Colombia: Impunidad, autocensura y conflicto armado interno

29.09.05

Por: Red de Defensores No Institucionalizados (28.09.05)

El conflicto armado interno que afecta a Colombia desde hace ya cuatro décadas es de gran complejidad e involucra altos índices de violencia. Ello, sin duda, tiene un impacto directo en la situación de los derechos humanos en ese país y, en particular, en la libertad de expresión. En repetidas oportunidades, la Comisión Interamericana y la Relatoría para la Libertad de Expresión han manifestado su seria preocupación por los asesinatos, amenazas, secuestros, intimidaciones y otros actos de violencia de los que son víctimas un gran número de comunicadores sociales en Colombia en los últimos años. Es bajo ese contexto que la Relatoría analiza en este informe la situación de la libertad de expresión en Colombia.

Este trabajo es el resultado del análisis de la información recabada por la Relatoría para la Libertad de Expresión durante un proceso de observación y monitoreo de la situación de la libertad de expresión en Colombia que ha tenido como punto culminante su visita in loco desarrollada en abril de 2005. El presente estudio tiene como objeto evaluar las respuestas estatales frente a las agresiones que sufren los comunicadores sociales en Colombia y la política gubernamental en materia de promoción y protección de la libertad de expresión.

El marco jurídico en Colombia incluye normas internacionales y de derecho interno que protegen la libertad de expresión. Pese a ello, la Relatoría observa que persisten las denuncias sobre agresiones y actos graves de violencia cometidos contra periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sociales.

La investigación desarrollada por la Relatoría destaca la persistente impunidad que se registra en Colombia con relación a los crímenes cometidos en contra de los comunicadores sociales. El informe enfatiza reiteradamente que el efecto intimidatorio provocado por las amenazas y asesinatos contra periodistas se amplifica si, además, estos hechos permanecen en la impunidad.

En este punto la Relatoría analiza el estado de las investigaciones en varios de estos casos a cargo de la Fiscalía General de la Nación. La evaluación de la Relatoría que coincide con la realizada por distintos actores de la sociedad civil y otros organismos arroja una serie de preocupaciones. La primera se refiere al debilitamiento de la Sub-Unidad de Investigación de Asesinatos a Periodistas. La segunda se refiere a la lentitud en las investigaciones en la mayoría de los casos de violaciones a la libertad de expresión, en especial los asesinatos. Las investigaciones a cargo de la Fiscalía no muestran un avance significativo, lo cual viene generando un clima de profunda desconfianza hacia el sistema de administración de justicia.

En el informe también se insta al Gobierno a promover la incorporación de los estándares internacionales sobre libertad de expresión desde las instancias judiciales, pues éstos constituyen herramientas eficaces para la protección y garantía del marco normativo sobre libertad de expresión.

Asimismo, la investigación subraya que los últimos años han mostrado una notable disminución de los actos de violencia contra periodistas en Colombia. La implementación de programas gubernamentales de protección para periodistas ha colaborado decisivamente en la consolidación de esta tendencia decreciente. En ese sentido, el estudio destaca la importancia del actual Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia para Periodistas y Comunicadores Sociales. La

Relatoría insiste en que mecanismos de esta naturaleza, los cuales han permitido proteger la integridad personal de un importante número de periodistas colombianos, deben ser reforzados a fin de lograr una implementación más eficaz de sus medidas de protección.

No obstante ello, la Relatoría ha verificado que la disminución en estas cifras también se origina en la autocensura de los propios periodistas. El clima de persistente violencia y agresiones que se vive en Colombia viene contribuyendo decisivamente al silenciamiento de los comunicadores sociales. Durante la visita se comprobó también que existen regiones del país donde los periodistas son presionados por los grupos armados ilegales e incluso por representantes del Gobierno para divulgar o silenciar cierto tipo de información.

De la misma forma, la Relatoría manifiesta en el informe su profunda preocupación en cuanto a la estigmatización de quienes realizan una labor crítica del Gobierno. El informe advierte sobre las denuncias recibidas sobre ciertas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno, los que se han manifestado públicamente en contra de la labor de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, lo cual, sin duda, ha provocado un aumento en las tensiones entre el Gobierno y la sociedad civil. La investigación también destaca las denuncias con relación a la falta transparencia en los procesos de asignación de las pautas publicitarias. Preocupa a la Relatoría que ello pueda dar lugar a la utilización de la publicidad oficial como una herramienta de limitación de la libertad de expresión en Colombia.

De la misma forma, el informe llama la atención sobre el esquema propuesto en el nuevo Código Procesal Penal en cuanto a las facultades de la Fiscalía para investigar hechos que revistan las características de los tipos penales de calumnia e injuria sin requerir autorización juidicial para su realización, en especial si tales acciones son iniciadas por funcionarios públicos. La Relatoría también es consciente de los avances en cuanto a libertad de expresión que se han venido verificando en Colombia en los últimos años. Así como el informe destaca la importancia de los programas de protección, éste también felicita los esfuerzos gubernamentales en sus programas para facilitar el acceso a la información pública así como la implementación de políticas vinculadas a las radios comunitarias.

En la investigación, la Relatoría insta al Gobierno a continuar con estos esfuerzos de afianzamiento de la democracia, tanto en la transparencia de la gestión pública así como en la promoción de políticas de participación democrática de la población. La Relatoría cierra su estudio realizando una serie de recomendaciones que instan al Gobierno a tomar las medidas necesarias para proteger la integridad física de los comunicadores sociales y la infraestructura de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, la Relatoría exhorta a las autoridades competentes a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos de violencia e intimidación que se cometen contra los comunicadores sociales, juzgando y sancionando a los responsables de los mismos.

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