“Son precarias las condiciones del empleo”: centrales obreras

1.05.08

Todavía se mantiene la jornada laboral de ocho horas diarias. Ésa, precisamente, fue la causa que defendieron cientos de trabajadores de Chicago el primero de mayo de 1886 y que les costó la vida a muchos.

Su sacrificio no fue en vano. Al contrario, fue el primer paso para que los empleados de todo el mundo contaran con un horario de trabajo justo y emprendieran diversas luchas para defender sus derechos. Desde ese entonces, a lo largo del planeta se tiene el primero de mayo como Día del Trabajo.

La jornada sirve para que en cada país se haga un balance de cómo está el panorama laboral. La tradición del primero de mayo, sin embargo va más allá, y siempre es una jornada eminentemente política, en la que los trabajadores hacen sentir su visión de país.

En la actual coyuntura crítica ese carácter político se va hacer sentir aún más en Colombia este primero de mayo. “En esta oportunidad, las centrales sindicales en coordinación con las plataformas de derechos humanos, organizaciones sociales y algunos partidos políticos hemos considerado que el primero de mayo de 2008 debe tener un contenido muy político”, dice Fabio Arias, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La razón es que “el país atraviesa por la mayor crisis política de su vida republicana en el llamado escándalo de la parapolítica, que deslegitima absolutamente todas las acciones que provienen desde el Congreso y el gobierno. Este debe ser el contexto central en el cual se desarrolla este primero de mayo porque el movimiento sindical ha sido una de las principales víctimas del paramilitarismo”, explica Arias.

Por eso,este año la manifestación es especial. En ella, las organizaciones sociales llaman a la unidad nacional para derrotar la parapolítica, rechazar la segunda reelección presidencial, apoyar a la Corte Suprema de Justicia en sus investigaciones de políticos vinculados con grupos paramilitares y la búsqueda de un acuerdo humanitario para que los secuestrados por las Farc queden libres.

También rechazan la propuesta de crear un tribunal especial que juzgue a altos funcionarios de la justicia, el gobierno y el Congreso. Para Pedro Santana, presidente de la ONG Viva la Ciudadanía, con esa idea se busca “socavar la independencia de la Corte y su investigación”.

Además de la agenda política en esta versión del Día del Trabajo, las centrales obreras, por supuesto, también hacen su balance sobre la situación laboral.

Desde el punto de vista de los sindicatos que no es el de todos los trabajadores- la congelación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso de los Estados Unidos es un logro. Según Julio Roberto Gómez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), este acuerdo, “lejos de ser un tratado comercial, es un pacto de adhesión de la economía colombiana a la estadounidense” y por eso, considera, no es conveniente no sólo en materia laboral, sino económica. Y por eso él y sus colegas se le opusieron. La dinámica interna electoral estadounidense terminó poniendo el TLC en el refrigerador. Habrá que esperar a ver si algún acuerdo de última hora entre demócratas y republicanos lo salve antes de que termine el año, pero lo más probable es que sólo volverá a ser debatido en 2009.

Otro motivo de celebración de los sindicatos colombianos es que en marzo pasado se creó la Confederación Sindical de las Américas, una gigantesca organización que agrupa a más de 50 millones de trabajadores del continente que luchan porque se cumplan los derechos laborales.

Finalmente, las centrales tienen como motivo de satisfacción los dos años de vigencia del acuerdo tripartito entre las centrales obreras, el gobierno y los empresarios. Éste ha servido especialmente para la implantación de una oficina permanente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Colombia y la creación de una unidad especial de fiscales y jueces para que investiguen y juzguen a los responsables de crímenes de sindicalistas.

El mundo sindical reconoce los esfuerzos del Estado por proteger mejor a sus trabajadores, pero señalan que todavía falta batante. A pesar de que se creó la unidad especial para hacer justicia en los asesinatos de líderes sindicales, la impunidad todavía es demasiado grande.

Desde 1986, según cuentas de la Escuela Nacional Sindical (Ens), van 2.578 asesinatos de personas pertenecientes a organizaciones sindicales. De esos, los jueces sólo han dictado sentencia en 76 casos. Quedan cerca de 2.500 casos sin resolver.

“Si siguiéramos al ritmo de la producción de unas 40 sentencias anuales, que es más o menos el ritmo que tiene esta unidad, nos demoraríamos 60 años para superar la impunidad, bajo el supuesto de que no volviera a ocurrir un sólo homicidio más y la unidad especial se mantuviera”, dice Luciano Sanín, director de la Ens.

Pero la violencia contra quienes militan en organizaciones sindicales, si bien cayó en forma drástica en los últimos años, es preocupante su aumento en 2008. En los cuatro meses de este año han sido asesinados 24 sindicalistas, cifra que supera en un 71 por ciento los 14 homicidios ocurridos en igual periodo del año pasado. Tan aterrador como el creciente número de víctimas es la nueva manera de matar. En los recientes casos, los asesinos han utilizado armas blancas y han dejado los cadáveres mutilados o torturados, para dejar un adicional mensaje de terror.

Gómez de la CGT dice que la persecución de los sindicatos también es legal. Explica que han tenido dificultades para registrar sindicatos nuevos y se están firmando contratos laborales que impiden que el empleado se sindicalice.

Durante los seis últimos años, el Ministerio de la Protección Social les ha negado el registro a 234 nuevos sindicatos. Si se tiene en cuenta que cada uno debería tener al menos 30 trabajadores, quiere decir que unos 7 mil no han podido sindicalizarse. (Ver tabla)

Otra movida hostil hacia la sindacalización, según Arias, de la CUT, es que “todo proyecto de reestructuración en empresas estatales, especialmente en el sector de la salud, viene acompañado del despido de todos los trabajadores. La vinculación de los nuevos se hace mediante cooperativas de trabajo asociado, que en el mejor de los casos representa una disminución de hasta la tercera parte del salario de los trabajadores que estaban anteriormente”. Además, ese tipo de vinculación impide que el empleado se sindicalice.

Según la Ens, “cada vez un mayor número de empresas vienen condicionando la firma de una nueva convención colectiva a una duración mayor de la pactada en el convenio vigente, condición que imponen, en muchos casos, apoyados en situaciones de correlación de fuerzas que no favorecen a los sindicatos”.

Eso se ha visto reflejado en una notoria reducción de negociaciones entre empleados y empleadores. La Ens hizo una comparación entre el período actual y uno hace 10 años. Entre 1996-1997 se suscribieron 1.579 convenios colectivos de los cuales 983 eran convenciones colectivas, 592 eran pactos colectivos y 5 contratos sindicales, con una cobertura de 462.641 beneficiarios. Entre 2006 y 2007, en cambio, se suscribieron 925 convenios colectivos, de los cuales 639 eran convenciones colectivas, 276 pactos colectivos y 10 contratos sindicales, con una cobertura de 176.948 beneficiarios.

“Esto muestra una significativa caída en la negociación colectiva y su cobertura porque 285.693 beneficiarios perdieron sus garantías convencionales, aproximadamente un 62 por ciento de los beneficiarios de hace una década hoy están desprotegidos. Este fenómeno encuentra explicación en los enormes obstáculos jurídicos y prácticos que se imponen a las organizaciones para existir y desenvolverse libremente”,dice el estudio de la Ens.

La mayor debilidad sindical, aseguran los dirigentes, deja a los trabajadores sin posibilidades de reprochar frente a situaciones como la inequitativa distribución de la riqueza.

“El crecimiento económico del 7.52 por ciento en el año 2007 no ha tenido efectos en la creación de empleos decentes en Colombia, especialmente en los sectores financiero, comercio y servicios comunales, sociales y personales. Por el contrario la precariedad laboral y el subempleo siguen extendiéndose”, dicen las centrales obreras en un informe. (Ver tabla)

Fabio Arias, de la CUT, explica que “trabajo decente es trabajo con derechos laborales y con libertades sindicales y esa es la excepción hoy en Colombia”. Según dice, esto se da porque las empresas vienen entregándoles la contratación de su personal a terceros, como cooperativas de trabajo asociado, o contratando por prestación de servicios. Estos dos tipos de vinculación implican que el empleado pague su propia seguridad social y hace que se reduzcan sus ingresos. Eso ha generado que pocos sean los empleados que disfrutan de una verdadera protección social. (Ver tabla)

Un estudio de la Universidad Nacional titulado ‘Bienestar y Macroeconomía 2007’, señala que incluso en los años de recesión se tenían más trabajadores vinculados permanentemente a las empresas que en los últimos años, cuando la economía ha crecido en un promedio del 5 por ciento anual.

Esa investigación académica da cuenta de que para 1992, había 539.807 trabajadores vinculados como permanentes y en 2006 cayeron a 324.822, lo que indica una disminución del 40 por ciento.

Fuera de eso, la contratación bajo la modalidad de temporales, ya sea directamente o por medio de agencias y cooperativas, ha aumentado al pasar de 94.858 en 1992 a 277.020 en 2006, lo que significa un aumento del 192 por ciento, según el estudio.

Desde la otra orilla, el gobierno ha dicho que el desempleo ha bajado, en parte gracias a esas políticas de flexibilización laboral que le permiten a las empresas contratar más trabajadores que les representa menor carga laboral. Es difícil saber si hay más gente empleada porque creció la economía o por las políticas laborales. Pero lo que sí es seguro es que un mayor número de personas tienen empleos más precarios. Es una tendencia mundial, de la cual Colombia no se ha escapado.

La jornada del primero de mayo es entonces un momento propicio para debatir acerca de las condiciones laborales de los colombianos, y también para vislumbrar, qué papel deben jugar sus dirigentes ante una crisis de legitimidad institucional como la que vive el país.

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