“Usted que es colombiano me responde a mí aparte”

6.09.06

Cada mañana el país se despierta con una nuevo hecho de orden público en el que los desplazados ocupan un papel principal. Sin embargo, en esta ocasión los protagonistas en la toma del antiguo matadero municipal en Bogotá no fueron las familias obligadas al éxodo por el conflicto armado. En esta ocasión, el foco de las cámaras estuvo dirigido hacia los observadores del IPO (International Peace Observatory), todos extranjeros y que terminaron en un lío muy mal manejado por la policía y las autoridades distritales.

Los observadores del IPO, que en antiguas ocasiones habían acompañado a poblaciones desplazadas en procesos de desalojo y reubicación, esta vez fueron acusados por parte de la policía de ser los instigadores de la toma y adjunto a esto fueron calificados de “terroristas”.

La reacción de la alcaldía mayor fue igual de desatinada. El subsecretario de seguridad de Bogotá, Andrés Restrepo, salió ante los medios a dar versiones sin confirmar ni siquiera el número y la nacionalidad de los extranjeros. Apenas se limitó también veladamente a tender un manto de duda sobre ellos y sobre las consecuencias que tenían que pagar.

PUBLICIDAD Para los cooperantes, el caso tiene otra lectura: “Lo que es evidente este año, para nosotros, es que en vista de lo que pasó en Bosa, lo que está pasando con nosotros es una estrategia para distraer la atención nacional sobre la situación de los desplazados, acá lo que hizo la policía fue un montaje, diciendo que nosotros habíamos llegado antes al lugar, que nosotros éramos los organizadores, que nos habíamos identificado como integrantes de la ONU”.

El problema surgió porque los miembros de la Fuerza Pública chocaron con los cooperantes. Les quitaron las grabaciones de registro y se las borraron. Todo en medio de una agria discusión que quedó registrada en audio y de la cual Semana.com revela algunos fragmentos. En ésta no sólo hay exceso verbal contra los extranjeros sino amenazas contra un ciudadano colombiano que los acompañaba: “Usted que es colombiano me responde a mí aparte”, le dijo uno de los policías (escuchar audio).

Hace un año, estos cooperantes habían acompañado una toma pacífica que llevaron a cabo otras víctimas del desplazamiento forzado en la Urbanización Riveras de Occidente (Bogotá) En aquella ocasión IPO produjo documentos e información presentada en los medios alternativos de comunicación, razón por la cual ahora fueron convocados para realizar la misma labor, con la diferencia que en esta ocasión, su labor fue impedida por la Policía Nacional.

Según dijo a Semana.com uno de los observadores de IPO “Cuando llegamos al lugar empezamos a grabar la situación, pero sólo alcanzamos a grabar tres minutos o menos cuando agentes de la policía nos hicieron devolver la cinta y grabar sobre ella… Cuando estaba grabando se me acercó un policía vestido de civil y me dijo: si no quiere que le desaparezca esa cámara y no la vuelva a encontrar entonces apague eso”.

En esta ocasión se hicieron presentes como observadores Alex Juanmarti, de España; la italiana Marianna Garffí, los estadounidenses Carmen Rivera y David Feller y el colombiano Carlos Gustavo. A los extranjeros Feller y Garffí se les impuso la multa de un salario mínimo por su presencia durante la toma.

Para el abogado defensor, Luis Alfonso Ruiz, “La sanción de la multa es sólo una prueba de que no estaban infringiendo la ley con su presencia. Se buscaron entonces un sanción muy sutil, pues si hubieran estado infringiendo las normas o hubieran participado como hostigadores esto hubiera sido motivo para la deportación”.
Para el departamento de extranjería del DAS, las actividades que los cooperantes estaban realizando eran ajenas a las que su visa permitía. En el caso de David Feller, su visa es como traductor y en la de Marianna como visitante, ambos voluntarios de IPO en Colombia, les impedía realizar cualquier labor de comunicación y observación.
Según informó a Semana.com el abogado Luis Alfonso Ruiz “el paso a seguir es reivindicar todo lo que se ha dicho hasta el momento, y queremos demostrar que la situación que estamos viviendo tan sólo es una cortina de humo para disimular la actual situación que se vive con los desplazados”.

Desde que a los cooperantes internacionales se les notificó de la supuesta ilegalidad de su presencia en el lugar, se les anunció que estaban como “conducidos” más no como detenidos. Esta actividad, según versiones de los integrantes de IPO, siempre estuvo coordinada por un policía vestido de civil que se identificó como agente investigativo de la policía.

La versión de los hechos de la Policía Metropolitana de Bogotá es diferente. Según Miguel Alfonso Hernández Pérez, asesor jurídico de la institución, “ellos fueron conducidos a la SIJIN porque se encontraban dentro de la manifestación, y el hecho de que portaran un chaleco con el nombre de una ONG, no los acreditaba como observadores del proceso. Para tal efecto, es necesario tener un documento que acredite al individuo como tal”.

Hernández agregó que a los extranjeros siempre se les trató con respeto y se les dieron todas las garantías de seguridad: “lo que hicimos fue conducirlos hacia la autoridad competente, que es la oficina de migraciones de la SIJIN, comprobar sus identidades y luego dejarlos ir. Todo está debidamente descrito en la minuta”, sostuvo el funcionario.

IPO se ha convertido entonces en otro damnificado más del problema del desplazamiento en Colombia. Sin embargo, sus colaboradores, siguen apasionados con la idea de seguir trabajando en la denuncia de las irregularidades con la población más vulnerable.

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“You the Colombian Answer to Me Separately”

“What is happening to us is a strategy to distract national attention away from the situation of internally displaced persons. What the police did was a set-up, saying that we had arrived there earlier, that we were the organizers, that we had identified ourselves as members of the United Nations” – member of IPO

Every morning the country awakens to a new act concerning public order in which internally displaced persons take a principal role. Nonetheless, on this occasion those playing the leading role in the take-over of the former municipal slaughterhouse were not the families forced to flee from the armed conflict. On this occasion, the cameras focused on the observers from IPO (International Peace Observatory), all foreigners who ended up in a mess very poorly handled by the police and city officials.

The observers from IPO, who on former occasions have accompanied internally displaced communities in processes of expulsion and re-location, were accused this time by the police of being the instigators of the take-over, in addition to being classified as “terrorists.”

City Hall’s reaction was equally off the mark. The Undersecretary for Security in Bogotá, Andrés Restrepo, spoke before the media without even confirming the foreigners’ ID number and nationalities. Restrepo also limited himself to indirectly laying a shroud of doubt over them and the consequences they would have to pay.

As far as the aid workers, the case has a different reading: “What is evident for us this year is that in light of what happened in Bosa, what is happening to us is a strategy to distract national attention away from the situation of internally displaced persons. What the police did here was a set-up, saying that we had arrived there earlier, that we were the organizers, that we had identified ourselves as members of the United Nations.”
The problem arose when members of the public force clashed with the aid workers. Their recordings were taken from them and erased. This happened in the midst of a bitter discussion that was recorded in audio (and some fragments of which are revealed by Semana.com). In this recording, there is not only verbal excess against the foreigners, but also threats made against a Colombian citizen that accompanied them: “You the Colombian answer to me separately”, one of the police told him (listen to audio).

One year ago, these aid workers had accompanied a peaceful take-over that other victims of forced displacement carried out in the Urbanización Riveras de Occidente (Bogotá). On this occasion IPO produced documents and information that were presented through alternative means of communication. This is why they were invited to carry out the same task, with the difference that the national police impeded their work on this occasion.

According to what Semana.com was told by one of the observers from IPO, “when we arrived there, we began to record the situation, but we were only able to record three minutes or less when police agents made us give them the tape and record over it… When it was recording a police officer dressed in civilian clothes came up to me and said: If you don’t want this camera to disappear and not be found again, then turn it off.”

On this occasion the following persons were present as observers: Alex Juanmarti (Spanish), Marianna Garffí (Italian), Carmen Rivera and David Feller (US), and Carlos Gustavo (Colombian). The foreigners Feller and Garffí were fined a minimum monthly salary (approximately 170 dollars) for their presence during the take-over.

According to IPO’s lawyer, Luis Alfonso Ruiz, “the sanction of the fine only proves that they were not infringing the law with their presence. So they looked for a sanction that was very subtle, for if they had been infringing the law or had participated as instigators, it would have been grounds for deportation.”
For the immigration office of the Administrative Department of Security (Departamento Administrativo de Seguridad – DAS), the activities that the aid workers were carrying out were alien to what their visa allowed. In the case of David Feller (his visa is as a translator) and Marianna (as a visitor), both volunteers with IPO in Colombia, they could not carry out any kind of work in communication and observation.

According to what was told to Semana.com by the lawyer Luis Alfonso Ruiz, “the next step is to restore everything that has been said up to this point, and we want to show that the situation that we are living is only a smokescreen to cover up the present situation lived by internally displaced persons.”

When the international aid workers were notified of the supposed illegality of their presence in the place, they were told that they were to be “driven”, but not detained. This activity, according to versions by members of IPO, was always coordinated by a police officer dressed in civilian clothes that identified himself as an investigator with the police.

The version of the incident by the Bogotá Metropolitan Police is different. According to Miguel Alfonso Hernández Pérez, the institution’s legal advisor, “they were driven to the SIJIN because they were found within the demonstration, and the fact that they wearing a vest with the name of an NGO, does not authorize them as observers of the process. For that effect, it is necessary to have a document that authorizes the individual as such.”

Hernández added that the foreigners were always treated with respect and they were granted all the guarantees of safety: “What we did was drive them to the corresponding authority, which is the immigration office of the SIJIN, to determine their identity and then let them go. Everything is duly described in the minutes”, the functionary sustained.

IPO has now become one more victim in the problem of internal displacement in Colombia. Nevertheless, their collaborators are still passionate about the idea of continuing to work in the denunciation of irregularities concerning the most vulnerable population.

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