Asamblea Regional de Víctimas de la Violencia del Terrorismo de Estado

21.07.06

Declaración Política

por Asociación Regional de Víctimas del Magdalena Medio
Barrancabermeja, 1 de julio de 2006

La Asamblea Regional de Víctimas de la región del Magdalena Medio,
reunida el día 1 de julio de 2006 en la ciudad de Barrancabermeja, con
la participación de cerca de mil delegados, realizó un detenido examen
de la realidad sociopolítica y económica actual, y en especial sobre
el proceso de “desmovilización” paramilitar y el marco jurídico
establecido para ello.

Los asistentes a la asamblea han llamado la atención sobre el hecho de
que la ley de “justicia y paz” deja por fuera la responsabilidad del
estado en el origen y consolidación paramilitar, y por lo tanto
desconoce su participación por acción u omisión en los crímenes
cometidos.

Transcurrido un año desde la aprobación de esta ley, los voceros de
las comunidades de las diversas regiones del Magdalena Medio
constataron que si bien algunos de los paramilitares se han
desmovilizado, en lo esencial las estructuras del paramilitarismo
permanecen intactas y se presentan a través de nuevas modalidades como
empresas de vigilancia privada, guardabosques y fachadas para
inversiones extranjeras y actividades comerciales. La desmovilización
paramilitar fue utilizada además como una estrategia para lograr la
reelección de Álvaro Uribe Vélez.

La Asamblea Regional de Víctimas observa que la ley de “justicia y
paz” no ha repercutido en acciones de retorno de los desplazados, ni
en la recuperación de los cinco millones de hectáreas de tierra
cultivables que fueron robadas violentamente a los campesinos. Por el
contrario, hoy en día los desplazados permanecen lejos de sus sitios
de origen y viviendo en condiciones de marginalidad y miseria.

La persistencia de la acción militar-paramilitar se expresó antes y
después de la contienda electoral reciente en una avalancha de
amenazas y terror a organizaciones sociales, defensores de derechos
humanos y voceros de la oposición. En la actualidad, el país presencia
escandalizado la oleada de asesinatos y delitos en que se ha visto
envuelta la fuerza pública en su afán de entregar resultados para
tratar de demostrar la supuesta efectividad de la política de
“seguridad democrática”.

El país reclama que se hagan públicos los acuerdos del gobierno y
paramilitares, el listado de los 2.200paramilitares que tienen órdenes
de captura, y los delitos de los cuales se les acusa, para que las
víctimas tengan la posibilidad de incidencia y seguimiento a este
proceso. Es necesario que los vinculados a dicho listado sean
capturados para que afronten el proceso correspondiente.

El país permanece sumergido en una preocupante crisis humanitaria, por
lo que la asamblea reclama la continuidad de la oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el
país, manteniendo su mandato original.

Así mismo, las víctimas del Magdalena Medio exigimos al gobierno
nacional la conformación de una comisión de seguimiento a los casos de
desaparición forzada, la cual investigue la existencia de fosas
comunes en la región.

La asamblea regional se hará presente en el Tercer Encuentro Nacional
de Víctimas de Crímenes de Estado, a realizarse del 7 al 9 de julio en
la ciudad de Bogotá, con el mandato de definir nuevas estrategias de
lucha contra la impunidad, reactivar el papel de las víctimas y
consolidar organizativamente el Movimiento Nacional de Víctimas para
que pueda jugar su rol en la recuperación de la memoria histórica y la
búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral.

Finalmente, la asamblea regional se pronuncia resueltamente a favor de
la solución política negociada y los acuerdos humanitarios que
posibiliten el intercambio de prisioneros de guerra y retenidos
políticos. Así mismo, exige del nuevo parlamento la no aprobación del
tratado de libre comercio, por cuanto atenta contra la soberanía
nacional, el desarrollo independiente del país y el nivel de vida de
la población.

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