército, se enfrentaron a los invasores que se negaban a desalojar los predios y a los ‘Champetas’, que se aprovecharon del problema social y de la falta de un techo seguro de los habitantes.
Para negociar y por fin lograr el desalojo, se creó una comisión (conformada por iglesia, autoridades, empresa privada) y se seleccionaron unos líderes, entre estos estaba Yolanda Izquierdo Berrío, quien representaba a más de cuatro mil familias de la invasión La Palma, en la margen izquierda del río Sinú.
Luego se conformaron las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) que tenían como fin la consecución de los lotes para las familias invasoras. Izquierdo Berrío lideró, entre otros, la OPV Villa Cielo, sector que está ubicado en la vía que de Montería conduce al corregimiento El Sabanal.
Hechos del ayer
Durante la administración del alcalde Luis Jiménez Espitia (2001-2003) se compraron los predios y se entregaron las cartas de asignación de los lotes en Villa Cielo, Paz del Norte, Furatena, Villa Paz y Nueva Esperanza.
En esos tres años hubo múltiples denuncias contra los líderes de las OPV, a quienes acusaron de vender lotes sin autorización de la Alcaldía, de pedirle dinero a la gente para supuestos gastos de papelería y viajes a Bogotá. Incluso tres de ellos estuvieron en la cárcel por el delito de estafa; uno, Manuel Dueñas, fue asesinado un día antes de contarle la verdad a El Meridiano de Córdoba sobre las irregularidades del proceso de reubicación de las invasiones, y otro, de nombre José Melendres, está desaparecido desde hace unos cinco años.
Pese a las denuncias a Izquierdo Berrío nunca se le confirmó ninguna irregularidad, por eso se convirtió en líder comunitaria de Villa Cielo, aunque residía en el barrio Mi Ranchito, en la margen izquierda del río Sinú.
El ‘rollo’ de la ‘parapolítica’ sigue creciendo
Unas grabaciones de audio y video que estaban encriptadas en el computador de ‘Jorge 40’ fueron claves para que la Fiscalía abriera el primer proceso por narcotráfico en contra del desmovilizado jefe paramilitar y su lugarteniente Edgar Ignacio Fierro Flórez, conocido como ‘Don Antonio’.
En el computador, incautado el pasado 11 de marzo a ‘Don Antonio’ en Santa Marta, había registros de un laboratorio de procesamiento de coca en la Sierra Nevada de Santa Marta y registros que fueron relacionados con el container de un cargamento de droga que fue enviada desde Colombia en el 2005 y que fue decomisada en Bélgica por autoridades de ese país.
Por su parte, Álvaro Araújo Castro, quien hizo su arribo al Palacio de Justicia por el sótano de la edificación, de donde fue conducido inmediatamente al cuarto piso, no se dejó ver de los medios que lo esperaban a la entrada de la Corte.
Quien sí habló con los periodistas fue el ex magistrado Carlos Augusto Gelves Argote, abogado defensor del senador de Araújo. En su pronunciamiento Gelves no se refirió a los señalamientos de Ochoa Daza, pero sí desmintió las versiones que afirman que su cliente había solicitado asilo político en el exterior.
En el ataque también resultó herido Francisco Torreglosa, esposo de la víctima, quien lideraba un movimiento para recuperar 10 mil hectáreas de tierras rurales.
50 millones de pesos, por información que permita la captura de los asesinos de la líder, anunció el Gobierno Nacional a través de la Presidencia y del Ministerio del Interior.
Es necesario que la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y la Comisión de Reparación nos suministren la información sobre líderes y re-presentantes de organizaciones de víctimas para proceder a protegerlas. Ministro Carlos Holguín Sardi.
He pedido a la Policía Judicial y a la Fiscalía, que decomisen, como medida cautelar, los bienes que las personas juzgadas por la Ley de Justicia y Paz deben entregar para la reparación de las víctimas. Presidente Álvaro Uribe.
¿Sabía usted que… la líder estaba pidiendo reparación porque las Auc las habían obligado a vender unas tierras, que donó Fidel Castaño Gil y que fueron entregadas por el Gobierno Nacional a través de una reforma agraria?