Amnistía Internacional: Amenazas contra activistas de derechos humanos de Colombia

27.08.12

ACCIÓN URGENTE

Amenazas contra activistas de derechos humanos de Colombia

Activistas LGBTI, sindicalistas, asociaciones de víctimas y defensores y defensoras de los derechos humanos de Barrancabermeja, en el norte de Colombia, han recibido amenazas de muerte de paramilitares.

El 18 de agosto se dejó en las oficinas de la ONG colombiana Gente en Acción, en Barrancabermeja, departamento de Santander, un panfleto firmado por el grupo paramilitar “Rastrojos Comandos Urbanos” que contenía amenazas de muerte. En él se nombraba a varios activistas, como el activista LGBTI Ovidio Nieto Jaraba, de Gente en Acción, William Mendoza, presidente de la seccional de Barrancabermeja del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL), o Himad Abdala Choser, defensor local de los derechos humanos, y se los acusaba de estar “provocando y organizando marchas de protesta” y apoyando a las guerrillas. El panfleto decía también que “llano [sic] será una amenaza, serán hechos […] estamos retomando el control de todas las instancias”, y parecía amenazar de muerte a las personas en él citadas. Estas son las más recientes de las amenazas de muerte producidas tras una marcha LGBTI que tuvo lugar en Barrancabermeja el 27 de julio.

Otras organizaciones locales amenazadas también el panfleto eran: la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la Asociación de Victimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (ASORVIMM), la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA).

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

expresando preocupación por la seguridad de Ovidio Nieto Jaraba, William Mendoza, Himad Abdala Choser y los miembros de ACVC, ASODESMUBA, ASORVIMM, CREDHOS, Gente en Acción y SINALTRAINAL, habida cuenta de las amenazas de muerte realizadas contra ellos; pidiendo a las autoridades que los protejan, conforme a los deseos de los propios amenazados;

instando a las autoridades colombianas a ordenar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas de muerte, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia;

recordando a las autoridades colombianas que deben cumplir con sus obligaciones respecto a los defensores y defensoras de los derechos humanos, establecidas en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998, en la que Colombia es Estado Parte;

instando a las autoridades a emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por la ONU y otras organizaciones intergubernamentales.

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