Estigmatizados: la estrategia estatal contra los defensores de Derechos Humanos en Colombia

12.03.10

por Hasan Dodwell y Jaume Fortuño – IPO

Para el presidente Álvaro Uribe Vélez los defensores de derechos humanos son “politiqueros que finalmente sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos.” Durante sus mandatos, este discurso de señalamiento y criminalización de todo aquel que se muestre crítico con el gobierno ha sido constante. Organizaciones nacionales e internacionales que trabajan por los derechos humanos, han sufrido acusaciones de ser “el brazo político de la guerrilla” y de hacer de “voceros del terrorismo para desprestigiar al Estado”. Entre ellas están las internacionales Amnistía Internacional o Human Rights Watch y colombianas como Cinep, Justicia y Paz, Comité Permanente por los Derechos Humanos. Dichas acusaciones lanzadas por el presidente y sus voceros estigmatizan a todo aquel que trabaja por la defensa de los derechos humanos y, lo que es peor, los coloca en el punto de mira de la fuerza pública y los paramilitares. Basta con ver como el DAS ha estado llevando a cabo operaciones para desprestigiar a diversas ONG, movimientos y partidos de oposición, o como organizaciones señaladas por el mismo Álvaro Uribe han recibido amenazas y ataques a manos de diversos actores legales e ilegales.

Una estrategia histórica

Pero este tipo de señalamientos no son nada nuevo ni un hecho aislado. Ya a finales de los 80 y principios de los 90 se empezaron a hacer públicas listas de sindicalistas, abogados y defensores de derechos humanos, acusándolos de ser cómplices de la guerrilla y subversivos. Dichas listas aparecían en los medios de comunicación, unas veces firmadas por escuadrones de la muerte, otras por las mismas fuerzas de seguridad.1 Para más cinismo, aquella fue la misma época en que el ejército empezó a abrir oficinas de derechos humanos en todas sus bases, lavándose la cara ante las numerosas denuncias que recibía al tiempo que se apropiaba un papel que le pertenece a la sociedad civil. Uno duda que los responsables de derechos humanos del ejército sean los más adecuados para juzgar las violaciones cometidas por la misma institución militar, más aun cuando se lee en un informe reservado, con el título “Asunto, apreciación coyuntural nacional, de 1995”: ‘la subversión, directa o indirectamente, tiene correlaciones con las ONG, especialmente de la izquierda nacional, que apoyadas por foráneas y en evidente acuerdo con los grupos izquierdistas, han lanzado una ofensiva contra el Estado y las Fuerzas Armadas, sindicándolos de violadores recurrentes de los derechos humanos’.
El General Herminio Sánchez Vargas, en su tesis de grado en el Colegio Interamericano de Defensa (la que fue la Escuela de las Américas), va más allá y vincula a las ONG de DDHH con la obtención de capital ‘del secuestro, el narcotráfico y los asaltos’, y afirma que ‘a nivel internacional la actividad de la narcoguerrilla se concentra en denunciar a través de las ONG la violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas armadas (…)’, y que ‘utilizan para sus objetivos el convencimiento, la palabra (…) aspectos más peligrosos que las armas o ejércitos’. Dichas actitudes forman parte de la doctrina de seguridad nacional que Estados Unidos ha impulsado en América Latina. Con su raíz en los primeros años de la Guerra Fría, particularmente después de la victoria revolucionaria en Cuba, esta doctrina busca fortalecer la zona de influencia de Estados Unidos, cuidando su interés nacional, lo que incluye los intereses de sus empresas. A este respeto, la política busca ejercer el estricto control sobre conflictos sociales en países que caben dentro de su “patio trasero”, silenciando y señalando a la vez como enemigo interno a cualquier movimiento que desafíe los intereses expansionistas estadounidenses. En Colombia ha tomado varias formas, la más reciente la Política de Seguridad Democrática. En este proyecto del presidente Álvaro Uribe, la caracterización de las organizaciones de DDHH como parte del enemigo interno ha sido retomada con fuerza, haciéndola parte de su discurso político y recrudeciendo la estrategia represiva contra ellas.

La estigmatización y el uribismo

La deslegitimación de defensores de derechos humanos en Colombia ya está establecida como estrategia política. Una estrategia que viene siendo sistemática a lo largo de la Presidencia de Álvaro Uribe. Desde su primera elección en el 2002, ya sea a través de procedimientos legales sin fondo o de dañosas declaraciones públicas, funcionarios colombianos han buscado desacreditar, desbaratar y estigmatizar organizaciones de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales. Trabajando en un ambiente que de por sí suele traer grandes riesgos, esta estigmatización, causada por la misma institución que debería estar ofreciendo su protección, aumenta notablemente el peligro que afrontan los defensores de DDHH. Si no fuera por su aplicación sistemática, la represión que sigue a este discurso podría parecer algo no planificado. No obstante, no hay nada casual en ello: es una estrategia política con el fin de silenciar posibles críticas.
La estigmatización de defensores de derechos humanos suele basarse en acusaciones sin fundamento de cooperación directa o indirecta con la guerrilla. Además de crear un ambiente general más peligroso, estas declaraciones pueden terminar en represalias para los estigmatizados. A pesar de este preocupante hecho y de las numerosas condenas, tanto nacionales como internacionales, la estrategia ha seguido de forma ininterrumpida.
Justo en los primeros años de la presidencia de Uribe la presencia de aquella estrategia ya se notaba. En septiembre de 2003, el Presidente señaló varias organizaciones de derechos humanos como “politiqueros al servicio del terrorismo,” acusándolas de usar la “bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo, el espacio que la Fuerza Pública y la ciudadanía le han quitado.” Como resultado de esta acusación, una serie de organizaciones sacó una acción de tutela con la Corte Constitucional. A pesar del fallo T-1191,2 que reiteró las responsabilidades del Estado, en 2004 los señalamientos siguieron.
En su informe anual de 2003 y 2004 los señalamientos fueron condenados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El informe de 2004 comenta: ‘…algunas declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno, que manifestaron cuestionamientos indiscriminados sobre la labor de los defensores y de sus organizaciones, contribuyeron a la polarización y al incremento de los factores de riesgo que afectan a estos defensores…’.
El aumento en el nivel de riesgo a que se refiere el informe ha afectado notablemente a las víctimas de estos señalamientos públicos. En febrero de 2007, dos días después de que el presidente Uribe acusara a políticos de la oposición de ser “terroristas vestidos de civil,” setenta destacadas ONGs y personas defensoras de derechos humanos recibieron correos electrónicos amenazantes firmados por paramilitares que se hacían llamar la Nueva Generación Águilas Negras. Como comentó la organización estadounidense Human Rights First en aquel momento, el correo de los paramilitares repitió la misma acusación, usando el mismo lenguaje, que apareció en la declaración de Uribe cuarenta y ocho horas antes.3 La asociación entre amenaza y señalamiento es evidente.
No sólo es el presidente quien realiza señalamientos que pueden estigmatizar y aumentar el riesgo que corren los defensores de derechos humanos. Hay varios funcionarios del Gobierno que han tomado ese papel. En febrero de 2008 mientras que se preparaba una manifestación convocada por la organización Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) el asesor Presidencial, José Obdulio Gaviria, decidió lanzar una serie de señalamientos en contra de las personas comprometidas con la manifestación. En una entrevista con Caracol Radio el funcionario, que además es el primo de Pablo Escobar, señaló el movimiento como “convocado por las FARC.”4 Desde entonces los organizadores recibieron una oleada de amenazas. Al parecer la mayoría de las amenazas fueron firmadas por las Águilas Negras. Justo dos meses después de sus comentarios, cinco personas habían sido asesinadas. Debido a estos hechos varias instituciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, la Unión Europea y sesenta y tres congresistas de los Estados Unidos, condenaron la estigmatización, las amenazas y los ataques que siguieron a los señalamientos.5

Atención Internacional

La pésima situación de derechos humanos en Colombia hizo que el Congreso de Estados Unidos aplazara la firma del Tratado de Libre Comercio en abril de 2008. Desde entonces, con el gobierno de Uribe empeñado en lograr el cierre del trato, los funcionarios colombianos colocaron en su punto de mira a aquellos defensores de derechos humanos que denunciaban las violaciones en otros países. En mayo, en la apertura de un terminal de transporte en Montería, en el departamento de Córdoba, Uribe acusó al líder del MOVICE, Iván Cepeda, de aprovecharse de las víctimas para sus fines políticos: “Hay personas en Colombia como el Doctor Iván Cepeda. Ellos se arropan en la protección de las víctimas….La protección de las víctimas les sirve para ir al extranjero a desacreditar el Gobierno de Colombia y a desacreditar las instituciones colombianas.”6
En febrero de 2009 en un esfuerzo por socavar la influencia internacional del recién creado grupo de políticos e intelectuales críticos con el gobierno, Colombianos y Colombianas por la Paz, el presidente otra vez trató de estigmatizar el trabajo de los defensores de derechos humanos: “El bloque intelectual de las FARC lo que hace es decir en Europa, en Estados Unidos: ‘Cuidado, Uribe es paramilitar, no le aprueben a Colombia el TLC, que Uribe es paramilitar y violador de Derechos Humanos’. El bloque intelectual de las FARC se estrella contra los hechos porque este es el Gobierno que le ha devuelto a Colombia confianza.”7

La movilizacion del 6 de marzo del 2008 recordando las víctimas del terrorismo de Estado fue fuertemente estigmatizada. Foto: IPO

La paradoja de esta estrategia es que mientras el gobierno trata de silenciar y desacreditar a la oposición para mejorar la imagen de Colombia en el extranjero, se ve implicado en la persecución de las organizaciones legítimas y el aumento de abusos paramilitares. El 2 de marzo de 2009, después de que Uribe señalara a una delegación colombiana, que se reunió con el comité estadounidense de Trabajo y Educación, de estar motivada por “el odio político,” uno de sus miembros, Lina Malagón, una abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), recibió un fax de las Águilas Negras señalándola de “objetivo militar.”8 El caso de Lina Malagón fue denunciado por varias organizaciones internacionales de derechos humanos, como el de muchos otros defensores de derechos que han recibido amenazas después de ser acusados por el gobierno de Uribe.
Pese a que las estigmatizaciones siguen siendo condenadas tanto adentro como fuera de Colombia, la estrategia se mantiene constante. De este modo el Estado no sólo ignora las demandas de las organizaciones internacionales sino que también va en contra de las normas colombianas: hay acuerdos de la ONU y Directivas Presidenciales que prohiben los señalamientos por parte de cualquier funcionario del Estado, más aun del mismo presidente.9
No solo las organizaciones colombianas son víctimas de esta estrategia de estigmatización. Ha habido varias ocasiones en que el presidente ha hecho comentarios explosivos poniendo en duda la legitimidad e imparcialidad del trabajo de respetadas organizaciones internacionales de derechos humanos. En los últimos meses de 2008, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, dos organizaciones con reconocimiento mundial, publicaron un comunicado condenando acusaciones generales y específicas hechas por Uribe en contra de ellas. El presidente había señalado al Director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, como “defensor” y “cómplice” de las FARC. Como respondió Vivanco en su informe: ‘Estas acusaciones absurdas son sintomáticas de una administración que no asume la responsabilidad de lo que hace. En lugar de tomar en serio la problemática de derechos humanos que atraviesa el país, el gobierno de Uribe busca distraer la atención de toda crítica, acusando a los críticos, sean quienes sean, de vínculos con la guerrilla’.10 Así que, después de la publicación del informe de Human Rights Watch de 2010, “Herederos de los Paramiltares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia”, el ministro de Defensa Gabriel Silva descartó el informe por estar motivado por “orientaciones políticas e ideológicas…”11
En septiembre de 2009 se lanzó una campaña nacional e internacional exigiendo un cambio fundamental del discurso del gobierno hacia los defensores de derechos humanos. La campaña, con el título “Colombia: Defensores de Derechos Humanos Bajo Amenaza”, hasta ahora ha convocado a más de 270 organizaciones de derechos humanos de todo el mundo.
En Colombia el derecho a defender los derechos humanos todavía está muy lejos de cumplirse. Desde antes de la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la casa de Nariño ha existido un proceso deliberado y planeado para deslegitimar, estigmatizar y acosar a los defensores de derechos humanos. En el periodo de Uribe este proceso ha asumido un nivel aún más intenso. Si bien por un lado esta estrategia ha buscado manifiestamente debilitar el impacto del trabajo de los defensores, por otro lado ha subrayado la completa falta de respeto que este gobierno muestra hacia los derechos humanos. Así se libra la batalla por los derechos humanos: mientras las fuerzas de la opresión buscan silenciar y sofocar la resistencia, la lucha por estos mismos derechos se vuelve más fuerte. En el caso de Colombia, así se está demostrando.

NOTAS

1. Hernando Calvo Ospina, Colombia, laboratorio de embrujo. Ed. Akal-Foca, Madrid, 2008.
2. Dial – Mecanismos de impunidad en las agresiones que sufren los defensores y las defensoras de derechos humanos en colombia
3.http://www.humanrightsfirst.info/pdf/07212-hrd-col-ltr-izquierda-us-amb.pdf
4. http://www2.radiocaracol.com/nota.aspx?id=546604
5. http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/0FE02E4EB96CA838C125743B0057C56D?opendocument, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/newsWord/en/cfsp/100461.doc, http://www.humanrightsfirst.info/pdf/hrd-080417-cong-letter-pres-uribe.pdf
6. http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/mayo/06/04062008.html
7. http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/febrero/07/04072009.html
8. http://www.usofficeoncolombia.org/uploads/application-pdf/LinaMalagonJointStatement.pdf
9. Para acuerdos internacionales: ONU Asamblea General, A/Res/53/144 (1999), Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, y precedentes. Para directivas presidenciales: Directiva Presidencial 07 de 1999, Directiva Presidencial 07 de 2001 y Directiva 09 de 2003
10. http://www.unhcr.org/refworld/country,,HRW,,COL,4562d94e2,492fedac1e,0.html
11. http://www.caracoltv.com/noticias/nacion/articulo167112-energico-rechazo-del-gobierno-uribe-a-informe-de-la-human-rights-watch

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