La situación de las comunidades y organizaciones Afrodescendientes del país se ha deteriorado en este último año

31.10.09

Aquí la guerra es la continuación de la economía por otros medios…y viceversa 


Por el Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN

El Proceso de Comunidades Negras en Colombia – PCN – informa a la comunidad nacional e internacional, que la situación de las comunidades y organizaciones Afrodescendientes del país se ha deteriorado en este último año a raíz de las amenazas de muerte, la militarización, el hostigamiento y estigmatización de que somos víctimas en contextos donde prevalecen poderosos intereses económicos de empresas privadas y altas autoridades nacionales que buscan la explotación de nuestros recursos naturales.

La reciente amenaza que nos hacen las “Águilas Negras – Nueva Generación” en el
Norte del Cauca, se suma a la vigilancia a la que viene siendo sometida, desde hace varias semanas, nuestra oficina en Buenaventura por parte de sujetos indeterminados, y
a las amenazas que en su momento las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, en un comunicado público del 23 de octubre del 2008 hicieron a organizaciones sociales y de derechos humanos del departamento de Nariño. Ese mensaje electrónico también fue dirigido de manera expresa al correo de una militante del PCN y a otros dos correos de nuestra organización, uno de los cuales estaba siendo utilizado por nosotros/as para preparar la Asamblea de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur.

Norte del Cauca: amenazas de muerte y proyectos mineros

Mediante un comunicado de fecha 22 de octubre del 2009 firmado por el grupo paramilitar “Águilas Negras – Nueva Generación”, nuestra organización, dos de sus líderes más importantes en la zona del Norte del Cauca y el Consejo Comunitario de La Toma, hemos sido declarados objetivo militar, al igual que otras importantes organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos del Valle del Cauca.

Estas amenazas surgen en un contexto de conflicto por las nociones de desarrollo y los planes gubernamentales de dar licencias mineras y de explotación de recursos naturales a compañías multinacionales en estas regiones del Pacífico Sur.

Las comunidades negras e indígenas no nos oponemos al desarrollo y entendemos el interés de muchos por que las empresas se instalen en nuestro territorio pero exigimos el respeto de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que reconocen el derecho al desarrollo en el marco de nuestras propias aspiraciones culturales. Desconociendo estos derechos, históricamente, a nombre del desarrollo, hemos sido víctimas, soportando los enormes impactos sociales, económicos, políticos, culturales y
ambientales de los llamados “proyectos de desarrollo”.

La construcción y operación de la represa de La Salvajina es un claro ejemplo de lo que decimos: Salvajina acabó con la economía de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenos Aires, Suárez y Morales, inundó las mejores tierras agrícolas, las mejores minas, los cementerios y escuelas, acabó con la pesca, deterioró la vida social y cultural de nuestros pueblos. Con el fin de mitigar los impactos de la represa, después de 23 años de haber firmado los acuerdos de 1986, como resultado de una
movilización social, estos acuerdos no han sido cumplidos ni en un 10% por el gobierno nacional, entre ellos el compromiso de reubicar a las familias mineras damnificadas.

Y si “La Salvaje Salvajina” no es suficiente además de haber incumplido, el gobierno ahora responde entregando a empresas privadas lo poco que nos queda, especialmente el agua y el oro, vulnerado nuestros derechos. Aún recordamos lo que pasó con la
Compañía ASNAZÚ GOLDEN que entre 1923 y 1953, arrasó con las mejores fincas de las riberas del río Cauca, desde Asnazú hasta el corregimiento de La Balsa, sin que las instituciones estatales defendieran los intereses de las comunidades negras allí asentadas ancestralmente; por el contrario, los líderes y propietarios de tierras que se
oponían con decisión a este atropello fueron encarcelados con sus familias, para facilitar la explotación minera. Esa empresa les depositaba una suma irrisoria de dinero en el Juzgado municipal de lo que ellos consideraban valían sus fincas.

A raíz de la militarización de la Cordillera Occidental, particularmente los municipios de Morales, Suárez y Buenos Aires, han ocurrido y se ha denunciado la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pues los militares se toman las escuelas y las casas de las familias para acampar y organizar sus operaciones militares, involucrando a la población civil en el conflicto.

Llamamos la atención ante esta situación, puesto que nos preocupa que:

1. El Gobierno nacional, con el pretexto gubernamental de combatir a los grupos armados ilegales, ha hecho que nuestros territorios en los municipios de Suárez, Buenos
Aires y Morales se hayan ido llenado de batallones y bases militares, que se establecen exactamente en los mismos lugares donde las empresas tienen sus
mayores intereses.

2. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Minas, INGEOMINAS, han venido entregando y tramitando títulos de concesión minera a empresas nacionales y trasnacionales para la exploración y explotación de nuestros recursos en particular oro sin respetar nuestro derecho fundamental a la Consulta Previa y al Consentimiento Previo Libre e Informado.

3. Se repitan masacres y homicidios como en el período 2001-2005, por la creciente presencia paramilitar en la zona del nordeste del Cauca, que fue certificada por la
Fiscalía General de la Nación, por la poca respuesta del gobierno para desarticular estos grupos, aduciendo que son .

4. Cuando la gobernación del departamento del Cauca ordenó el cierre del puente del
Corregimiento de La Balsa (municipio de Buenos Aires), un grupo desconocido amenazó al Presidente y al Fiscal de la Junta de Acción Comunal del centro urbano de La Balsa, viéndose obligados a abandonar la comunidad.

5. Cuando hemos tratado de participar ha sido casi imposible, por ejemplo, en el Consejo
Comunal del 14 de marzo del 2009, liderado por el Presidente de la República, a nuestros voceros no les dio la palabra y fueron registrados y tratados como delincuentes por funcionarios del gobierno.

6. Las presiones por parte de la Gobernación han sido explícitas, un ejemplo de ellos,
es que ante el daño del puente de La Basa afirmó que habían los recursos para arreglarlo sólo si las comunidades permitían desviar el río Ovejas al Embalse La Salvajina.

Ante estos hechos, nosotros vamos a seguir denunciando, como lo hemos hecho, en el Consejo Directivo del Distrito Minero El Tambo – Buenos Aires, las irregularidades que está cometiendo el gobierno nacional al entregar títulos mineros de manera inconsulta en territorios de comunidades negras e indígenas de los municipios de Morales, Suárez y Buenos Aires y en el resto del pais, y demandando que se pare el desalojo de la
comunidad de La Toma, a expensas de títulos mineros otorgados violando nuestro
derechos constitucional a la Consulta Previa y al Consentimiento Previo Libre e Informado.

Vamos a seguir diciéndole al señor Héctor de Jesús Sarria, una de las personas a las que se les ha otorgado un titulo minero y quien está solicitando el desalojo de la Comunidad de La Toma, como lo hizo el 6 de agosto de 2009 en el municipio de Suárez, que la comunidad no va a salir, y que si siente vulnerados sus derechos, se entienda con el Ministerio de Minas, Ingeominas y el Ministerio del Interior.

Seguiremos demandando el cumplimiento y la aplicación del auto 005, en especial, las medidas que tienen que ver con el Plan de Protección a las Comunidades Negras, la caracterización territorial y la aplicación de la Ruta Étnica de Protección, y que hasta tanto los gobiernos nacional y local no apliquen estas medidas, no debe prosperar ninguna acción en contra de nosotros/as porque estarían revictimizando en lugar de cumplir su obligación de proteger.

Continuaremos respondiéndole al Gobernador del Cauca (quien el 21 octubre de 2009, en otra reunión del Consejo Directivo del Distrito Minero El Tambo –Buenos Aires, manifestó que era necesario dejar entrar a las multinacionales a estos municipios, o por lo menos escucharlas), que si los gobiernos nacional, departamental y municipales quieren que las empresas ANGLO GOLD ASHANTI -SOCIEDAD QUEDAHDA, COSIGO RESORT, UNION FENOSA y otras, estén en nuestra zona, esto sólo podría hacerse respetando y haciendo respetar los derechos nuestros, reconocidos por la constitución, la ley y los tratados internacionales. No hay, y no es posible en términos legales, ningún otro camino.

Buenaventura, Valle del Cauca: hostigamientos y amenazas de muerte

Desde mediados de septiembre de 2009, se vienen registrando seguimientos a miembros del equipo del Palenque El Congal, del PCN. Esta situación se suma a las amenazas de muerte que han recibido dos líderes afrodescendientes de los ríos Raposo y Anchicayá, que han sido obligados a salir de sus casas por grupos de más de media docena de hombres armados, que se identificaron como de las “Águilas Negras” y procedieron a ocupar las viviendas, en un claro signo de que están planeando acciones contra las
comunidades. En el primer caso, los paramilitares hurtaron el motor del Consejo Comunitario.

Igualmente, en Buenaventura el 16 de octubre del 2009 a las 2 de la mañana, en la vereda Calle Larga, la lancha en la que se desplazaban Laurentino Mosquera Angulo y Marinel Potes, sufrió un accidente en el que murió el primero y resultó gravemente herido el segundo, cuando ésta fue embestida por una embarcación de la Infantería de Marina que se desplazaba a gran velocidad y sin luces por el río. La lancha de la Infantería de Marina no se detuvo a auxiliar a los pobladores que había atropellado.
Aparecieron sólo el día siguiente, pero para retener ilegalmente hasta
hoy, la lancha accidentada.

Departamento de Nariño: desplazamiento forzado e intimidación

En Nariño, los Afrocolombianos continuamos siendo victimas de desplazamiento forzado interno – 7 desplazamientos masivos desde enero 2009, que afectan a 1267 familias -, y la implementación de cercos alimentarios en la parte alta del ríos Iscuande, que juntamente con los enfrentamientos entre fuerza publiza e insurgencia, están generando desplazamiento forzado interno; además de desapariciones forzadas – 300 en Tumaco, en lo corrido del año – ,y por la erradicación manual forzada de cultivos de coca para fines ilícitos, llevada a cabo por la policía antinarcóticos – usando símbolos de la UNODC – y sus grupos de erradicadores civiles, hechas sin consulta, aumentando
el riesgo para los lideres comunitarios y todos los miembros de los Consejos Comunitarios, al punto que los erradicadores han dañado los cultivos de plátano, frutales, cacao y maderables de las comunidades, ubicando sus campamentos en predios comunitarios y dañando fuentes de agua para el consumo humano; además, han atemorizado a la población, reteniendo por horas a personas que se encuentran a su paso en el monte, señalándolos de guerrilleros o auxiliadores, interrogándolos y en algunos casos, torturándolos, poniéndolos de cara al suelo y haciendo disparos al piso cerca de sus cabezas.

Magdalena Medio: mega proyectos y violencia afecta Afrocolombianos

En la región del Magdalena Medio, de modo simultáneo a la implementación de megaproyectos, se han incrementado los asesinatos selectivos, que sólo en Barrancabermeja a la fecha sobrepasan el centenar.

En el Magdalena Medio, el avance de los megaproyectos simultáneamente ha estado acompañado del incremento de los asesinatos, entre ellos el de líderes de organizaciones afrocolombianas como Luis Arango, presidente de la Asociación de Pescadores y Acuicultores de EL Llanito, quienes lideraban una lucha contra
Ecopetrol por el derrame de crudos en la ciénaga de El Llanito, en la década de los 90´s, quienes también han denunciado los impactos que traerá a la comunidad y la Ciénaga, que es la única fuente de subsistencia, la construcción de la Hidroeléctrica de Sogamoso. También fue asesinado el presidente de la Asociación de Areneros de Barrancabermeja y el presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Puente Sogamoso – municipio de Puerto Wilches -, comprometidos con la aplicación de la normatividad ambienta, la denuncia por los impactos de la construcción de la Hidroeléctrica de Sogamoso respetivamente.

Nosotros demandamos

Del gobierno nacional, departamental y local una explicación de todo lo que está pasando en nuestros territorios y a la comunidad internacional para esté vigilante y le exijan al gobierno nacional cumplir con el Convenio 169 de la OIT, en cuanto al derecho fundamental de la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado, el Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional colombiana y que garantice la protección de las organizaciones y líderes de las comunidades negras e indígenas, ambientalistas y sindicatos.
Vemos con extrañeza que, a pesar de nuestra situación, gobiernos como el de los
Estados Unidos hayan certificado al de Colombia en materia de derechos humanos, y pedimos que se revisen los convenios que afectarán igualmente nuestros territorios con mayor militarización y sus consecuencias en nuestras mujeres, niñas y jóvenes, principalmente, así como en nuestros territorios ancestrales.

Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones étnicas, sociales y de derechos humanos para que estén vigilantes ante estas amenazas de muerte y para que nos acompañen en la defensa de nuestros territorios y de la vida de los pueblos afrodescendientes e indígenas de este país.

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