El Ariari, entorno la memoria y el dolor

21.10.10

Por Montserrat Angulo y Míriam Malenka – IPO

El pasado once de septiembre en el municipio de Lejanías, en el alto Ariari (Meta), se respiraba el dolor de una familia y el temor de toda una Comunidad. El motivo era el entierro de Nelson Murillo Taborda, el cual había sido asesinado dos días antes por las AUC en la vereda Caño Lindo (Municipio del Castillo). Sin embargo, para la familia Murillo, ésta no es una desgracia aislada: en febrero, la hermana de Nelson, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda de la Esmeralda, fue desaparecida en la misma vereda dónde asesinaron a Nelson. Otro hermano, Guillermo Alfonso Murillo Taborda fue encontrado recientemente en la fosa de la Macarena y el día 29 de agosto, la casa del hermano Liderman Murillo fue allanada, siendo éste y su vecino señalados como colaboradores de la guerrilla por soldados que se identificaron como Grupo Gaula de Derechos Humanos del Batallón 21 Vargas.

Así, el cerco se cierra entorno esta familia y aquellos que están organizados en asociaciones y sindicatos para la defensa del sus derechos. Ferney Murillo, hermano de Nelson y miembro de la junta directiva de SINTRAGRIM siente cómo estos asesinatos son una amenaza directa al trabajo que él y su organización
vienen desempeñando en la región y con la comunidad.

*Restos de las acciones paramilitares: casas quemadas y abandonadas.
Foto: Tanja Sorensen – IPO*

El drama de esta familia no es un hecho puntual. Últimamente, en la región del Meta se están presenciando seguimientos y detenciones constantes. La población tiene miedo, teme por su vida y la de sus familias. En las cinco veredas correspondientes al municipio del Castillo, setenta familias de las quinientas que las habitan, están siendo señaladas y amenazadas por colaboración a la guerrilla. Una de ellas ha sufrido seguimiento por parte de las Águilas Negras, llegando al punto de un despido forzado de su trabajo y a instarla a abandonar la ciudad.

En esta zona del país se encuentran 25.000 soldados del Ejército Nacional. Teniendo presente que en el área de operaciones se encuentra una población
aproximada de 73.246 habitantes, distribuida en los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico, Vista Hermosa y la Macarena, la presencia militar es de un pro-
medio de un miembro de la Fuerza Pública por cada 3 habitantes. En este sentido, llama la atención que el 44.2% de las ejecuciones extrajudiciales reportadas en
la región presuntamente fueron cometidas por parte de grupos paramilitares. ¿Cómo pudieron operar libremente en una zona con alta presencia de la Fuerza
Pública y donde se encuentran varias bases militares?

Estos últimos hechos ocurridos en el municipio del Castillo son un ejemplo de la vulnerabilidad de los habitantes de la región, así como de la impunidad con la que actúan los grupos paramilitares. La población se siente atemorizada por la situación, y conjuntamente con las organizaciones sociales y de derechos humanos están buscando cómo preservar la vida y prevenir el desplazamiento forzado mediante la atención nacional e internacional sobre el departamento del Meta.

La estrategia integral del miedo

Los señalamientos y la persecución política no se deben sólo a los grupos paramilitares. Después de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares
y de la subsiguiente consolidación en el territorio por parte de las Fuerzas Públicas, la violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario se ha sistematizado en la región, tal y como se mostró en la Audiencia de la Macarena, celebrada el 22 de julio de 2010 para poner énfasis en la crisis humanitaria que se vive en los Llanos Orientales y denunciar la existencia de fosas comunes de NN
(personas sin identificar). En este sentido, en el Meta, el 99% de las Ejecuciones Extrajudiciales fueron cometidas presuntamente por la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, siendo el 55.1% presuntamente de responsabilidad del Ejército Nacional.

Así, a las ejecuciones extrajudiciales y el amparo de las actuaciones paramilitares, se le suman las políticas de persecución judicial en contra de los pobladores ejecutadas por miembros de las mismas fuerzas militares presentes en la zona bajo la modalidad de capturas masivas y selectivas. La población civil, víctima del paramilitarismo y del actuar del Ejército Nacional, también es vulnerable de la persecución judicial. Organizarse y defender los derechos de la comunidad, buscar la verdad y la justicia significa, en estos términos, colaborar con los grupos insurgentes. Delicada y grave acusación, cuando la estrategia global del Estado, los paramilitares y el Ejército Nacional es romper el tejido social, promoviendo el silencio y el temor.

La sistematicidad en la vulneración de derechos y la coordinación operativa de la Fuerza Pública con otros estamentos gubernamentales del Estado colombiano,
por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, el DAS, la DIJIN, la SIJIN, y demás cuerpos de investiga- ción judicial, policía secreta, policía judicial o de inteligencia del Estado, permite desvelar la puesta en ejecución de un Plan de Recuperación y Consolidación del Territorio, habiendo sido derrogada esta figura por la Corte Constitucional, pero que se implementa muy a pesar del marco legal del país.

En el marco de esta estrategia se ha podido observar cómo se ha golpeado, en los últimos meses, las organizaciones sociales del Meta. Han proliferado los casos de detenciones contra líderes y miembros de organizaciones sociales, generando en la comunidad temor a judicializaciones contra aquellos que denuncian los atropellos del Ejército Nacional: el pasado día diez de septiembre detuvieron a Maricela Uribe cuan- do iba a solicitar su pasado judicial y el día trece de septiembre también fue detenido otro trabajador de la tierra, Jamid Crusmedina, en Puerto Toledo.

Ante esta combinación de atropellos contra las comunidades que persisten en la región, se está buscando el apoyo nacional e internacional para poder proteger a las víctimas y la comunidad e intentar evitar el desplazamiento forzado de todos ellos. La memoria de la entrada paramilitar el 1997 es aún presente, y la situación actual recuerda el miedo que se vivió en aquel entonces.

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