Hostigamiento a miembros de IPO y de la Comisión de Verificación del Tarra

13.09.10

por International Peace Observatory

Denunciamos que el 7 de septiembre de 2010 en el Tarra, Norte de Santander, en el marco de la Comisión de Verificación de los hechos ocurridos el 15 de agosto en el mismo municipio, miembros de la Brigada XXX filmaron, retuvieron y realizaron señalamientos a miembros de IPO y de la comisión. Queremos hacer saber nuestra preocupación por el uso de estos procedimientos irregulres y en especial por los señalamientos realizados que, además de incumplir la Directiva Presidencial 07 de 1999, ponen en riesgo a la población civil presente, nacional e internacional, al implicarla en el conflicto.

Los Hechos

El dia 7 de septiembre del 2010 en el Municipio del Tarra (Norte de Santander) se estaba realizando una Comisión de Verificación, convocada por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) con el objetivo de documentar y reconstruir lo sucedido el 15 de agosto de 2010, cuando en una clara violación al principio de distinción del DIH y atentando contra la vida de los niños y jóvenes del Catatumbo, miembros de la Brigada Móvil No 23 asesinaron a un joven de 16 años1.

Así mismo, la Comisión recibió otras denuncias correspondientes a los abusos de la Fuerza Pública, con lo que se elaboró un informe para fundamentar y apoyar la solicitud de la comunidad de trasladar la base de la Brigada Móvil No. 23 fuera del casco urbano de El Tarra y de igual forma exigir el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento a los principios del derecho internacional humanitario.
Hacia las 12 del medio día, miembros de la Brigada 30 irrumpieron en la Casa de la Cultura donde se celebraba la reunión entre habitantes de El Tarra y veredas vecinas con algunos funcionarios públicos como el personero del municipio, un representante de la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Norte de Santander, la secretaria de gobierno de El Tarra, el Inspector de Policía, y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros de organizaciones internacionales.
En las inmediaciones de la Casa de la Cultura, detrás del patio de la escuela, dos soldados estaban realizando registro audiovisual de las personas participantes de la comisión y de la comunidad allí presente. Cuando IPO se hizo presente para exigir el cumplimiento del artículo 15 de la constitución colombiana, el Soldado Luis Carlos Caicedo llamó al subteniente Andrés Fernando Osorio Acosta, quien argumentó que “el registró fílmico se realizaba atendiendo motivos de seguridad y ordenes del teniente coronel Jorge Andrade”.
Posteriormente, al solicitar mayor claridad en el accionar de los militares, quienes no están autorizados para realizar este tipo de registro de la comunidad, Andrade aseguró que la cámara de vídeo estaba prendida porque con ella estaban buscando minas antipersonal en las calles. Como asegura el comunicado de Humanidad Vigente y ASCAMCAT, “vale la pena resaltar que las calles del municipio de El Tarra, son calles pavimentadas y no corresponde a zona rural”.
Al caer la tarde del 7 de septiembre, y después de que tuviera lugar la rueda de prensa, miembros de la comisión de verificación, junto con una comisión de periodistas nacionales e internacionales, se dirigieron al sitio donde el 15 de agosto, en respuesta de la muerte del menor de edad y en marco de la protesta popular que se desató, se quemaron varios carros y una retroexcavadora, para hacer fotografías y vídeos para alimentar la investigación emprendida por la comisión de verificación.
Denuncian los miembros de la comisión que minutos después de llegar al lugar, situado en las inmediaciones del cuartel de la Brigada Móvil 23 se vieron rodeados por un grupo de más o menos 30 militares quienes les acusaban de estar fotografiando y grabando al Ejército y a la base militar – situada dentro del casco urbano. Los militares exigieron revisar las cámaras fotográficas y de vídeo, allí pudieron comprobar que no existía ningún registro de ellos o de sus instalaciones.
Acto seguido, el Teniente Coronel Jorge Andrade solicitó la identificación de un periodista español que acompañaba la misión, así como de los dos miembros del International Peace Observatory, a quienes les preguntaron sobre su origen, destino y actividad en Colombia, y tomaron nota de sus datos; además, advirtieron que los extranjeros no podían transitar por esa zona, pues está declarada como zona especial de orden público y requerían un permiso especial.
IPO viene acompañando a la región del Catatumbo y en concreto a la ASCAMCAT desde el año 2004, reuniéndose de forma periódica con los diferentes responsables de los derechos humanos de las Brigadas que operan en la región, así como con la Defensoría y Procuraduría de la región, explicando el trabajo que viene realizando en los diferentes municipios.
Ascamcat y Humanidad Vigente, reiteran que la comisión convocada se trataba de una acción legítima de la sociedad civil con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos en la región.
Por su parte, el Teniente Salcedo, de la Brigada Móvil 23, descalificó el trabajo del Observatorio Internacional de Paz, señalando que “ustedes defienden guerrilleros”. Además, aseguró que “el trabajo que realizan es asustar a mis tropas con los Derechos Humanos”.
Asegurando que los voluntarios y la comisión estaban realizando tomas fotográficas y de video de los soldados, el cerco prosiguió, aumentando la presencia militar a 50, rodeando, reteniendo e impidiendo la movilidad a las 15 personas allá presentes.
Cuando el Teniente Coronel Andrade se hizo presente, manifestó que iba a tomar contacto con el DAS para verificar los documentos de los internacionales allí presentes (IPO y el fotógrafo independiente). Al preguntar la referencia del funcionario que recibió los datos, la respuesta fue negativa. Igualmente, tomó contacto con el capitán Calderón, encargado de derechos humanos de la Brigada que tiene sede en Cúcuta. La comisión solicitó interlocutar directamente con el capitán Calderón con quien IPO ya ha tenido contacto anteriormente explicando la labor de acompañamiento internacional que se realiza la región. Esta petición también fue denegada, siendo un agravante el hecho que des de la oficina de IPO en Bogotá, haciendo seguimiento de los sucesos, se estaba intentando contactar con el Capitán Calderón, quien tan siquiera contestó al teléfono, siendo conocedor de lo que estaba sucediendo.
Finalmente, se hizo presente la SIJIN y el Personero Municipal del Tarra – señor Luís Alejandro Collante Miranda –, momento en el cual, 2 horas más tarde del inicio de la retención, pudieron proceder las voluntarias de IPO y los demás miembros de la comisión de verificación.
Durante el episodio, los soldados de la base militar, auspiciados en las trincheras, estaban realizando registro fotográfico y de video de las personas miembros de la comisión, así como de los observadores internacionales. En todo momento, los alegatos de los miembros de IPO fueron ignorados, impidiendo la interlocución y el libre ejercicio del trabajo de observación y verificación que ha sido reconocido a la organización, hostigando y adoptando una agresividad desmesurada hacia los defensores de los derechos humanos y señalando el legítimo trabajo que se viene realizando.

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