
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
11.04.13: OACNUDH, ACNUR y PNUD condenan el asesinato del lider de tierras y victimas Ever Cordero Oviedo
20.02.13: Continúa la persecución contra el movimiento campesino en el norte y Bajo Cauca antioqueño
17.01.13: La situacion de riesgo de Harry Caicedo Perlaza, defensor de DDHH y director del CPDH
16.10.12: Denuncia pública: detenciones arbitrarias y abuso de autoridad en Nariño
4.10.12: Amenazas en contra de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos (Barranquilla)
2.10.12: Hackean el correo electrónico del CPDH Caldas
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
Reciba el informe quincenal de IPO, con un resumen de las últimas actualizaciones, y otras informaciones coyunturales.
Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons
20.06.09
Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio
Un sufragio fue arrojado el martes 6 de junio al interior del inmueble en el cual se atiende a las comunidades del municipio de San Pablo (sur de Bolívar), el cual destaca un texto amenazante de manera general e indeterminada contra las mujeres que laboral en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el convenio Pdpmm – Defensoría del Pueblo.
Es preocupante la situación debido a las reiteradas manifestaciones de amenazas contra defensores de derechos humanos que se vienen presentando en esta zona del país, acontecimientos visibilizados en el informe de riesgo vigente para los municipios de San Pablo, Santa Rosa y Simití.
El Defensor del Pueblo del Magdalena Medio, Marco Antonio García Hernández, se comunicó con el comandante de la policía del Magdalena Medio, y solicitó la adopción de medidas urgente de seguridad que mitiguen el riesgo en que se pueden encontrar dichas personas.
Igualmente, se corrió traslado al ente investigador del Estado para que se inicien las actuaciones pertinentes para esclarecer estas conductas intimidatorias que indudablemente afectan la labor que se viene cumpliendo en favor de los grupos vulnerables y personas que a diario acuden en procura de la realización de sus derechos fundamentales.