
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
11.04.13: OACNUDH, ACNUR y PNUD condenan el asesinato del lider de tierras y victimas Ever Cordero Oviedo
20.02.13: Continúa la persecución contra el movimiento campesino en el norte y Bajo Cauca antioqueño
17.01.13: La situacion de riesgo de Harry Caicedo Perlaza, defensor de DDHH y director del CPDH
16.10.12: Denuncia pública: detenciones arbitrarias y abuso de autoridad en Nariño
4.10.12: Amenazas en contra de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos (Barranquilla)
2.10.12: Hackean el correo electrónico del CPDH Caldas
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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20.05.10
por Asociación Campesina de Arauca
Corresponsales afiliados a la Asociación Campesina de Arauca denunciaron que el miércoles 19 de mayo de 2010, en las veredas Caño Colorado y Galaxias, en el municipio de Tame, soldados de la Brigada Móvil No. 5 retuvieron arbitrariamente a varios civiles, incluyendo niños, golpeándolos y mandándolos adelante en los patrullajes, usándolos como escudos humanos ante cualquier posible hostigamiento enemigo.
Estos hechos, además de ser a todas luces ilegales, constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que protege a los civiles en medio del conflicto armado.
La Brigada Móvil No. 5, comandada por el coronel José Leonidas Espitia Duarte, tiene su puesto de mando en Puerto Jordán (Arauca), y hace parte de la Octava División del Ejército Nacional, con sede en Yopal (Casanare) y con jurisdicción en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, y los municipios de Labranzagrande, Paya, Pisba y Pajarito en Boyacá.
Solicitamos a los organismos de control el esclarecimiento de estos hechos, a las Fuerzas Militares el cese de estas irregularidades, y a las organizaciones humanitarias y de solidaridad exigir al estado colombiano el cumplimiento de la ley, de la Constitución Política y de los tratados de Derechos Humanos.