
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
27.08.12: Denuncia tierras: En riesgo Luis Ramos Angulo, líder de Chibolo (Magdalena)
3.10.11: Denuncia pública de ASOCBAC
3.10.11: Comunicado de ASOCBAC a la opinión pública
26.09.11: Reivindicaciones del Bajo Cauca: El Estado colombiano incumple los acuerdos con ASOCBAC
21.09.11: 2000 personas en situación de desplazamiento forzado en la cabecera Municipal de Puerto Libertador
14.03.11: La guerra por la coca que no deja en paz al Bajo Cauca
12.03.11: Bajo Cauca antioqueño: radiografía de una protesta poco comprendida
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
Reciba el informe quincenal de IPO, con un resumen de las últimas actualizaciones, y otras informaciones coyunturales.
Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons
9.09.09
por Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Cahucopana, Asorvimm
http://prensarural.org/spip/spip.php?article2855
La comisión se llevó a cabo los días 2 y 3 de septiembre a las veredas El Paraíso y El Triángulo del municipio de Simití. En ésta participaron la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antiqueño; Como organizaciones de acompañamiento internacional participaron Brigadas Internacionales de Paz y Equipos Cristianos de Acción por la Paz; también participó un delegado de la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, seccional San Pablo.
Esta tuvo como objetivo principal conocer la crisis humanitaria ocasionada por la erradicación manual, llevada a cabo por la Policía Antinarcóticos y los grupos de erradicadores, quienes operan acompañados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La comisión recorrió la vereda de El Paraíso, en el lugar conocido como Alto Ventana. Allí se encuentran acantonadas más de 700 personas de las veredas Aguas Lindas, La Carolina, El Diamante, El Paraíso, Vallecito y La Virgencita, desde el 18 de agosto, fecha en que se inició la erradicación. La comisión también visitó El Triángulo, lugar intermedio entre las veredas La Humareda y El Paraíso. Allí se encuentran alrededor de 100 personas de las veredas Brisas del Boque, El Tigüí, Humareda Baja y Humareda Media.
En este último sitio, el pasado viernes 28 de septiembre, miembros del Esmad hostigaron y atacaron a los campesinos que se encuentran acantonados, lanzándoles gases lacrimógenos y maltratando a algunos de ellos. Por otro lado, la policía antinarcóticos instaló un campamento frente al caserío, de la misma manera lo hizo las tropas del Batallón Nueva Granada, hecho que representa una infracción al DIH y que pone en inminente peligro a la población campesina.
Las anteriores acciones se han visto acompañadas por señalamientos, como el del pasado 25 de agosto a través de la emisora Tabacurú Estéreo, donde el Coronel José Mauricio Zabala del Batallón Nueva Granda del Ejército Nacional afirmó que las personas que se encontraban en la movilización hacían parte de la guerrilla.
La comisión pudo constatar que:
1. Las comunidades se encuentran en un inminente riesgo de desplazamiento ante los hostigamientos, persecución y constantes señalamientos del Ejército Nacional y la policía antinarcóticos y antidisturbios. Sumado a ello, estas acciones se realizan de manera unilateral, sin contar con las comunidades, desconociendo que la economía de la coca representa el único ingreso económico de gran cantidad de la población campesina.
2. La erradicación manual forzada y a través de aspersión constituye una violación a los derechos humanos, ya que vulnera el derecho al trabajo, a la alimentación, a la permanencia al territorio, y el bienestar de la población, además de poner en riesgo la seguridad física de la población campesina. Por otro lado, representa una acción que afecta el ecosistema y los recursos naturales de la zona.
3. Los señalamientos realizados por el ejército y persecución de la que han sido víctimas algunos líderes, constituye una violación al derecho a la organización y protesta, y ponen en riesgo la seguridad de la población y su líderes.
4. Los gobiernos municipales no han prestado la atención suficiente a las reclamaciones de los pobladores de Simití y San Pablo frente a la erradicación, la presencia de las administraciones municipales se ha dado sólo a través de brigadas médicas, acciones que no representan soluciones radicales para la situación actual.
5. La comunidad está en disposición de realizar una gran movilización a las cabeceras municipales o a la ciudad de Barrancabermeja, en donde se construya un espacio de diálogo con las autoridades nacionales, departamentales y municipales, en el que se puedan llegar a acuerdos y soluciones ante la problemática de los cultivos de uso ilícito y la permanencia en el territorio con garantías.
6. La comunidad acepta el apoyo y acompañamiento de las organizaciones sociales, en particular de la ACVC, para la continuidad de la movilización, así como agradece la visita de la comisión.
Suscriben:
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra,
Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio,
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antiqueño
Acompañan:
Brigadas Internacionales de Paz,
Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, seccional San Pablo
Equipos Cristianos de Acción por la Paz.