Dos Líderes del Movimiento Social Detenidos.

22.11.05

Noviembre 4, 2005—De Phillip Cryan

La región en el sur-occidente colombiano del Cauca tiene una larga y celebrada historia de resistencia popular a la injusticia y a la violencia. En un país donde décadas de guerra han roto en dos el tejido social, generando un profundo (y prudente) miedo a involucrarse en cualquier cosa política –porque el involucramiento muchas veces mata a las personas- las comunidades de Cauca han continuado en su lucha no solo levantándose contra la explotación y los ataques, sino que lo hacen con fuerza y unidad, en grandes cantidades. Es un maravilloso lugar de la afirmación de la vida.

Conducido por una resistencia indígena de cinco siglos, el movimiento social en el Cauca es sumamente organizado. Campesinos, grupos afro-colombianos y sindicatos con frecuencia se unen a sus “hermanos y hermanas mayores” –como a menudo se refieren a los grupos indígenas del Cauca- en marchas de muchas jornadas a lo largo de la Autopista Panamericana o en ocupaciones de ella, involucrando a miles de personas, levantándose por la vida y condiciones de una vida digna. En septiembre del 2004, alrededor de 60.000 personas marcharon tres días a lo largo de la autopista exigiendo respeto por su autonomía y protestando en contra de las políticas económicas y de seguridad del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

En varias ocasiones en los últimos años, cuando la guerrilla de las FARC ha secuestrado líderes indígenas, los Nasa –el grupo indígena más grande del Cauca- han enviado unas cien personas a buscarlos en el monte, desarmados a excepción de sus bastones del mando, persuadiendo a las FARC a soltar a quienes habían secuestrado. El mes pasado, un grupo muy unido de campesinos, Afro-Colombianos y sindicalistas lanzaron una campaña para reclamar las tierras robadas y pedir una reforma agraria –en un país donde el 0.4% de la población controla más de la mitad de la tierra agrícola- nombrando el intento “Liberación de la Madre Tierra”.

Este tipo de resistencia tiene sus precios y consecuencias. Cada vez que las organizaciones indígenas del Cauca anuncian una nueva marcha o “movilización”, el presidente derechista de Colombia, normalmente terco, sale en la televisión y radio para rogarles desistir. Cuando ellos de todas maneras siguen con sus planes, las autoridades militares y gubernamentales los tildan de guerrilleros, realizando ataques paramilitares. Cuando la policía pretende desalojarlos, siempre hay muchos heridos, y a menudo algunos muertos –como pasó apenas hace dos semanas cuando ocupantes indígenas no quisieron salir de las tierras que estaban reclamando.

Y hay otros riesgos. Ayer llegó la noticia que dos de los líderes más visibles del movimiento habían sido encarcelados.

El último intento para callar la resistencia.

José Vicente Otero Chate, un líder indígena Nasa y alcalde de la municipalidad de Caldono, fue detenido el pasado 6 de octubre. Y Miguel Alberto Fernández Orozco, Presidente de la CUT (Central de los Trabajadores Unidos) -Cauca y líder de la organización campesina CIMA, fue detenido el martes 1 de noviembre. Los sectores indígenas, campesinos y trabajadores del movimiento social ven las detenciones como un ataque no solamente a dos personas, sino al proceso de organización y resistencia en el Cauca.

José Vicente fue instrumental en llevar a cabo una consulta popular en el Cauca este marzo pasado sobre el ALCA que en estos días se está negociando entre los EEUU y los gobiernos andinos. El resultado, como era previsto, fue que la gran mayoría se opone al acuerdo del llamado “libre comercio” y lo ven como una amenaza directa a su seguridad alimentaria. A dos meses de la consulta, la casa de José Vicente fue allanada por miembros del Ejército Nacional, que pusieron armas en el interior y lo acusaron de terrorismo. Fue arrestado el 6 de octubre.

Miguel, líder sindical y del movimiento campesino, ha recibido una serie de amenazas de muerte en los años recientes. En el 2004, él pasó varios meses en Massachusetts (EE.UU.) como parte del (ahora difunto) AFL-CIO Centro de Solidaridad (financiado por el departamento del Estado de los EE.UU.), un programa de protección para sindicalistas colombianos amenazados. Desde su regreso al Cauca, ha recibido renovadas amenazas de muerte en contra de él y su familia por lo menos en dos ocasiones. La más reciente llegó el lunes 17 de octubre, cuando la Asociación Agro-ambiental de San Pablo, en el vecino departamento de Nariño, recibió un folleto firmado por las AUC. El folleto decía que CIMA, una organización que Miguel ayuda a liderar, y una organización campesina hermana en Nariño “son dirigidas por terroristas y gamberros izquierdistas.” Advierte a la organización “permanecer neutral en sus pensamientos, y no utilizar la organización para hacer trabajo de inteligencia o desestabilizar la región. Estamos pendientes de cada paso que hacen.”

Miguel es de la mejor clase de líder. Su claridad de pensamiento, generosidad de corazón, y simple fuerza de voluntad y habilidad son de tal calidad que hacen a uno, a pesar de todo, orgulloso, una vez más, de ser miembro de la especie “humano.” Y con esperanzas nuevamente por un futuro sano y decente.
Las acusaciones en contra de Miguel son algo distinto. Serían de broma si la situación no fuera tan mortalmente seria. Si los reportes iniciales son correctos, el arresto de miguel representa un nuevo nivel de absurdidad orweliana para el sistema de “justicia” colombiano.

Todo el mundo pensaba que el punto más alto de absurdidad ya había sido alcanzado cuando, hace dos años, las “autoridades” empezaron a demandar a las personas que tuvieran el coraje de hablar públicamente de la colaboración entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas –un simple hecho conocido por todo el campo colombiano, pero sobre el que la gente está cautelosa en pronunciarse públicamente, después de ver a muchos que lo hicieron tener que escaparse de la ciudad y de encontrar los cuerpos de otros mutilados en los ríos cercanos- con “calumnia” y “difamación”, por ensuciar el buen nombre del ejército y de la policía colombiana.

Además, este año, Uribe ha hecho más: hizo efectiva la ley que da a sus amigos paramilitares la legitimidad política, la legalización de las tierras y de las fortunas robadas, y lo que suma a amnistía a ciegos por cantidades de inmencionables crímenes de lesa humanidad – este último se ha de esperar- la “Ley de Justicia y Paz.” Es un rico golpe lingüístico en tantos niveles, que ni siquiera hay espacio para criticarlo.

El punto, de todas maneras, es que con Miguel parece que se han pasado aún. Miguel parece haber sido arrestado con la acusación –hecha por informantes anónimos- de él mismo haber fabricado las amenazas de muerte contra él y su familia. Que de hecho no hay amenazas de muerte en contra de él, y él las inventó. En otras palabras, la acusación esta vez parece ser que ha ensuciado el buen nombre de los paramilitares.

Tomado del artículo que aparece en Counterpounch revista en-línea: http://www.counterpunch.org

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