
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
11.04.13: OACNUDH, ACNUR y PNUD condenan el asesinato del lider de tierras y victimas Ever Cordero Oviedo
20.02.13: Continúa la persecución contra el movimiento campesino en el norte y Bajo Cauca antioqueño
17.01.13: La situacion de riesgo de Harry Caicedo Perlaza, defensor de DDHH y director del CPDH
16.10.12: Denuncia pública: detenciones arbitrarias y abuso de autoridad en Nariño
4.10.12: Amenazas en contra de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos (Barranquilla)
2.10.12: Hackean el correo electrónico del CPDH Caldas
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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30.11.09
por Prensa Rural
Informan los corresponsales campesinos que el lunes 23 de noviembre a las tres de la tarde, tropas del Ejército al mando del sargento Merlando ingresaron al caserío del corregimiento El Aserrío, ubicado sobre la vía que comunica los municipios de Convención y El Tarra, en Norte de Santander.
Los militares se dedicaron a identificar a los dueños de cada negocio, verificando sus cédulas de ciudadanía y fotografiando los locales. El sargento Merlando dio su número de teléfono celular (320 6280064) para que la gente delate en privado a sus vecinos.
Al día siguiente, martes 24 de noviembre, los soldados seguían requiriendo las cédulas y verificando sus antecedentes vía celular, así como filmando a los pobladores civiles. Hubo momentos tensos cuando insultaron y amenazaron con golpear a un joven que se movilizaba en una motocicleta, de la cual también pidieron documentos.
El miércoles, informa la comunidad, seguía el operativo en el caserío, y algunos uniformados incluso informaron a sus habitantes que en este lugar se establecerá una base militar permanente.
Hay preocupación porque la presencia militar afecta la vida normal de la comunidad, además de que pone a la población civil en riesgo en caso de ataque de cualquier grupo armado. La Asociación Campesina del Catatumbo pide que las autoridades tomen cartas en el asunto y que los uniformados respeten el derecho internacional humanitario.