
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
24.08.08: Depone armas Ejército Guevarista
15.08.08: Cicr insiste en que mal uso de su emblema hace daño a las víctimas
18.07.08: Integrantes del Ejército obstruyen labor de periodistas y los intimidan con disparos al aire
17.07.08: Ortega dispuesto a conversar con las FARC
17.07.08: Gobierno reconoce que utilizó emblema de la Cruz Roja en Operación Jaque
15.07.08: FARC piden a Ortega reunión para tratar ''asuntos de la guerra y de la paz'' colombiana
24.06.08: Humo y espejos - Ayuda militar britanica a Colombia
12.06.08: Interpol admite que no puede confirmar si archivos de supuestas computadoras son de las FARC
10.06.08: Qué dijo y qué no dijo Chávez
25.05.08: Las FARC: de Manuel Marulanda a Alfonso Cano
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
Reciba el informe quincenal de IPO, con un resumen de las últimas actualizaciones, y otras informaciones coyunturales.
Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons
26.06.06
www.rebelion.org
Diana Cariboni
IPS
Se dice que Ciudad Bolívar, tendida sobre los cerros del sur de Bogotá, debe su nombre a la breve estancia del libertador Simón Bolívar en una casa de la zona, tras escapar de un atentado en 1828. Hoy es uno de los epicentros del fracaso de la desmovilización paramilitar promovida por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe.
Algunas fuentes indican la presencia de unos ocho grupos paramilitares ultraderechistas con diferentes dinámicas en Ciudad Bolívar y en el aledaño Altos de Cazucá, municipio de Soacha.
Al menos tres son “hijos” del bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que comandaba el narcotraficante Miguel Arroyave, muerto en septiembre de 2004 presuntamente por sus propios hombres, mientras negociaba su desmovilización con el gobierno.
El funcionario Roberto Sicard, de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), distingue tres grupos remanentes de las AUC, del Bloque Central-Santander y de lo que queda del Bloque Capital en el paupérrimo Altos de Cazucá, de unos 50.000 habitantes, de los cuales 17.000 llegaron aquí desplazados por la guerra civil.
Sicard es coordinador del proyecto Casa de los Derechos, casi la única presencia del Estado en Altos de Cazucá, una zona marcada por el estigma a la que el agua llega apenas dos horas por semana merced a un servicio que presta Bogotá.
Otras fuentes sostienen que estos grupos se dedican a amenazar y asesinar a líderes comunitarios, al reclutamiento más o menos forzado de jóvenes (el desempleo constituye un aliciente), a la “limpieza social” de presuntos delincuentes y al cobro de “impuestos” a comerciantes y transportistas.
También funcionan aquí laboratorios de cocaína, el sustento del viejo conflicto armado de este país.
Además, afirman esas fuentes, están los “pseudo-paras”, que operan bajo “franquicias” de las AUC o se ofrecen para alquilar sus servicios criminales al mejor postor.
“Creo que en Colombia no se mata por ideología, sino por hambre o por poder”, dijo Sicard a una veintena de periodistas sudamericanos que visitamos la zona a mediados de este mes.
En Ciudad Bolívar el conflicto “se expresa en las redes de informantes (promovidas por la fuerza pública), el control paramilitar y el cobro de ‘impuestos’”, sostuvo Michael Jordan, director de la oficina regional para América Latina de la organización no gubernamental alemana Diakonia, que asiste a la población en situaciones de desastre.
Se generan “continuamente amenazas, asesinatos selectivos”, pero sin la expresión del enfrentamiento militar clásico, explicó Jordan.
Un hombre de 40 años, presidente de una junta comunal de Cazucá cuya identidad se reserva IPS, relató que él y otros 13 líderes comunitarios habían sido amenazados de muerte por grupos ilegales. “El 30 de mayo me agredieron con armas punzantes y me dijeron que debía irme de la zona”.
“Hay miedo. Pensamos mucho sobre si hacer la denuncia en conjunto y al final decidimos que era más seguro hacerla por separado”, añadió.
“No queremos ser conejillos de Indias de estas organizaciones, por eso acepto hacer esta denuncia”, dijo el hombre, ex militante del partido izquierdista Unión Patriótica, exterminado a tiros.
“Nosotros” no queremos nada “con los políticos. Por el clientelismo nos dan un mercadito (la compra diaria de alimentos) a cambio de votos”, sostuvo.
Este mes, varias voces denunciaron asesinatos y desapariciones frecuentes en la zona sur de Bogotá. Los cadáveres no siempre aparecen, y se cree que son arrojados al cercano Rincón del Lago.
Denunciar los atropellos o delitos a las autoridades es casi imposible. El puesto policial más cercano está a 20 minutos en automóvil. Pero, además, algunas fuentes señalan “nexos aparentes” de los criminales con suboficiales de la policía.
En su primer mandato, iniciado en 2002, Uribe negoció con las AUC una desmovilización bajo un marco legal que habilita el perdón de muchos crímenes cometidos por estas milicias, en su momento autoras de 80 por ciento de las violaciones a derechos humanos, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Antes de