La audiencia por la verdad en el Putumayo

17.06.11

“Para una verdadera paz, primero que haya justicia”

por Hasan Dodwell – IPO

El mensaje fue claro. Las organizaciones sociales de Putumayo buscan justicia, una justicia legal y social que es fundamental en la construcción de un camino hacia una paz verdadera y justa.

En el casco urbano de Puerto Asís, Putumayo, en el suroccidente colombiano, una coalición de organizaciones sociales y de derechos humanos convocó un evento de dos días para ofrecer un espacio para analizar y visibilizar la realidad que se vive en la región. Las numerosas víctimas tuvieron un papel central. Los abogados de derechos humanos brindaron su apoyo atendiendo a las víctimas y sus cientos de casos. Las víctimas llegaron para pedir justicia en Putumayo, una justicia que empieza con el fin de la crisis humanitaria y con el fin de la impunidad; dos realidades que aún prevalecen en Putumayo como por toda Colombia.

El conflicto en el Putumayo

El departamento de Putumayo ha vivido y sigue viviendo las condiciones más extremas que ofrece el conflicto colombiano. Uno de los 32 departamentos que conforman Colombia, se ubica en el suroccidente con sus límites formando una frontera con Ecuador y Peru. Esta ubicación geográfica en la zona fronteriza, además de la presencia y extensa explotación del petróleo y el cultivo de coca, ha contribuido sin duda al recrudecimiento de la realidad que tienen que soportar sus habitantes. Por varias décadas ha habido una alta presencia de la guerrilla, particularmente las FARC-EP. La zona se caracteriza también por la alta militarización por parte de las Fuerzas Públicas. El Plan Colombia, el acuerdo bilateral entre Colombia y los Estados Unidos que ha aportado más que 6 billones de dólares que se dirige principalmente a las instituciones militares, ha tenido un fuerte impacto en la región. La fumigación aérea indiscriminada, parte principal del acuerdo bilateral, ha generado un daño muy profundo y ha causado la continuación del desplazamiento forzado de la población civil. “Se muestra (Plan Colombia) como un éxito”, comentó Mario, un líder campesino que forma parte de la Mesa departamental de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrodescendientes del Putumayo que jugó un papel importante en la preparación del evento. “Hablan de los logros en términos de seguridad y la reducción en la pobreza. Pero para los campesinos nos ha traído miseria, desplazamiento forzado y muerte”. Y para terminar, cabe anotar la continua presencia de los paramilitares. Una presencia que aún sigue a pesar de la supuesta desmovilización del Frente Sur Putumayo en el marzo de 2006. Una desmovilización que proponía poner fin a su reinado de horror de casi diez años.

Destrucción paramilitar

Aunque ya se sembraba la violencia paramilitar por Putumayo durante los 80 y 90, fue desde el año 1997 con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que la población del Putumayo empezó a sentir el daño que infligirían los paramilitares. Aunque se desmovilizaron oficialmente bajo un programa estatal, siguen activos, gozando de una extensa influencia en varias partes del país. Inevitablemente el departamento de Putumayo está incluido en esa lista. El informe de derechos humanos de 2010 publicado por la ONU destaca la actividad de estos grupos paramilitares, llamados de tercera generación o bandas criminales, y su extendida colaboración con fuerzas estatales.

En Putumayo se responsabiliza al Frente Sur Putumayo por crímenes que dejaron a 5.500 víctimas. Habiendo entrado en la región bajo la premisa de derrotar a la guerrilla, masacraron la población civil para apoderarse del territorio y el negocio del narcotráfico. La Fiscalía estima que hay 3.000 víctimas asesinadas enterradas en fosas comunes. A sus manos sucedieron una serie de masacres. Descuartizaron a sus víctimas, en algunos casos mientras todavía vivían. Y numerosos de los ahora paramilitares desmovilizados informan de la colaboración y apoyo de las Fuerzas Públicas. Aunque este bloque paramilitar ahora se encuentra desmovilizado y la controvertida ley de Justicia y Paz de 2005 ha dado la luz a algunos de los acontecimientos, a las víctimas aún les queda un camino muy largo para conseguir justicia.

La violencia paramilitar continúa

Bajo nuevos nombres, el fenómeno del paramilitarismo sigue con una alta presencia y un control social profundo. Las Águilas Negras y los Rastrojos todavía amenazan, siembran miedo y cometen atrocidades. El mismo día del evento, se nos hizo recordar una vez más esta realidad. Un miembro de la Mesa departamental denunció a los asistentes que el día anterior cinco personas fueron masacrados en un municipio cerca de Puerto Asís. Entre los asesinados había una niña de tan sólo cinco años a quien cortaron las manos antes de degollarla. Otra de las personas víctimas de la masacre fue un líder comunitario. La continua existencia de estos nuevos grupos paramilitares significa para los líderes comunitarios, activistas sociales, defensores de derechos humanos, hasta las mismas víctimas que vienen denunciando los crímenes que ellos mismos han sufrido, seguir viviendo bajo un riesgo permanente. Con la carencia de justicia y la continuidad de la impunidad, los victimarios de estos crímenes seguirán sembrando terror a lo largo de Putumayo. Y mientras ellos andan seguros que no habrá recriminación, las víctimas seguirán sufriendo de la revictimización dejando aún más lejos la posibilidad de conseguir justicia.

Las víctimas del Putumayo

Más que 800 personas asistieron a la Audiencia por la verdad. Delegados de las casi 30 organizaciones regionales formando parte de la coalición llegaron de todos partes del departamento. Una serie de organizaciones de derechos humanos suministraba un total de 20 profesionales quienes ofrecían a las víctimas apoyo y asistencia en asuntos legales y psicosociales. Los abogados recibieron 390 casos que incluían ejecuciones extrajudiciales, amenazas, bombardeos y la fumigación indiscriminada de cultivos lícitos.

Un delegado de un sindicato de docentes, la Asociación de Educadores del Putumayo, informó que 20 profesores habían sido asesinados desde el 1997. En ni un solo caso se ha visto una condena.

Escuchamos sobre el caso de una niña de dos años. Ella perdió la pierna después de que tres helicópteros del Ejército atacaran a su hogar infantil. Luego del ataque, se le negó la entrada al hospital local por no tener los papeles adecuados. Fue enviada para Bogotá pero ya fue demasiado tarde para salvar su pierna.

Varios campesinos denunciaron el impacto de las fumigaciones aéreas efectuadas por el Ejército bajo el Plan Colombia. Una campesina nos comentó que en noviembre de 1999, 20 días después de bañarse en un caño recién fumigado con el químico glifosato utilizado para las fumigaciones, su esposo se enfermó. Cuatro días más tarde murió. Otros denunciaron la destrucción de sus cultivos: maíz, frijoles, plátano, arroz, yuca, todos fumigados arbitrariamente dentro del programa antinarcóticos promovido por Estados Unidos. Los afectados no han recibido ninguna compensación.

Un sindicalista y líder cañero le explicó a la audiencia su experiencia. Una experiencia que sirve como caso emblemático para demonstrar la victimización y revictimización que se les hace sufrir a tantos líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. En agosto del 2002 tenía siete hectáreas de caña de azúcar destruida por fumigación aérea. Siguió. En julio del 2003 tenía 22 Ha de caña de azúcar cultivada y lista para cosechar. Al principio de ese mes llegó la segunda fumigación, erradicando una vez más su cosecha entera. Mientras buscaba justicia por el daño infligido a su cultivo, en cambio de alguna reparación, recibió ataques de paramilitares, acusaciones del CTI de estar cultivando para la guerrilla y una serie de órdenes judiciales que terminaron en su captura por supuesta rebelión. Fue detenido y liberado después de ocho días.

El fin a la impunidad

El nivel de impunidad en Colombia es alarmante. Según la organización de derechos humanos de Washington, US Office on Colombia, de los 784 casos entre 2002 y 2009 en que defensores de derechos humanos han sido víctimas de amenazas, ataques o hasta asesinatos, sólo se han dado condenas en diez casos. Varios funcionarios de la ONU han manifestado su preocupación, en varias ocasiones, sobre el tema. En su informe de derechos humanos de 2010 hacen público una vez más su incomodidad con la falta de un avance destacable del gobierno. Pero no es solamente la impunidad que genera el rechazo. En lugar de darse resultados legales positivos, las víctimas se enfrentan muchas veces con amenazas, ataques o hasta procesos legales en su contra.

Antes de cerrar el evento, se recogieron los 390 casos y con el respaldo de tres congresistas se presentaron a un delegado de la Fiscalía. La coalición de organizaciones sociales y de derechos humanos se ha movilizado y seguirá movilizándose para seguir exigiendo el fin a la impunidad y una nueva realidad social para la población de Putumayo. La responsabilidad corresponde ahora a las instituciones públicas, para que ellas cumplan con sus obligaciones para que haya un fin a la impunidad y haya justicia para las víctimas de Putumayo y por toda Colombia.

Como dijo Mario, el líder campesino, “para una verdadera paz, primero que haya justicia”.

Leer más En evidencia

International Peace Observatory  |  Observatorio Internacional de la Paz  |  Bogotá, Colombia  |  NIT: 900.013.419-3

www.peaceobservatory.org  |  info@peaceobservatory.org  |  Telefax: (+57) 1 232 10 06   |  Móvil: (+57) 314 296 47 69