Guerra en El Bajo Ariari

21.05.09

Por Javier Orozco Peñaranda, la Agencia Asturiana de Cooperación

En abril otro escándalo sacudía a Colombia por la vinculación de los socios
del Presidente del gobierno con grupos narcoparamilitares, responsables de
miles de crímenes. En esos días Uribe visitaba a España y recibía abrazos y
respaldo del rey y de Zapatero y el “I Premio Cortes de Cádiz a la Libertad”
por su lucha contra el terrorismo.

Mientras tanto, una comisión encabezada por el Director de la Agencia
Asturiana de Cooperación llegaba a Colombia a verificar el estado de los
derechos humanos en seis regiones.

Desde un viejo DC 3 divisamos las selvas del suroriente y la Sierra de La
Macarena, santuarios de biodiversidad y escenarios de la guerra contra las
FARC. Llegamos a un pequeño aeropuerto tomado por miles de soldados
contraguerrilleros que alistan sus equipos bajo un aviso gigante que dice de
ellos “Somos gente común que hace un trabajo excepcional”.

Las poblaciones del Bajo Ariari, descendientes de campesinos que huyeron de
la violencia hace medio siglo, son vistas como enemigas por unas tropas que
las amenazan con la llegada de los paramilitares.

El comandante de la policía de La Macarena nos advierte que entrábamos en un
“teatro de operaciones”, como llaman a las zonas en guerra. Entre diez mil
militares y policías buscan a medio millar de guerrilleros que días antes
dieron de baja a cuatro soldados en un paraje de Puerto Cachicamo, pueblo
que visitaríamos. Los campesinos dicen que fueron 40 los militares muertos.
Hay miedo. En febrero el ejército rafagueó la escuela hiriendo a tres niños
y a diario amenaza de muerte a los campesinos para que digan “dónde están
los bandoleros”. A los soldados les frustra buscar con poco éxito, alto
riesgo y mucha presión por resultados positivos, a una insurgencia que se
esconde con el sigilo del jaguar en la espesura.

Aunque había operaciones militares en curso, aceptamos la invitación de las
organizaciones, “hay que ir a donde nos necesitan” dijo el portavoz de la
misión. Era peligroso viajar por el río, único camino para entrevistarse
con las comunidades atrapadas en medio del conflicto militar. Sin embargo,
salvo dos retenes del ejército sobre el río y una lancha artillada, todo
aparentaba paz en los caseríos a orillas de los ríos Guayavero y Guaviare.

Hay poco movimiento por el río, la gente evita viajar por el temor al
ejército que mata civiles, controla el transporte de gasolina, restringe la
compra de víveres y medicamentos. “Para el ejército aquí todos somos
guerrilleros” dice Lucila quien afirma que hay quinientos cuerpos sin
identificar en el cementero de La Macarena. A ella el ejército le asesinó
al marido hace dos años. “Fue un error me dijeron los soldados”, pero no hay
investigación, ni ella la pide. Teme que por represalias vuelvan a
“equivocarse”.

Las comunidades de Puerto Cachicamo, Puerto Nuevo, Nueva Colombia y la
Tigra, recibieron a la comisión asturiana formando hileras de chicos y
adultos desde el río, sonrientes y agradecidos vestían las camisetas verdes
que los distinguen como defensores de los Derechos Humanos del Bajo Ariari.
Aportaron decenas de testimonios del horror cotidiano y tuvieron el coraje
de representarlo en una obra de teatro.

“A mi hijo Gilberto de 14 años, lo agarró la 7ª brigada cuando venía para la
casa, lo bajaron del caballo y lo golpearon en la barriga, lo tiraron al
piso y amagaron con degollarlo a machete, luego lo metieron al monte donde
varios soldados lo violaron; la fiscalía no quiso averiguar y a mí me
amenazaron para que me vaya” nos contó Armando M. quien teme por su vida y
sufre porque su hijo se niega a salir de la casa.

A los campesinos Nelcy Ortiz y a su hijo Diomedes Losano los asesinó la
infantería de marina el 2 de julio del 2008 en la vereda Angoleta. Fueron
tiroteados y destrozados, relata un familiar; los militares dijeron que
había sido la guerrilla, “sabemos que no fue así, pero no nos atrevemos a ir
hasta San José a preguntar por la investigación”. Temen a la infantería
desplegada por el río y a los paramilitares de alias “Cuchillo”, que
controlan la capital del Guaviare.

“A las mujeres el ejército nos golpea, por eso en vez de estar tranquilas le
tenemos miedo cuando llega” dice Graciela, integrante de un comité de
derechos humanos. “A mi casa llegó el 29 de marzo el batallón 52 de la
contraguerrilla, sin identificación ni distintivos; se metieron a golpes y
lo rompieron todo, buscan la lista de los que estamos en el comité de
derechos humanos. A mis dos hijos los cogieron y los torturaron, ambos
tuvieron que firmar constancias de buen trato al salir y les dijeron que se
fueran de la región porque si los vuelven a ver, los pelan”.

Al caer la noche un hombre de tez negra se acerca y narra cómo la tropa
comandada por el mayor Roldán y el suboficial Rodríguez llegó con violencia
durante la erradicación de los cultivos de coca a su finca. Le dieron cinco
minutos para salir de su casa, luego le prendieron fuego con todo adentro.
Entre sollozos dice que en cinco minutos volvieron cenizas el fruto de una
vida de trabajos. Le prohibieron volver, ahora recorre las tres callejuelas
del puerto vendiendo dulces a los niños.

Mucho verde

El gobierno colombiano reconoció que el ejército ha ejecutado a muchos
civiles y destituyó a veintisiete militares, incluidos tres generales, pero
los atropellos continúan. “Es que hacer terrorismo es fácil, pero dar
positivos es muy difícil”, explica el jefe la policía justificando los
asesinatos y señalando la tronera que dejó en el techo de su estación una
granada.

A pesar del miedo la vida bulle. Al verde del bosque se suman los verdes de
los uniformes camuflados y el verde claro de los defensores de los derechos
humanos, quienes esperan que sus denuncias obliguen al ejército a distinguir
entre civiles y combatientes. Son parte de un movimiento nacional de
víctimas que señala a la tropa y al gobierno de Uribe como responsables de
“crímenes de Estado”.

El DC 3 se estremece en el viaje de regreso. Entre sus pasajeros viaja un
loro que deambula por la cabina sobre una mujer enferma y un soldado herido,
tirados en el suelo de la aeronave. Abajo la manigua se rompe con las
extensiones sembradas en palma de aceite.

En la selva colombiana la violencia y la impunidad se repiten en ciclos
contra los más pobres, como las crecidas de estos ríos enormes de aguas
marrones que fluyen entre selvas hacia el Orinoco y el Amazonas.

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