Ley de Garantías, otra traba a la reelección

6.09.05

Así la Corte apruebe, sin garantía no puede haber reelección inmediata.
Ley de Justicia y Paz solo se aplicará a 100 personas, dijo Edgardo Maya.
Van 10.000 reinsertados y esta Ley aún no se le ha aplicado a nadie.
Sin garantías se viola el principio constitucional de la igualdad.

PorBeatriz María Arango de Acosta, Carlos Mario Salgado, José Guillermo Palacio

Sin Ley de Garantías no puede haber reelección presidencial inmediata del presidente Uribe, así la Corte Constitucional apruebe la reelección, afirmó el procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón.

Para Maya, sin garantías se viola el principio constitucional de la igualdad. Anunció que su despacho trabaja arduamente en la elaboración del concepto que debe emitir ante la Corte sobre la Ley de Garantías, pues el plazo para hacerlo se vence el próximo miércoles.

Consultado sobre la Ley de Justicia y Paz, otro tema de primer orden de la agenda nacional, Maya advirtió que la ley solo se aplicará a cerca de cien personas, en un país que ha desmovilizado a unos 10.000 autodefensas.

Precisó que la ley, que requiere urgentemente de su reglamentación para ponerla en marcha, “solo se aplicará a los cabecillas de las autodefensas”.

Con el Procurador, EL COLOMBIANO les tomó el pulso a los más importantes problemas nacionales. Justicia y Paz, reelección, el caso Telmex, la imposibilidad de recuperar los dineros del desfalco Dragacol y el caso de José Obdulio Gaviria, un hombre que le habla al oído al Presidente, que tiene las gabelas de funcionario público, pero que por su contrato no parece ser sujeto de control del Ministerio Público. Hoy presentamos dos aspectos: reelección y Justicia y Paz. Espere mañana otros temas del revelador diálogo con Maya.

La reelección

¿Cómo interpreta las acusaciones de la oposición que dicen que el presidente Uribe está en campaña electoral?

“La campaña electoral no ha empezado. Eso se resuelve cuando se conozcan dos decisiones: la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo que autoriza la reelección inmediata y otra más importante, que es sobre la Ley de Garantías Electorales”.

¿Qué pasará si se aprueba la reelección y no se aprueba la Ley de Garantías?

“No será posible que se realice la figura de la reelección presidencial inmediata. Porque la Ley de Garantías y lo dice expresamente el Acto Legislativo, se necesita para su desarrollo. Esa figura de la reelección inmediata del Presidente rompe un principio consagrado en la Constitución que es el de la igualdad, y sin Ley de Garantías no hay igualdad posible entre un presidente candidato y un ciudadano corriente que aspira a la Presidencia. El Presidente es el Jefe del Estado, es el Jefe del Ejecutivo, de la administración pública, es el comandante de las Fuerzas Armadas, dispone de toda la estructura del Estado y hay un ciudadano común y corriente que no dispone de todas esas prerrogativas para sustentar su aspiración política”.

Su concepto para la Corte sobre la reelección fue criticado por algunos porque se basaba en hechos débiles, cuando el proceso de aprobación del Acto Legislativo pudo tener fallas más protuberantes.

“Dentro del cúmulo de demandas que se presentaron, de las primeras 17 que analizamos, miramos todos los argumentos y, en primer lugar, con relación a la competencia, a la sustitución de la Constitución, dijimos que el Congreso era competente y que no había sustitución. Con respecto de los vicios de forma, esa es una responsabilidad que tiene el Congreso. Por vicios de forma se cayó parte de la reforma política, la totalidad del estatuto de seguridad, el Plan de Desarrollo, parte del referendo”.

Cómo cree que cayó su concepto sobre la reelección en la en la Corte Constitucional?

“No tengo ni la menor idea.”

Justicia y Paz ¿La Ley de Justicia y Paz se ajusta a la Constitución?

“Mientras la ley esté vigente, la Procuraduría estará haciendo el acompañamiento en la aplicación del principio de legalidad. En segundo lugar, hay tres demandas contra esta ley y yo debo rendir concepto ante la Corte Constitucional. Y en tercer lugar, hay unas situaciones apremiantes, entre ellas la expedición urgente de la reglamentación de la ley”.

Pueden resolverse en 60 días, como lo dice la Ley, casos que llevan décadas de impunidad?

“Ahí hay tres elementos que tienen que tener vigencia: justicia, verdad y reparación. Sobre el tema de la vigencia y de los términos, en un sistema como el acusatorio, que se está aplicando, es posible y ya hay casos demostrables. Si lográramos la confesión plena, la aplicación de la justicia en forma eficaz y la reparación en cualquiera de sus manifestaciones. La reparación integral planteada como está en la ley, es imposible que el Estado tenga capacidad para ello. Pero hay otros tipos de reparación”.

¿Cuáles son esos tipos de reparación que se aplicarían?

“La histórica, la simbólica… como he dicho: la verdad. Si usted les dice a los familiares de las personas desaparecidas en dónde están sepultados sus cadáveres, esa es una forma de reparar simbólicamente a los seres humanos que han padecido este grado de violencia”.

¿Cree que con la declaración libre se llegará a esa verdad?

“Hay métodos, por eso le digo, la confesión plena y además, digamos una verdad, que esa ley de Justicia y Paz es para un grupo bien reducido. No creo que eso se le vaya a aplicar a más de 100 personas”.

¿Por qué?

“Lo que estamos viendo es que usted tiene que reconocer que ya hay 9.000 o 10.000 desmovilizados que ya se les aplicó la ley. Se les está aplicando la 418 y la 782, entonces ya hay un proceso que se está cumpliendo. Por eso la ley de Justicia y Paz y me atrevo a decírselo al país, yo no creo que llegue a cien personas, que será a los cabecillas y a quienes tienen la responsabilidad, porque no hay un poder de identificación total. Lo que sí habría que buscar son unos mecanismos de identificación plena a los autores. Pero es una enorme responsabilidad lo que viene para la Fiscalía y para la Procuraduría como garante”.

Entonces, si la ley solo va a ser para 100 personas, ¿podría dársele algo de razón a lo que Amnistía Internacional acaba de decir en torno a que hubo una reinserción sin un esquema jurídico completo?.

“Bueno, sobre eso, quien puede hablar con plena autoridad es la Procuraduría. En el caso de Medellín, de 550 reinsertados tenemos 240 apelaciones ante el Tribunal en relación con temas de implicaciones, sindicaciones e identidades. Y sobre el otro proceso, que tenemos de los 8.000, tenemos otra información sobre 800. La Procuraduría con la Agencia Interamericana de Desarrollo, tiene un acuerdo y en ejecución un proyecto de seguimiento de la aplicación en los procesos de desmovilización y reinserción de la Ley de Justicia y Paz. Comenzamos en abril y va hasta diciembre por razones presupuestales. Ya tenemos un primer avance de ese informe de lo que hemos visto en abril, mayo, junio y julio en el tema de la investigación y estamos terminándolo de procesar. Entonces, hay otros factores bien importantes que es el cumplimiento no solo en el tema de los victimarios, sino también en el de las víctimas. Los temas judicial, económico, tierras y propiedades”.

¿Qué mecanismos están implementando para definir algo tan complejo?

“En el periodo de la Fiscalía de Luis Camilo Osorio, fue difícil la obtención de información y la armonización con el trabajo de la Procuraduría. Usted sabe que en el caso de la fuga de don Berna, pues la Fiscalía no cabía en el helicóptero y no pudo ir a las diligencias. Muchas veces no cabíamos en el helicóptero cuando la Fiscalía iba a actuar. Ahora con el fiscal Iguarán hay un buen entendimiento y hay un cambio radical de relaciones. Las relaciones en que consisten, en que la Procuraduría es el garante de los derechos humanos y es un sujeto procesal dentro del antiguo sistema, no en el nuevo donde ya hay un cambio”.

¿Tienen el Presidente y el Comisionado de Paz facultades para definir sitios de reclusión?

“Hay casos concretos que nosotros cuestionamos y la Fiscalía ha argumentado fundamentos jurídicos que no compartimos, pero respetamos”.

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Al sistema acusatorio hay que hacerle algunos correctivos

El procurador Edgardo Maya Villazón aseguró que una de las fortalezas para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz es el nuevo Sistema Penal Acusatorio que está implementándose en Colombia. Sin embargo, el fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, dijo que en los departamentos en los que se está aplicando, el sistema está a punto de colapsar, con más de 60 por ciento de las denuncias sin trámite.

Según el jefe del Ministerio Público, ese acto de responsabilidad del Fiscal es importante porque las fallas deben corregirse ahora que el sistema llega a los distritos judiciales de Medellín, Tunja, Santa Rosa de Viterbo, Yopal, Villavicencio, Buga, Cali, Bucaramanga y San Gil. Para esta etapa, dijo el Procurador, se debe corregir la principal deficiencia que, a su manera de ver, es la causante del represamiento: la falta de capacitación de la Policía Judicial. “En el tema tecnológico se necesitan cosas como la protección de testigos, la protección de las pruebas, los sistemas de grabación. Que es el caso que acaba de suceder con el juicio por el crimen del parlamentario de Caldas (Óscar González), en el que desapareció el video donde está la audiencia y todas las diligencias. Hay unos soportes que son necesarios. Tenemos un sistema que, en sus primeros seis meses, hay que hacerle unos elogios y unas críticas, pero tiene más de lo primero que de lo segundo”, dijo Maya

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