En el Magdalena Medio las tierras y sus recursos, en el ojo del huracán

3.08.06

por Miguel Cifuentes
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
asociacion.campesina@gmail.com
Zona de Reserva Campesina, 18 de julio de 2006

El terrorismo de estado es el principal instrumento para ocasionar el
desplazamiento forzado, por medio del cual son abandonadas las tierras
a merced del gran latifundio, la ganadería extensiva, los
megaproyectos, las multinacionales y el lavado del narcotráfico. Este
ha dejado sin tierra a más de cuatro millones de campesinos en los
últimos años. También las multinacionales, con la autorización del
gobierno, se han apropiado de centenares de miles de hectáreas y han
utilizado muchas formas para producir el desplazamiento tanto forzado
como voluntario de los campesinos. Entre los principales causantes de
este proceso se encuentran las políticas antinarcóticos, como las
fumigaciones, y ahora la erradicación voluntaria, como el programa
“P400”, que es implementado por la fuerza pública, y mediante el cual
se le da al campesino 400 mil pesos por cada hectárea arrancada por
sus propios medios. Además, también se está dando la utilización de
paramilitares desmovilizados haciendo una erradicación manual y
forzada, aspecto al que se le suman los operativos militares con la
violación de los derechos humanos y las permanentes infracciones al
derecho internacional humanitario (DIH), que aumentan los grados de
incertidumbre en la población campesina.

Éste es el contexto nacional y regional que se presenta en las zonas
de economía campesina, donde se están aplicando estas políticas, como
es el caso de la región del Magdalena Medio. Actualmente, en el
municipio de Yondó (Antioquia) se vienen aplicando estas medidas, que
son preocupantes para la supervivencia del campesinado, pues la coca
es el único cultivo del cual depende la economía campesina. En este
municipio, las comunidades campesinas han venido reuniéndose desde
hace dos años, en la búsqueda de alternativas y soluciones a la
problemática.

Es así que en la vereda San Francisco se han realizado tres reuniones
en lo que va corrido del año 2006, y en la última reunión, efectuada
el 24 de junio, contamos con la participación de varias entidades como
la Defensoría Regional del Pueblo, la Corporación Regional para la
Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Desplazados
Asentados en el Municipio de Barrancabermeja, la Asociación Campesina
del Valle del Río Cimitarra (ACVC), el Observatorio Internacional de
Paz y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, como
también algunos medios de comunicación regional. Asistieron alrededor
de unas 700 personas provenientes de 15 veredas. Este encuentro se
desarrolló mediante dos mesas de trabajo: la primera trató el tema de
la crisis humanitaria, la violación de los derechos humanos y las
infracciones al DIH por parte de la fuerza pública. La segunda trató
el tema de la erradicación manual y forzada de cultivos de uso
ilícito, y las alternativas de sustitución. En el debate surgió una
situación preocupante, pues en medio de toda la incertidumbre
existente, hoy aparecen compradores foráneos de tierras ofreciendo a
$200 y $300 mil por hectárea, desde luego, una compra en los términos
legales. Pero lo que es raro es que estos oportunistas aparecen hoy en
medio de la incertidumbre que tienen los campesinos, incertidumbre
producto de las políticas de estado, con su fuerza pública y sus
erradicadores desmovilizados. Este punto es bien interesante
profundizarlo, ya que uno de los grandes conflictos de este país es la
concentración de la tierra, pues el 85% de las tierras aptas para la
producción agrícola y pecuaria está en manos del 15% de la población,
y el 15% restante de la tierra está en manos del 85% de la población.
Esto muestra la inequidad en la distribución de la riqueza en este
país, pues detrás de la forma como han adquirido las tierras de los
que hoy las poseen, hay mucha sangre derramada.

Hoy en día, entre Yondó y Barrancabermeja hay un puente que une los
departamentos de Santander y Antioquia, el cual va a articular una
gran vía muy importante para el mercado interno nacional, lo que
quiere decir que en el futuro próximo, cuando esta vía esté
construida, las tierras de la zona rural de Yondó tendrán un gran
valor. Pero desafortunadamente hay oportunistas que quieren confundir
a los campesinos, pues se quiere comprar miles de hectáreas en Yondó,
porque se piensa que el mejor negocio de la región es comprar tierras
en este municipio, lógicamente para engordarlas y esperar a venderlas
cuando empiecen a construir la vía o después de construida, cuando
estén valorizadas.

La ACVC, junto con las comunidades, está adelantando una campaña en
toda la región para que los campesinos no vendan sus tierras, pues hay
que identificar quiénes son los que quieren comprar, para qué, y por
qué, precisamente ahora cuando hay mucha incertidumbre en la región,
producto de la presencia de la fuerza pública, de los erradicadores
desmovilizados, de las violaciones a los derechos humanos, de las
infracciones al DIH y de la crisis humanitaria regional. Todo esto
está generando desesperanza y negando toda posibilidad de desarrollo
para los campesinos que llegaron a estas tierras hace cuatro décadas a
colonizarlas, y hoy por unos pocos centavos quieren arrancárselas de
sus manos.

Esta importante reunión en la vereda San Francisco, después de una
intensa jornada de trabajo, concluyó lo siguiente:

1. Adelantar una campaña para no vender las tierras a los oportunistas.
2. Crear una directiva de los presidentes de juntas de acción comunal para liderar una mesa de trabajo con las autoridades civiles.
3. Crear una mesa de discusión permanente entre las comunidades y las autoridades civiles acompañada con organizaciones defensoras de los derechos humanos.
4. Establecer un espacio comunitario para la discusión con el nombre de “encuentro comunal por la vida digna de la región”, el cual se reunirá cada dos meses para evaluar la gestión de la directiva y la mesa de trabajo.
5. Que los cultivos de coca deben ser sustituidos con alternativas
viables y no erradicados forzadamente.
6. Las temáticas de la mesa de trabajo serán:
a) Derechos humanos, DIH y crisis humanitaria.
b) Sustitución de los cultivos de coca.
c) Zona de Reserva Campesina
7. Que se levante inmediatamente la suspensión de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.

Actualmente la mesa de trabajo está conformada por el alcalde del
municipio de Yondó, la ACVC, la directiva del encuentro comunal por la
vida digna de la región, y organizaciones defensoras de los derechos
humanos, con el fin de implementar conjuntamente las conclusiones en
la búsqueda y construcción de soluciones a la difícil situación que
atraviesan nuestros campesinos.

Tenemos entendido que la gobernación de Antioquia le ha titulado 22
mil hectáreas en los municipios de Remedios y Segovia a la
multinacional Kedhada, filial de la Anglo Gold Ashanti Mines, y otras
22 mil hectáreas en el Sur de Bolívar, y no siendo suficiente, están
solicitando en concesión más de un millón de hectáreas en la serranía
de San Lucas para explotar las minas de oro, sin tener en cuenta la
posesión de las tierras que han hecho los colonizadores por más de
cuatro décadas en estas zonas.

La ACVC hace un llamado a toda la población campesina del Magdalena
Medio, del Nordeste Antioqueño y del Sur de Bolívar a la unidad de
clase en contra de las políticas de estado, causantes de
desplazamiento forzado, violación de los derechos humanos, y en
general de crisis humanitaria, organizándonos para resistir en
nuestras tierras y configurar en nuestro territorio el desarrollo con
dignidad que nosotros como campesinos queremos.

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