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27.08.09
por Prensa Rural
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Tropas del Batallón de Contraguerrillas No.30 “Capitán Nelson Darío Bedoya” de la 18a. Brigada del Ejército, al mando del mayor Duque y el capitán Luis Alfredo Martínez Silva, han hecho presencia en las inmediaciones de la vereda Filipinas, corregimiento de Puerto Jordán, municipio de Tame (Arauca), desde el martes 23 de junio de 2009, atropellando y amenazando a varias personas de la comunidad, con el propósito, según él, de “empapelarlos” o judicializarlos como colaboradores o milicianos de las FARC.
El jueves 25 de junio de 2009 a las seis de la mañana, el Ejercito Nacional acampó en las casas de habitación. Ese día se encontraba una comisión de compañeros defensores de derechos humanos, dos directivos de la Asociación Campesina de Arauca, una compañera de la Corporación Jurídica Humanidad Vigente y un ciudadano norteamericano de la Federación Luterana, en trabajos correspondientes a talleres de derechos humanos y proyectos productivos que está ejecutando la ACA en esta región del departamento.
La situación se complicó cuando empezaron combates a las 5:15 pm. El Ejército, en combates con la guerrillas, bombardeó y ametralló la vereda, donde se encuentran alrededor de 80 familias. La comunidad, atemorizada por estar en medio del fuego cruzado, le pidió a las tropas del Ejército retirarse del caserío porque estaban poniendo en riesgo la vida de niños, niñas y adultos, a lo que el mayor Duque y el teniente Cristian Humberto Muñoz Torres, quienes estaban a cargo de la operación militar, argumentaron que la orden era de seguir en la vereda.
La situación se denunció oportunamente y se puso en marcha una alerta temprana por medio de Humanidad Vigente a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos y a los entes del Estado como Defensoría del Pueblo departamental y nacional.
Los resultados de estos combates fueron de cuatro soldados gravemente heridos y un soldado muerto, algunos animales muertos y viviendas con los techos averiados por la munición de grueso calibre (punto 50) que disparaban desde el aire.
Al salir la comisión de derechos humanos que se encontraba en la vereda, los señores del Ejército empezaron a disparar dentro del caserío, atemorizando mucho mas a los campesinos haciendo ráfagas al aire sólo por mostrar el poder que genera el portar una arma. También se han presentado combates en otros sitios del departamento, como en El Garrotazo.
El lunes 27 de julio, en la cercana vereda Caño Azul, tropas del Ejército hirieron gravemente por la espalda al joven Wilson Javier Garcés Cacua, identificado con cédula No. 1.116,790,593, de 18 años de edad y profesión agricultor.
El jueves 30 de julio, en la misma vereda se presentaron combates entre soldados adscritos a la Brigada 18 y la guerrilla, dejando como consecuencia una casa destruida por los morteros del Ejército, dos vacas muertas y tres heridas, un caballo herido y la población en el más completo pánico.
«Agradezcan que soy una madre»
El sábado 1 de agosto el capitán Martínez hizo presencia en una asamblea de la comunidad, donde reiteró las amenazas de “empapelar al que se le diera la gana”, lo que aún no había hecho porque, según sus palabras, “él era una madre”. El capitán Martínez llegó al extremo de dar ante la asamblea el nombre propio de uno de los vecinos, quien ya había sido intimidado personalmente por él el miércoles 24 de julio.
Según el testimonio del campesino, ese día el capitán Martínez lo acusó de ser el “jefe de las milicias” de la vereda y le ofreció beneficios a cambio de colaboración. Entre las amenazas proferidas por el capitán Martínez, afirmó que se valdría del supuesto reinsertado alias “Saúl”, para adelantar las judicializaciones; e insinuó que mientras el Batallón No. 30 “no era tan malo como decían”, la Brigada Móvil No. 5 “sí lo mataría”. Además, mencionó a varios vecinos con nombre propio como colaboradores de la guerrilla.
Señalan los campesinos que estos señalamientos son frecuentes, lo cual genera temor en la comunidad, especialmente cuando los soldados a cargo del capitán Martínez han hecho con su beneplácito dibujos de águilas negras en las fachadas de algunas casas de la vereda, aludiendo tácitamente al grupo paramilitar del mismo nombre, pues son señales que han antecedido agresiones de estos criminales en ocasiones anteriores.
El mayor Duque y el capitán Martínez, con sus tropas del Batallón 30 de la 18a. Brigada, permanecen en el caserío de Filipinas, asediando a las comunidades con la estigmatización y tomándose deliberadamente las reuniones civiles.
La comunidad le ha reclamado a los militares porque los soldados buscan alucinógenos para consumir, se emborrachan, acosan sexualmente a las jóvenes. El capitán Martínez dice que esos problema algunos son de disciplina y que se los comuniquen, que él los resuelve, pero que no se sale del caserío porque no hay territorio vedado para el ejército colombiano. “Yo siendo ustedes”, les dice a los campesinos, “ya me había largado para la ciudad”. “Y yo puedo retirar las tropas cien metros, pero ustedes tienen que colaborar y denunciar que los terroristas están reclutando menores a la fuerza, que siembran minas contra los campesinos. Estas denuncias las tienen que hacer ante la ONU y la OEA”.
En medio de la super militarización de la región, el domingo 16 de agosto fue asesinado por desconocidos el ciudadano Alberto Acosta, mientras que en la inspección de Panamá de Arauca,se han repartido pasquines alusivos a la Águilas Negras, lo cual tiene preocupadas las comunidades de Panamá, Filipinas y veredas circunvecinas, por una posible nueva masacre.
Se visten de guerrilleros y amenazan con violar a una señora
Por otra parte, el domingo 12 de julio de 2009, tropas del Ejército Nacional llegaron a la vereda Santa Ana del municipio de Arauquita, donde han acampado y han estado amedrantando a los campesinos. En uno de los casos, cuatro uniformados, dos de los cuales lucían brazaletes del ELN, amenazaron a una señora con violarla, acusándola de ser “esposa de algún guerrillero”.
Corresponsales de la Asociación Campesina de Arauca denuncian estas agresiones y exigen a los organismos legales que se respete el derecho internacional humanitario, que se investiguen y controlen estos desmanes contra los civiles y que se brinde la reparación a los daños causados.
Esta escalada militarista enrarece la tensa situación de la región, sometida además de la guerra oficial o “seguridad democrática” al enfrentamiento entre los grupos insurgentes y a las tensiones fronterizas de las últimas semanas, ahondadas por la amenazante entrega de siete bases militares a los Estados Unidos, que apuntan contra el proceso revolucionario de la vecina Venezuela.