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7.10.05
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, constituido el pasado mes de junio en Bogotá, y que reúne asociaciones de víctimas, familiares y sobrevivientes; organizaciones de derechos humanos, sindicales, de mujeres, étnicas, sindicales, campesinas, expresiones juveniles, entre otras, señala frente al pronunciamiento de la Unión Europea del 3 de octubre de 2005 lo siguiente:
1.Contrario a lo que señala el gobierno colombiano sobre la desmovilización de las estructuras paraestatales, lo que ha venido ocurriendo es la institucionalización de estos grupos, la legalización de miles de hectáreas arrebatadas a los campesinos mediante masacres y desplazamiento -así como de las fortunas obtenidas por el narcotráfico, y la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
2.Las propias conversaciones muestran hacia dónde avanza este proceso: No se ha respetado el cese de hostilidades, como han denunciado múltiples organizaciones; la población civil continúa en muchas zonas del país siendo víctima del control paramilitar; se han denunciado múltiples casos de legalización de dineros criminales a través del control de los juegos de azar, negocios de prostitución y contrabando, y la presión por obtener los dineros de las Empresas Prestadoras de Salud; son cada vez más evidentes los nexos de sectores de la política y de los gremios económicos con los paramilitares, que no han sido debidamente investigados.
3.Al tiempo que se conforman las entidades que ejercerán la reducida investigación y el otorgamiento de “penas alternativas” previstas en la ley de “justicia y paz”, una gigantesca operación de testaferrato y de legalización de fortunas fraudulentamente adquiridas se produce sin que las autoridades emprendan ninguna clase de iniciativa que permita decomisar los capitales y bienes usurpados. Todo esto con el fin de que las tierras arrebatadas a los desplazados, la posesión ilegal de territorios, los capitales del narcotráfico y los dividendos de otros negocios ilícitos, escapen exitosamente a toda acción judicial.
4.Esta Ley carece de total seriedad en cuanto a la participación y reparación de las víctimas. No entendemos cómo se pretende financiar la reparación cuando las cuentas de los victimarios no serán tocadas. En la medida que las grandes fortunas de los paramilitares quedan intactas, será la población la que termine pagando los daños ocasionados por los paramilitares. No puede ser digna una reparación que parte del criterio de que deben ser los fondos de la cooperación internacional o peor aún, los empréstitos internacionales los que otorguen indemnizaciones a una mínima parte de las familias y comunidades que han soportado el impacto de la acción criminal. Acudir a la ayuda internacional, y dejar intactas las inmensas fortunas de quienes detentan bienes que han sido arrebatados por la fuerza a los desplazados, a los “desaparecidos” y a los asesinados, es sin lugar a dudas una nueva afrenta para las víctimas y la sociedad.
5.Denunciamos todo el proceso de “negociación”, rechazamos el marco legal adoptado con violación de múltiples convenios internacionales y desconocemos la Comisión de Reparación y Reconciliación que pretende representar a las víctimas de crímenes de Estado. La representación de las víctimas no puede ser decidida al gusto del Gobierno. Reiteramos que al igual que en los casos de los países del Cono Sur del continente, lucharemos porque la verdad salga a la luz, se juzgue a los responsables, se restaure la memoria colectiva de nuestro país, siendo conscientes que el camino a recorrer es largo.
6.Consecuentes con estas consideraciones, nuestro movimiento y otros sectores del país hemos demandado la Ley de “Justicia y Paz”, que nosotros llamamos “Ley de impunidad”, por violar abiertamente la normativa nacional e internacional en la materia, otorgar carácter de delincuentes políticos a los paramilitares y negar la responsabilidad estatal en los crímenes, los cuales nunca prescribirán y nunca olvidaremos.