Familiares de rehenes de las FARC marchan en Colombia

24.10.06

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Familiares de los rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), marcharon este martes por las calles de Bogotá para exigir al gobierno del presidente Álvaro Uribe la reanudación de las negociaciones de paz con el grupo armado, para lograr el acuerdo humanitario, suspendido el pasado viernes por el mandatario nacional.

Bajo la consigna ¡No al rescate a sangre y fuego!, los manifestantes solicitaron al presidente Uribe, desistir de su empeño por lograr rescate de los detenidos a través de la vía militar.

A la concentración también asistió el alcalde de la capital colombiana, Luís Eduardo Garzón, y organizaciones sociales, que junto a los familiares de los secuestrados, protestaron en una multitudinaria marcha en la plaza Bolívar de Bogotá.

El pasado viernes, el jefe de Estado colombiano anunció la ruptura de las negociaciones con las FARC, tras el atentado con carro-bomba ocurrido el jueves pasado en instalaciones militares colombianas, que el gobierno atribuyó al grupo rebelde.

Según los manifestantes, el grupo insurgente no tuvo nada que ver con el último atentado en el país.

“No hay ninguna seguridad que haya sido las FARC entonces no entiendo por qué el presidente se precipitó en esa forma a culpabilizar a las FARC. Con esa furia, con esa rabia tan desmedida, lo que hizo realmente fue que le angustia a uno mucho que el presidente de Colombia tenga reacciones tan primitivas y que no piense en las consecuencias de sus palabras”, fustigó Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

Los asistentes a la concentración, también coincidieron en que la medida podría caldear el ambiente entre el gobierno y las FARC.

“Que es una medida supremamente errada pienso que esto es apagar un incendio con gasolina, es mandarlos al holocausto, es asesinarlos”, añadió un familiar del militar estadounidense en cautiverio, Kid Donald Stancil.

Los marchistas, se acercaron a las inmediaciones de la Casa de Nariño, con el propósito de que el propio presidente escuchara sus peticiones, sin embargo, el acceso a la residencia presidencial en Colombia se mantuvo cerrado para estos manifestantes.

Pese a las críticas, el Gobierno anunció ya la imposición de un tributo para financiar la arremetida bélica que anunció.

Para el alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, quien se ha declarado en contra de las últimas determinaciones del Gobierno, esta medida es otro desacierto.

“Es evidente que lo que hay que pedirle a los grandes empresarios o a la gente que tiene plata es más plata para inversión social y mucho menos plata para la guerra, yo creo que con calma y con tranquilidad volvamos a los escenarios de abrir espacios de paz en Colombia”, fustigó el alcalde de Bogotá.

La protesta realizada este martes en Bogotá, fue una prolongación de la que realizaron el sábado en Cali (477 km al suroeste de Bogotá), familiares de los 12 diputados municipales de esa región del país, que están en poder de las FARC desde 2002, y el abrebocas a otra serie de manifestaciones que incluyen peregrinaciones a centros religiosos.

Las FARC habían propuesto intercambiar a 500 rebeldes presos por 58 de los centenares de secuestrados en su poder, que incluyen a políticos, militares y policías, algunos de ellos cautivos desde hace ocho años.

Uribe había aceptado en diciembre una propuesta más limitada de Francia, España y Suiza, para que la ‘’zona de despeje’’ fuera de 180 km., pero el viernes, y como reacción a un atentado con coche bomba a un complejo militar de Bogotá, suspendió los acercamientos y ordenó el rescate militar de los cautivos.

Sin embargo, muchos consideran que la decisión del gobierno es precipitada. El fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, declaró el domingo que su despacho carece de pruebas suficientes para atribuir a las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), el atentado con coche-bomba.

Por su parte, el ex candidato presidencial y dirigente del Partido Liberal Colombiano, Horacio Serpa, manifestó que la explosión fue utilizada por el Ejecutivo para reafirmar su espíritu de guerra, que no contempla un acuerdo humanitario.

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