
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
20.02.13: Continúa la persecución contra el movimiento campesino en el norte y Bajo Cauca antioqueño
14.09.12: Grave situación de derechos humanos en Campamento, Anorí, Guadalupe y Tarazá
25.11.11: DENUNCIA PÚBLICA: ASESINADO FREDY JIMENEZ LIDER DE ASOCBAC EN TARAZA
1.11.11: Detención arbitraria en Sata Rita Ituango
3.10.11: Denuncia pública de ASOCBAC
3.10.11: Comunicado de ASOCBAC a la opinión pública
26.09.11: Reivindicaciones del Bajo Cauca: El Estado colombiano incumple los acuerdos con ASOCBAC
24.08.11: Criminalización de la Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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21.09.11
por ASOCBAC
Desde el día 16 de Septiembre del presente año se viene presentando un desplazamiento forzado del corregimiento de Juan Jose Municipio de Puerto Libertador Córdoba por las fumigaciones con glifosato y abusos de autoridad de la fuerza pública en el sector de nudo de Paramillo – Alto San Jorge.
A la Fecha son 2000 personas en situación de desplazamiento forzado en la cabecera Municipal de Puerto Libertador sitio la granja, las cuales están compuestas por una mayoría de niños y mujeres, campesinos e indígenas.
El motivo del desplazamiento es que el glifosato quemo cosechas de arroz a y pan coger, se está realizando sobre territorio del resguardo zenú del Alto San Jorge y no se les ha generado alternativas para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Además de .las intimidaciones del ejercito FUCAT nudo de Paramillo Brigada Móvil 17 en el área, al mando del Capitán Alex Cuervo quien denuncian como un criminalizador, señalador, y violador de los derechos humanos que además de instaurara un confinamiento de alimentos e insumos agrícolas en la región, empadronar y fotografiar permanentemente a los habitantes, y presidentes de acciones comunales. Ha allanado sin orden judicial alguna la sede comunal del corregimiento de Juan Jose, sustraído sus libros de atas y cuantas y en reunión del 20 de Agosto del presente, ordeno que mencionado presidente fuera destituido del cargo por la comunidad por no ser de su agrado, sometiéndolo aun constante acoso psicológico en su casa, en flagrante violación a la autonomía organizativa del campesinado, al derecho de asociación y participación fundamentales constitucionales y al principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario.
Ayer Lunes luego de una Marcha Pacifica por las calles de puerto libertador donde los desplazados manifestaron los motivos de su situación actual a la población en general de Puerto Libertador, se realizo una primer mesa de negociación, donde estuvieron el Alcalde de Puerto Libertador y su despacho, Acción Social, el Secretario de gobierno de Córdoba, el CCAI del Nudo de Paramillo, el Comandante la policía Córdoba Coronel Páez, Antinarcóticos y una veintena de militares más de las Brigadas Móviles 17, 11 y 25, sus Coroneles Moya, Espinel y San Miguel, junto con sus mandos de inteligencia militar quienes empadronaron a los voceros con múltiples fotografías y firma de actas para tomar sus datos personales, brillando por su ausencia el ministerio público dígase personería municipal, procuraduría regional o defensoría del pueblo.
A pesar de las conversaciones no se avanzo en ningún punto pues de los negociadores del Estado incluyendo los de la fuerza pública, manifestaron no tener el nivel para generar ninguna solución pues todo es resorte del gobierno nacional. Quedando una próxima cita para reunirse las partes el Jueves 22 de septiembre a las 9 de la mañana en Puerto Libertador.
Por tanto solicitamos al gobierno nacional que nuestros derechos y negociación asegurando la presencia del ministerio .público mínimamente del resorte departamental en dicha reunión, la presencia de un delegado de su ministerio o del gobierno nacional con capacidad de definición, para posibilitar el retorno de la población en desplazamiento forzado a sus tierras del alto San Jorge. Y que el acuerdo sea entre autoridades civiles y población civil como corresponde a un Estado Social de Derecho como es Colombia.