
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
2.05.13: Alejandro Ordóñez y el caso Nicolás Neira
28.02.13: Grave situación en el departamento del Huila en el marco del paro cívico nacional cafetero
28.02.13: Atropellos contra manifestantes de paro cafetero en el Huila
16.10.12: Denuncia pública: detenciones arbitrarias y abuso de autoridad en Nariño
8.11.11: Colombia: Elecciones, derechos humanos y acompañamiento internacional
20.09.11: Organizaciones populares de todo el país realizarán Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías
17.07.11: Nuevamente Tribunal Superior de Bogotá definirá curso del caso de los niños de Tame
7.07.11: Sentencian a 60 años de prisión a ocho militares por ’falsos positivos’
7.07.11: A juicio oficial por 'falso positivo' en Tolúviejo, Sucre
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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23.06.09
La plataforma Justicia por Colombia de Madrid da a conocer la directiva Nº 29 del Ministerio de Defensa colombiano. Una especie de tabla de pago de recompensas e incentivos, por supuestos guerrilleros abatidos, información y material logístico y de intendencia.
La directiva explicaría parcialmente el auge de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de asesinatos de civiles por parte del ejército colombiano, en su mayoría campesinos que son mostrados por los medios de comunicación colombianos como guerrilleros dados de baja en combate. Práctica de terrorismo de estado evidenciada por Philip Alston, el relator especial para ejecuciones extrajudiciales de la ONU, quien visitó recientemente el país.
La directiva ministerial Nº 29, firmada por el Ministro de Defensa Camilo Ospina el 17 de Noviembre de 2005 resume una” política que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones (…)” , según se afirma en el texto de la directiva ministerial.
El texto de la directiva, que tiene un caracter de secreto de Estado, trasluce también que el asesinato de civiles colombianos se está pagando con dineros del presupuesto nacional y con recursos de la cooperación internacional.