Denuncia pública Ejército se hace pasar por la Fiscalía en San Pablo, Teorama

21.04.09

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denuncia la acción indebida de la Brigada Móvil No. 23 que desde enero del 2009 entró en operaciones a la región del Catatumbo, debido a la purga de los mandos militares de la Brigada Móvil No. 15 y Brigada 30 por los “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales). De esta manera dentro de la región “se ha creado para efectuar operaciones dentro del municipios de Teorama, El Tarra, Convención, Hacarí, San Calixto y El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, con las siguientes unidades: Batallones Contraguerrillas No 125, 126, 127, 128 y la compañía de servicio No 44, al mando del coronel Juan Carlos Estévez Pinzón”.

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional los siguientes hechos:

1- El domingo 19 de abril en horas de la mañana hubo un sobrevuelo de helicópteros en la parte del Aserrío y San Pablo (Teorama), donde los campesinos mostraron preocupación por estos sobrevuelos, ligeramente se fue difundiendo el comentario de que la Fiscalía había llegado a tres puntos de la región: Puente Amarillo y Los Cocos, pertenecientes al corregimiento del Aserrío, y al corregimiento de San Pablo, Teorama. Los campesinos denunciaron que hacia la salida de San Pablo vía El Tarra desde la una de la tarde hasta las 2:30 pm, fue instaurado un reten por tropas de la Brigada Móvil No. 23 al mando del sargento Cetres, quien estaba solicitando documentos de identidad y de esta manera haciendo un registro de los mismos. Los campesinos comentaron que fueron registrados con nombre, número de cédula y su destino; de igual forma fueron tomadas las placas de los carros que fueron requisados. Los campesinos le preguntaron al sargento que para qué era el registro, argumentando los militares que ellos eran la Fiscalía y necesitaban averiguar quiénes se habían robado una moto, un carro o quiénes tenían deudas con la justicia. En ese mismo instante los campesinos preguntaron que si tenían problemas de orden jurídico se les dijera de una vez. El sargento les manifestó que la información se la llevan para la ciudad porque allá se pueden averiguar mejor los antecedentes.

2- Debido a las circunstancias, el día lunes 20 de abril del año en curso, el Observatorio Internacional de Paz (IPO), preocupados por esta situación llamaron a la dirección seccional de la fiscalía de Ocaña, donde hubo una comunicación con el director encargado Rubén Rodríguez, quien declaró que la Fiscalía no estaba en la zona y que esta labor era una acción “indebida del Ejército”. Después de esta llamada se realiza un segunda al coronel Estévez Rodríguez Pinzón, quien argumento que no era posible que sus soldados se hicieran pasar por la Fiscalía y que ellos conocían perfectamente sus competencias. Del mismo modo dijo que sus hombres eran muy bien capacitados en derechos humanos y que sabían que no podían hacer empadronamientos.

3- Lo que se teme con el registro de datos por parte las tropas del Ejército es que no se sabe qué manejo se le vaya a dar a esta información, ya que en el pasado ha sido manejada de dos maneras: una para judicializar y señalar a las personas con ‘reinsertados o falsos testigos’, y una segunda que vaya a dar a manos de los paramilitares o las mal llamadas Águilas Negras, para intimidar con nombres propios a los campesinos quienes hemos sido víctimas de este ejercicio de toma de datos. Un caso fehaciente es la base de La Gabarra, donde está el Batallón Contraguerrilla No. 46 Héroes de Saraguro, donde las canoas que van y vienen de la frontera venezolana son registradas con los pasajeros y en ocasiones las personas han sido obligadas e intimidadas a dar información y localización de unos puntos específicos en la zona fronteriza, poniendo en riesgo la integridad física y moral.

4- Exigimos a la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personerías, Vicepresidencia de la República y Fiscalía General de la Nación, que se haga un seguimiento minucioso a estos hechos que se han venido presentando en la región de Catatumbo y que desde Ascamcat hemos dado a conocer en las denuncias públicas, rechazando estos hechos que ponen en riesgo a los pobladores.

5- Solicitamos a la comunidad internacional y al cuerpo diplomático, que conoce el trabajo que ha venido desarrollando la Asociación Campesina del Catatumbo y la situación de la violación de los derechos humanos a la que nos hemos tenido que enfrentar campesinas y campesinos, que se haga un seguimiento y que se le exija al gobierno colombiano que se investigue de manera limpia y transparente las actividades realizadas por las Fuerzas Militares y que, si se encuentran responsables, se les aplique la ley disciplinaria.

Apoyan

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capítulo Norte de Santander

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