No existen garantias reales para la labor de las y los defensores de Derechos Humanos y lideresas y lideres sociales en Antioquia

17.07.11

Fundación Sumapaz, Corporación Jurídica Libertad, Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos – GIDH, Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, – CORPADES, Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburra, Mesa de Derechos Humanos Comuna 6, Corporación en Derechos Humanos Contracorriente, Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Cedecis, Corporación Itagüí Nueva Gente, Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño – ASOCBAC, Asociación de Mujeres Ideales de Ituango – AMII

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la
grave situación de derechos humanos que vive el departamento de Antioquia;
en la actualidad siguen siendo persistentes y sistemáticas las agresiones
contra defensores, líderes, lideresas y organizaciones sociales de diversos
territorios, muestra de ello ha sido el caso de Ana Fabricia Córdoba, quien
fue asesinada en el mes de junio de 2011. Este crimen, aunado al
incumplimiento permanente a los compromisos adquiridos por el gobierno
nacional en las mesas territoriales y temáticas condujo a que el proceso de
Nacional Garantías, el cual se instaló en el 2008 por iniciativa de la
comunidad internacional y la sociedad civil articulada en las plataformas de
derechos humanos y paz, se suspendiera, se recuerda que dicho proceso de
garantías se implementó con la finalidad de que una vez logradas las mismas
se reanudarán la concertación del plan nacional de acción en derechos
humanos.
Entre enero y marzo de 2011, 96 defensores fueron víctimas de agresiones:
nueve defensores de derechos humanos fueron asesinados, 68 amenazados y 4
desaparecidos; 64 organizaciones vieron afectada su labor por algún tipo de
agresión (SIADDHH-SPD). El asesinato de líderes, asesinato de víctimas en
proceso de restitución de tierras, la desaparición forzada, los robos de
información y otras agresiones a organizaciones demuestran que las
garantías para la labor y la vida de las personas que defienden los derechos
humanos, están muy lejos de realizarse.”
En el departamento de Antioquia, el último año en la subregión de Urabá
líderes y lideresas del proceso de reclamación de tierras han sido víctimas
de desplazamiento forzado, amenazas, atentados y han sido asesinados 11
personas, situación que no se compadece con el supuesto éxito del proceso de
devolución de tierras que el gobierno ha publicitado. De igual manera se ha denunciado por parte de organizaciones campesinas y
sociales del Bajo Cauca e Ituango el riesgo debido a señalamientos de ser
miembros de grupos guerrilleros que operan en la zona o sus colaboradores
por parte de Funcionarios de la Gobernación de Antioquia, Fuerza Pública y
organismos de seguridad de Estado desconociendo la calidad de victimas del
desplazamiento forzado y las reivindicaciones por los impactos negativos de
los megaproyectos en el territorio (ver
http://colombialibresiempre.blogspot.com/2011/06/director-1.html).
En esta subregión del departamento continúan los hostigamientos y
señalamientos a través de reseñas ilegales de campesinos por parte del
ejército consistentes en trasladados de sus veredas en helicóptero a bases
militares en el departamento de Córdoba donde son reseñados y posteriormente
son dejados en libertad en condiciones desventajosas para su regreso al
territorio.
En la región del Cañón del Melcocho, en el oriente antioqueño se ha
denunciado dificultades con la fuerza pública destacada en dicho
territorio. Desde el año 2010 se ha denunciado la presencia de presuntos
desmovilizados de grupos ilegales, que han ocasionado desplazamiento forzado
de algunos de los habitantes, amenazas. Pero cabe notar que en esta zona
según informes oficiales no existe presencia de la guerrilla ni de
paramilitares, sin embargo se denunció el asesinato del Líder Comunal
William Andrés Álvarez quien fue sacado de su vivienda en horas de la
madrugada por cuatro individuos.
Es preocupante que la problemática de estas cuatro subregiones ha sido
denunciada ante las autoridades competentes y hasta la fecha no se ha
logrado esclarecer los hechos y mucho menos saber los responsables
intelectuales y materiales.
En el caso del Área Metropolitana sigue existiendo un amplio control
territorial, social, político y económico por parte de grupos paramilitares
hoy mal llamados BACRIM o combos, continúan los montajes contra los
defensores de derechos humanos y líderes sociales, el desplazamiento forzado
intraurbano y la amenaza contra procesos comunitarios en la ciudad. Además
se advierte el rol de justicia privada de estos grupos ilegales, lo cual
profundiza el control social. Ejemplo de esto es que en el último año han
sido asesinados aproximadamente 19 líderes y lideresas sociales en la
ciudad, entre ellos al líder Álvaro Garcés Pérez, presidente de la Junta de
Acción Comunal del barrio La Cruz del Municipio de Itagüí, quien fue
asesinado el 10 de junio de 2010. En esta misma acción criminal resultó
gravemente herido Humberto Alonso Muñoz Cardona vicepresidente de la misma
JAC, es preciso decir que meses antes de este hecho, circuló en este barrio
un panfleto en cual estos fueron amenazados.
Así mismo el 27 de agosto de 2010 fueron asesinadas Janet Vanessa
Aristizábal Amaya y María Elena Murillo Cardona lideresas comunales que
pertenecían al comité barrial de emergencia del barrio Santa Cruz parte
baja, las cuales fueron ejecutadas con tiros de gracia y sus cuerpos fueron
dejados a orillas del río Medellín en el sector del l Sinaí, comuna dos,
zona nororiental de la ciudad.
De igual manera se llama la atención sobre el asesinato del líder
comunitario Gustavo Jaramillo, quien era presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio Moravia (comuna 4- zona nororiental) en el mes de
septiembre de 2010, quien llevaba poco más de un año en el cargo
reemplazando al anterior presidente de la JAC quien también fue asesinado el
25 de abril de 2009. Igual suerte corrió el presidente de la JAC del barrio
Bello Oriente, comuna tres, Manrique
Desde mes de junio del 2011 año han sido asesinados en el Área Metropolitana
tres líderes y una lidereza social y hasta la fecha estos graves hechos
permanecen en la impunidad; es así como el 7 de junio del presente año fue
asesinada Ana Fabricia Córdoba lidereza de la población en situación de
desplazamiento forzado quien pertenecía a las organizaciones Mujeres
Aventureras y LATEPAZ (Lideres Adelante por un Tejido Humano de Paz) quien
había interpuesto una denuncia penal contra la fuerza pública por el
asesinato de su hijo en el año 2010. El sábado dos de julio del presente año fue asesinado el líder cultural y
deportivo de la comuna 16- Belén- Duber Henrney Álvarez; en otro lugar del
Valle del Aburra, esta vez en el Municipio de Caldas, fue asesinado el líder
comunitario y pre candidato al Concejo de dicho Municipio, Wilton Ramírez
Arroyave. La última agresión contra líderes, lideresas y defensores de
derechos humanos en la ciudad registrada hasta la fecha fue el asesinato de
William Bernardo Román Flórez, líder comunitario de los floricultores del
corregimiento San Cristóbal de Medellín, ocurrido el domingo 10 de Julio de
2011.
Las balas asesinas de las bandas paramilitares hoy mal llamadas BACRIM o
combos también han intentado acallar las voces de artistas urbanos, ejemplo
de esta situación es que entre el segundo semestre del 2010 y lo corrido de
este año, han sido asesinados aproximadamente 10 jóvenes entre líderes y
representantes de la cultura hip hop, entre ellos: Luis Alberto Pacheco
Medina quien fue asesinado el domingo 01 de mayo de este año y que era
miembro del Colectivo Clika. En esa misma fecha Jhonatan Vertel, un
reconocido líder de la agrupación Automático, desapareció de su residencia
ubicada en el barrio castilla, comuna 5 de Medellín, y el miércoles 4 de
mayo de 2011 fue reconocido su cuerpo en medicina legal.
A estas muertes se deben agregar las de Alejandro Sierra Yhiel, un joven de
17 años del grupo Ruta Difusa asesinado el sábado 26 de Marzo de 2011, David
Fernando Romero asesinado el 15 de marzo de 2011, Héctor Pacheco Marmolejo,
Kolacho, del grupo C15 asesinado el 24 de agosto de 2009.
De igual manera sigue siendo preocupante las amenazas, señalamientos y
desplazamientos intraurbanos contra las lideresas, líderes sociales y de
derechos humanos de la comuna 8- Villa Hermosa- donde por lo menos 15
líderes y lideresas (y sus familias) han sufrido algún tipo de agresión, o
en casos más específicos atentados y violencia sexual, esto por denunciar
las agresiones de grupos paramilitares adscritos a las estructuras de alias
Sebastián y Valenciano.
Se debe recordar el asesinato de Alexander Pulgarín, líder social y miembro
de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social- CORPADES- el 20 de
diciembre de 2009;, este crimen fue motivado por las denuncias que este
líder realizaba en contra de las estructuras paramilitares asentadas en este
territorio; las medidas de protección para este defensor llegaron un día
después de su muerte. Cabe anotar que CORPADES, ha sido víctima de amenazas
y de varios asesinatos de sus miembros, entre ellos tenemos los Judith
Vergara, hecho ocurrido el 22 de abril de 2007 y el de Víctor Hugo Gallego
Arboleda el 31 de diciembre de 2008
En otra parte de la ciudad, en la comuna tres- Manrique-, el pasado 28 de
junio de 2011 fueron desplazadas las lideresas Flor Inés Restrepo Vidales,
del barrio La Cruz, y Aura Oliva Vázquez, del Asentamiento de desplazados de
La Honda, ambas lideresas eran compañeras de Ana Fabricia Córdoba pues son
también parte de las organizaciones Mujeres Aventureras y LATEPAZ (Lideres
Adelante por un Tejido Humano de Paz). Igualmente en la comuna seis-Doce de
Octubre-, como retaliación del trabajo de denuncia realizado por la Mesa de
Derechos Humanos de este territorio, se encuentran amenazados 11 líderes y
lideresas, acabe a notar que en esta comuna las estructuras ilegales
interfieren en las diferencias entre las organizaciones sociales y
comunitarias. Esta particularidad no es propia de la comuna 6, estas mismas
situaciones se observan en otras zonas de la ciudad y el Área Metropolitana.
En este contexto de agresiones contra la labor de defensa de los derechos
humanos, se destaca que en el Municipio de Itagüí se han registrado amenazas
contra la Corporación Itagüí Nueva Gente, organización que ha denunciado
violaciones de los derechos humanos en este Municipio del sur del Área
Metropolitana.
Igualmente es preocupante lo que está sucediendo en el Corregimiento de
Santa Elena donde la Mesa de Desarrollo Local de la Vereda Mazo, denunció
amenazas y estigmatizaciones debido a sus labores de defensa de los
derechos de los pobladores de este corregimiento, estos hostigamientos se
presentaron el pasado mes de junio de 2011 cuando circuló un panfleto donde
convocaban a grupos al margen de la ley atentar contra la vida de los
integrantes de La Mesa de Desarrollo Local y a ejecutar la mal llamada
“limpieza social” en toda Santa Elena, principalmente en las veredas Mazo,
Piedra Gorda, Barro Blanco y el Rosario. Estas amenazas se presentan luego
que los días 11 y 12 de junio del año en curso, la comunidad realizara
actos conmemorativos por la demolición de su sede social para darle paso a
la construcción del Parque Arví .
Como organización comunitaria que promueve la defensa del territorio y sus
tradiciones, la Mesa ha rechazado la ubicación de porterías en las entradas
de las veredas, realizar empadronamientos sin causa aparente invadiendo así
la privacidad e intimidad de moradores, desalojar a los campesinos de sus
casas, y todo esto debido a la construcción y puesta en marcha del dicho
parque. La existencia de esta Mesa data de tiempo atrás la cual se ha
caracterizado por liderar la reivindicaciones más sentidas de la comunidad,
en diferentes derechos tales como el Derecho a la Salud, Participación
ciudadana, entre otros.
Los hechos descritos anteriormente demuestran la existencia de un patrón
generalizado y sistemático de agresión a la labor legítima que ciudadanos y
ciudadanas de manera particular o colectiva, defienden la vigencia de los
derechos humanos desde una perspectiva integral en los ámbitos rural y
urbano
Exigimos al gobierno nacional el cumplimiento de todos los compromisos
adquiridos en las reuniones del ámbito nacional del proceso de garantías y
en las mesas territoriales y temáticas realizadas que expresen una voluntad
política real para la protección efectiva de la actividad de que realizan
los y las defensoras de derechos humanos. Respaldamos la decisión de las
organizaciones sociales y comunitarias de suspender el proceso nacional de
garantías hasta que no se tenga una ruta clara para el cumplimiento de los
acuerdos, pues desde que se inicio el proceso de garantías se han mantenidos
las agresiones a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos
En ese sentido es importante señalar que los compromisos del Estado
colombiano en materia de defensores deben ser abordados de manera seria y
bajo la representación de un escenario concreto que asegure el cumplimiento
de los compromisos sobre el cual se deben hacer todos los esfuerzos y no
dispersar las responsabilidades creando otros espacios alternos que resultan
inoperantes.
En relación con lo anterior llamamos al gobierno nacional a respetar el
mecanismo del proceso de mesa nacional de garantías

Fundación Sumapaz
Corporación Jurídica Libertad.
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, GIDH.
Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, CORPADES.
Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburra.
Mesa de Derechos Humanos Comuna 6.
Corporación en Derechos Humanos Contracorriente.
Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda
Cedecis.
Corporación Itagüí Nueva Gente.
Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, ASOCBAC
Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, AMII

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