Comunidades del Tolima denuncian violación del derecho internacional humanitario por parte del Ejército Nacional

14.06.10

Nelson Lombana Silva

Terrorismo de estadoLas comunidades pertenecientes a las juntas de acción comunal de las veredas Café Las Pavas, Las Vegas del Café, El Piñal y Palmira, municipio de Dolores (Tolima), suscribieron documento público en el cual denuncian atropellos y presiones indebidas por parte de la Brigada Móvil Número 21 al mando del coronel Bernardo Fuentes Pulido, violando las normas contempladas en el derecho internacional humanitario.

El documento dirigido a diversos organismos defensores de derechos humanos del orden nacional e internacional, lo mismo que a los medios de comunicación, da cuenta de las arbitrariedades que viene ejerciendo esta brigada móvil que opera en la región desde el pasado mes de mayo de 2008. Dichas comunidades les recuerdan a los gobiernos municipal, departamental y nacional la obligación constitucional de garantizar los derechos humanos en su integridad y que no pueden depositar esa responsabilidades en los militares.

Se empecinan los citados militares en involucrar directamente a las comunidades en el crudo conflicto para lo cual citan permanentemente a los presidentes de las juntas de acción comunal a la base militar ubicada en el filo de La Estrella, obligándolos a cumplir actividades que deben cumplir las autoridades municipales. “Que los presidentes de junta les soliciten a los tenderos y dueños de negocios que tramiten ante la cámara de comercio o la autoridad competente los respectivos documentos que los acrediten como dueños”.

Los presidentes de las juntas de acción comunal han solicitado se haga la citación por escrito, pero los militares no lo han hecho, seguramente para no dejar registro de las arbitrariedades. Las funciones del alcalde, al parecer, las están asumiendo dichos militares, según el documento:

“Los hechos más recientes se han dado a partir de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2010, donde han sido reiteradas las visitas de los miembros de la Brigada Móvil No. 21 a los presidentes de junta de acción comunal para indagarlos sobre el estado de las carreteras, de los puestos de salud, si hay o no hay, si están dotados o no, preguntas sobre el estado de las instituciones educativas, electrificación, preguntan por las enfermedades más comunes en la región, después de terminada la entrevista o censo de necesidades en cada una de las veredas, les solicitan firmar el formato de entrevista”.

También preocupa a las comunidades la insistencia de los militares por saber los títulos de propiedad de los habitantes de la zona:

“Otra serie de hechos preocupantes tiene que ver con que miembros del Ejército anden preguntando a varias personas de la comunidad por los títulos de propiedad de sus fincas, lo mismo que han hecho con un predio de la asociación de paneleros de la vereda Café Las Pavas, asociación legalmente constituida, la cual ha sido sometida al escrutinio de la autoridad competente, propiedad que constituye un bien de la población civil protegida por el derecho internacional humanitario”.

“Hay que decir que no es la primera vez que la asociación de paneleros es objeto de la persecución del Ejército, ya que el 5 de noviembre de 2004, varios de sus integrantes fueron detenidos por miembros del Ejército y la Fiscalía, acusados de rebelión, con órdenes de captura basadas en los testimonios y señalamientos de supuestos reinsertados, señalando a la asociación de ser una fachada de la guerrilla. Dicho montaje judicial armado por la inteligencia militar al mando del capitán del Ejército, Néstor Adrian Guarnizo Rojas, se cayó al probar los campesinos su inocencia”, dice el documento.

Los habitantes de esta vasta zona del Tolima recriminan al presidente Uribe en negar que en Colombia haya conflicto armado: “Para no ir tan lejos, dice el comunicado, llevamos ocho años consecutivos en medio de la confrontación militar en la región del suroriente del Tolima. Si no existiera un conflicto armado interno qué justificación tendría la presencia en la zona de las brigadas móviles Nos. 21 y 17, los batallones de contraguerrilla Nos. 6, 122, 123, 124, Batallón de Alta Montaña No 118 entre otros”.

El documento señala, igualmente, el estado de pobreza y abandono de la región por parte del Estado, que contrasta con la delirante militarización como si el hambre y las necesidades del pueblo se combatieran a punta de bala y represión militarista. Dice: “Nuestras comunidades sobreviven hoy en medio de la pobreza, la exclusión, el abandono al que por muchos años han estado sometidas por parte del Estado a nivel nacional, departamental y municipal, privándolas del goce efectivo del derecho a la vida, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ejemplo irrefutable de ello es que en pleno siglo XXI veredas como Las Vegas del Café, Palmira, Piñal, el 50% de Café Las Pavas no cuentan con electrificación”.

Las comunidades rechazan categóricamente el proceder de las Fuerzas Armadas, las diversas presiones indebidas en que son sometidas constantemente so pretexto de combatir la insurgencia que supuestamente opera en la zona. “Es inaceptable que el Ejército, en desarrollo de su estrategia de guerra contra la guerrilla a través de la militarización del territorio, esté desarrollando toda una serie de operaciones militares con técnicas psicológicas de presión sobre los habitantes de la región, ofreciendo dinero a cambio de información”.

En el comunicado los habitantes llaman a las autoridades a respetar la población civil, los derechos humanos, lo mismo que la aplicación del derecho internacional humanitario,de tal manera que les permita vivir en paz, sin sobresaltos de ninguna naturaleza. Llaman a la comunidad internacional y nacional, especialmente los organismos defensores de derechos humanos a hacer acompañamiento a estas comunidades acorraladas por el miedo y el terrorismo de estado.

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