Amanazas por parte del ejército en el sur de Bolívar

5.08.09

Por la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Las comunidades campesinas del Corregimiento de San Lorenzo y la Vereda
Isla No Hay Como Dios, denuncian ante la comunidad nacional e internacional
las constantes violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario cometidas por integrantes de la fuerza pública;
concretamente, unidades militares del Batallón Nueva Granada, pertenecientes
a la Quinta Brigada, al mando del sargento Alexander Muñoz, en desarrollo
de operaciones militares, han venido patrullando en compañía de
encapuchados, señalando campesinos que acusan ser miembros de la
insurgencia, propiciando con esto que se adelanten montajes judiciales, y
generando zozobra en la población, lo cual ha conllevado en muchas
ocasiones, al desplazamiento forzado.

Hechos:

En el Corregimiento de San Lorenzo, en zona rural del Municipio de
Cantagallo (Bolívar), fueron detenidos bajo el supuesto delito de rebelión,
los campesinos: Antonio Bernabe Paraguas de 60 años, Luz Marina Ramirez
Carvajal, y Ana Luz Campo García. Estas detenciones fueron realizadas bajo
una orden judicial, impartida por el señor Lizandro de Jesus Vega Alvarez,
Juez Promiscuo Municipal de Simití (Bolívar), bajo una operación conjunta de
unidades militares del Batallón Nueva Granada, agentes del DAS, la
Armada Nacional, y unidades de la SIJIN de San Pablo.

Cabe anotar, que constantemente, se presentan integrantes de la SIJIN de
San Pablo, acompañados de encapuchados que toman fotografías a los
habitantes de los caseríos, y son los que dicen a quien se deben llevar o a
quien no, sin presentar la respectiva orden de captura, convirtiéndose esta
situación en un acto ilegitimo en contra de los derechos constitucionales de
los ciudadanos.

De otro lado, también es preocupante, que las unidades militares del
batallón Nueva Granada, que patrullan esta zona, se alojan en los caseríos,
ingresando de manera ilegal a las viviendas y en ocasiones, hurtando los
alimentos que tienen las personas para su sustento, exponiendo a la
población civil a un riesgo inminente, que es claramente, una infracción al
Derecho Internacional Humanitario, violando todos los tratados que en
materia de Derechos Humanos y DIH ha ratificado el Gobierno Colombiano.

Con todo este accionar de represión del Estado Colombiano, desarrollado en
el marco de la implementación de la seguridad democrática, que es utilizado
en contra de todas las comunidades campesinas del territorio del Valle del
Río Cimitarra, se esta generando un ambiente de zozobra y terror en la
población, a lo cual se le suma la política de erradicación de cultivos
de uso ilícito que se esta implementando en las veredas La Floresta, La
Panda, Lejanías y Sapo Escondido del municipio de Cantagallo; las veredas
Alto Cañabraval, Cerro Azul y Virgencitas del municipio de San Pablo; y las
veredas Paraíso y Aguas Lindas del municipio de Simití; en este sentido,
esta política niega cualquier solución concertada con las comunidades, y
en la que no existen proyectos de cultivos alternativos que puedan generar
seguridad y soberanía alimentaria para los pobladores de esta región, así
mismo, es de vital importancia anotar, que en el desarrollo de estas
operaciones de erradicación, ejecutadas por la Policía Anti narcóticos, la
comunidades han identificado la presencia de militares estadounidenses en
estos operativos.

Así las cosas, los campesinos y campesinas del Valle del Río Cimitarra,
solicitamos:

A las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, a las
organizaciones campesinas, a los medios de comunicación alternativos, a las
organizaciones indígenas, estudiantiles y populares y a la comunidad
nacional e internacional: que nos brinden su solidaridad y apoyo frente a
estas constantes violaciones a los derechos humanos, enviando sus
expresiones de solidaridad a favor de las comunidades, y de rechazo a las
agresiones cometidas por la fuerza publica del Estado Colombiano.

Al Gobierno Colombiano:

1. Detener la represión que actualmente se esta llevando a cabo en contra de
la población civil, a través de montajes judiciales.

2. Al gobierno del presidente Alvaro Uribe Velez: que garantice el respeto a
los Derechos Humanos; que cesen las fumigaciones y que se genere una
alternativa de sustitución de cultivos ilícitos que responda a los intereses
sociales, económicos y culturales de las comunidades campesinas

A la Fiscalia General de la Nación: adelantar las respectivas investigaciones judiciales frente a este accionar ilegal adelantado por las unidades militares.

A la Procuraduria General de la Nación: que realice las respectivas
investigaciones de carácter disciplinario frente a estos hechos.

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