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22.09.05
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) pidió hoy a la Unión Europea (UE) que no apoye el plan de reinserción de paramilitares propuesto por el Gobierno colombiano bajo el nombre de Ley de Justicia y Paz, en vísperas de la visita a Bruselas de una delegación del equipo del presidente Alvaro Uribe.
‘Nuestro llamamiento más enérgico a la Unión Europea es no apoyar este tipo de medidas, que no van a contribuir a la superación del conflicto armado, ni a la desaparición de uno de los fundamentales actores de las violaciones de Derechos Humanos y la comisión de crímenes de guerra’, afirmó el secretario general adjunto de la CIJ, Federico Andreu Guzmán, en el marco de la presentación del informe ‘Colombia: Socavando el Estado de Derecho y consolidando la impunidad’.
Este informe hace un recorrido por la legislación, adoptada o anunciada por el Gobierno colombiano en materia de seguridad, la cual, según la Comisión Internacional de Juristas, ‘desmantela el estado de derecho, socava la independencia del poder judicial y agrava la situación de Derechos Humanos’ en Colombia.
La Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso colombiano y promulgada para regular la reinserción de rebeldes y ofrecer beneficios penitenciarios a los miembros de grupos armados que se desmovilicen, será presentada mañana por el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, ante el Parlamento Europeo.
Sin embargo, en la opinión de Guzmán, ‘no se podrá resolver el paramilitarismo en esas circunstancias; más aún, la Ley de Justicia y Paz va a consolidar el poder político, económico y financiero del paramilitarismo en Colombia’.
Y es que, según reconoció, ‘todo este paquete ha significado el desmonte de las conquistas en Derechos Humanos de la Constitución de 1991’. Guzmán cree que la Ley de Justicia y Paz ‘está en contradicción con las obligaciones del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos: investigar plenamente los crímenes cometidos, llevar a los estrados judiciales a sus autores y castigarlos con penas apropiadas a la gravedad de sus hechos’.
Asimismo, explicó que ‘los mecanismos de investigación y resarcimiento son tan limitados que no se va a garantizar ni la verdad, ni la reparación, a la cual tienen derecho todas las víctimas de los grupos paramilitares en Colombia’.
Igualmente, argumentó que ‘esta ley no ha estado acompañada de ningún proceso de depuración de las fuerzas militares de aquellos miembros implicados en graves actividades contra los Derechos Humanos’ y calificó de ‘inconcebible’ que ‘durante más de dos décadas de existencia de grupos paramilitares, con su fortaleza, su capacidad operacional en zonas altamente militarizadas, esta cuestión no haya sido planteada por el Gobierno’.
Ver: http://actualidad.terra.es/articulo/comision_internacional_juristas_ue_ley_501990.htm