
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
5.05.13: Nueva amenaza contra la secretaria técnica del MOVICE capitulo Sucre INGRID VERGARA y su familia
5.05.13: Amenazas contra Héctor Enrique Martínez integrante del MOVICE Capitulo Valle del Cauca
29.03.13: Homicidio en Person Protegida en Roberto Payan-Nariño
22.03.13: Nuevas amenazas en contra de integrantes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar
14.03.13: Agresiones del ESMAD en contra de pobladores del municipio de Ovejas, Sucre
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
Reciba el informe quincenal de IPO, con un resumen de las últimas actualizaciones, y otras informaciones coyunturales.
Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons
30.11.10
por MOVICE proteccion
El MOVICE repudia el asesinato de Óscar Manuel Maussa Contreras, quién había participado de forma activa en diferentes espacios nacionales del MOVICE como delegado del Capítulo Chocó.
Hechos
Óscar Manuel Maussa Contreras, líder de restitución de tierras y uno de los dirigentes de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan), corregimiento de Turbo (Antioquia) fue asesinado el pasado 24 de noviembre en la vereda el Cañito del municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar). Óscar Maussa fue asesinado con un fuerte golpe en la cabeza mientras estaba amarrado a un árbol. Según la necropsia lo lapidaron alrededor de las siete de la noche y agonizó hasta las dos de la mañana.
Antecedentes
Entre 1996 y 1998 fueron desplazadas forzadamente por paramilitares, para apropiarse de sus tierras, numerosas familias del corregimiento de Blanquicet del municipio de Turbo (Antioquia). Entre ellas, fueron desplazadas las 12 familias socias de Cootragroblan. El 23 de mayo de 2005, el Fiscal Seccional 72 de Chigorodó ordenó la restitución del bien inmueble “La Esperanza” a sus legítimos propietarios de Cootragroblan. Sin embargo, las amenazas por parte de los grupos paramilitares presentes en la zona impidieron que los socios de Cootragroblan retornaran a sus tierras.
El 1º de septiembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- dictó medidas cautelares a favor de las familias Maussa, Rodríguez, Bravo Pertuz y Tordecilla Cordero, miembros de Cootragroblan, quienes manifestaron temor ante posibles represalias por no ceder ante las presiones de los paramilitares que tomaron posesión de sus tierras y por haber activado el proceso judicial para lograr la restitución de la propiedad.
El 6 de octubre de 2007, en el municipio de Turbo (Antioquia), Óscar Maussa fue amenazado de muerte por el paramilitar conocido como “Julio Ospino”, miembro de las estructuras paramilitares que continúan operando en la región del Urabá, bajo las denominaciones de “Renacer” o “Convivir”, “Águilas Negras” y “Autodefensas Gaitanistas”, y por ello se vio obligado a desplazarse nuevamente fuera del Urabá antioqueño.
Como consecuencia del proceso penal que se abrió por la denuncia que presentó Óscar Maussa, el 5 de octubre de 2010, el Fiscal 36 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Medellín, ordenó la detención preventiva de Ramiro Enrique Álvarez Porras, alias “Napo” o “Móvil 8”, como coautor de los delitos de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, desplazamiento forzado e invasión de tierras y edificios.
Exigimos
- Que el Estado Colombiano brinda todas las garantías a la vida, la integridad física y psicológica de las familias que pertenecen a la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet.
- Que la Fiscalía esclarezca los hechos arriba denunciados y sancione a los responsables materiales e intelectuales.
- Que la presidencia de la República en su política de restitución tierras incluye un programa de protección integral a las personas que han sido afectadas por el despojo.
- Que el Estado Colombiano brinda todas las garantías a la Primera Audiencia Pública Agraria, que se realizará el 3 de diciembre de 2010 en Sincelejo (Sucre).