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27.10.06
El pasado 12 de octubre – fecha en que se conmemora el inicio de la resistencia indígena a la invasión europea – el pueblo indígena Motilón-Barí reafirmó sus derechos al territorio y autonomía en un evento público realizado en Tibú (en la región del Catatumbo en Norte de Santander). Más de 800 indígenas – entre hombres, mujeres, niños y ancianos – acudieron al llamado del Consejo Autónomo de Caciques y la Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia (ASOCBARI) para manifestarse pacíficamente y llevar a cabo una audiencia pública con el fin de dar a conocer la problemática actual que se vive en su territorio y exigirles a las autoridades que se comprometan a solucionar esta situación de violación a sus derechos.
El día empezó con una marcha, bajo una lluvia insistente, por el centro de Tibú, donde miembros del pueblo Barí colocaron tres placas conmemorativas marcando los sitios donde bohíos habían sido destrozados en la violencia de los 1930, cuando intereses petroleros buscaban sacar los indígenas de la zona. La gente caminaba de vestido tradicional y con los cuerpos y caras pintadas, arco y flecha en la mano. Fue un acto conmovedor, especialmente en la dedicación de la tercera placa, que se tenía que realizar en un lugar ajeno de la verdadera ubicación del antiguo bohío (en las instalaciones de ECOPETROL), dado al hecho de que la empresa no quiso dar permiso a los manifestantes. En el momento vimos una vez más como ECOPETROL se niega a reconocer la existencia del pueblo Barí, y mucho menos sus derechos como grupo indígena. A la vez vimos la firmeza de los Barí en la multitud que se mantenía siempre unida, exigiendo respeto a su cultura y su territorio.
En la tarde, los Barí, junto con acompañantes de organizaciones nacionales e internacionales, representantes del Ejército y la policía, y algunas autoridades civiles, se reunieron para la Audiencia Pública. Notablemente ausentes estuvieron representantes de los Ministerios del Interior y del Ambiente. En Mayo 2005 el Grupo de Licencias, Permisos y Trámites del Ministerio de Ambiente le concedió a ECOPETROL la licencia para la exploración del pozo petrolífero “Alamo 1”, situado en Socbacayra, tierra ancestral de los Barí, una entrega hecha posible por la certificación por parte de la Dirección de Étnias del Ministerio del Interior de la no existencia de comunidades indígenas en la zona. Después de haber confirmado su asistencia, ninguno de los Ministerios apareció en la Audiencia Pública para responsabilizarse de estas decisiones ni escuchar de las violaciones de derechos que han resultado por causa de ellas (hechos confirmados en la Comisión de Verificación y Acompañamiento al Pueblo Barí de febrero de este año, en la cual participamos como IPO). Mientras los Ministerios del Interior y del Ambiente preferían ignorarla, representantes del Ejército Nacional sí vinieron a la audiencia, comprometiéndose a investigar los violaciones a los derechos de los Barí, como eran los disparos tirados hacía miembros de la comunidad cuando visitaban el pozo hace unos meses. Un oficial, intentando asegurar la confianza de la gente y con cuestionable sinceridad, dijo, “Mi palabra pesa; mi palabra es Barí.”
Los eventos del 12 de octubre, una fecha tan destacada en la historia de América, mostraron la fuerza de los Barí, echando un paso más hacía adelante, y con dignidad. A pesar de la doble cara que le da el Estado, el pueblo Barí se mantiene firme en su posición. En el informe oficial del evento ASOCBARI escribe: “La Audiencia Publica fue todo un éxito porque fortaleció a nuestro pueblo en la unidad por la defensa del territorio y la cultura…”
Y los campesinos catatumberos presente…
La lucha de los Barí no está sola en el Catatumbo. A ella, se puede sumar la resistencia campesina la cual se encarnó en la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) cuyo lanzamiento (escuchar audio 1 escuchar audio 2) el 14 al 16 de octubre fue asistido por más de 400 campesinos en San Pablo (Teorama). El lema del evento fue “En medio de la violencia, reflorece el Catatumbo” y precisamente así fue. Durante la última década, el campesinado de la región fue diezmado por el paramilitarismo del Estado para así posibilitar la explotación petrolera y de otros recursos naturales (de minerales como níquel, oro, uranio, carbón y mármol o de las abundantes aguas y cantidad de madera) y para afianzar el monopolio estatal sobre las ganancias de la coca (no es secreto en Colombia que las fumigaciones del Plan Colombia no se aplican a los grandes cultivos de coca de los paramilitares) (escuchar audio).
No se podía entender lo difícil que es organizar en una región tan golpeada hasta que participamos en una posterior comisión a la vereda del Suspiro, situada al lado del resguardo Barí, Socbacayra, y a 5 horas a pie y por río de La Gabarra, epicentro de las masacres paramilitares más atroces y de la bonanza de la coca. Escuchamos las historias, tan repetidas por todo el panorama de Colombia, pero quizá más cruel: como la de La Gabarra, cuando los paramilitares entraron el Día de la Madre en 1999 y mataron a todos los pobladores que encontraron (aunque el oficialismo reportó unos 30 muertos, el corregidor del pueblo registró 94; después de su testimonio aclarador, fue amenazado y le tocó huir de la zona). Aquí los escuadrones de muerte del Estado mataron con una perversa pasión, a machetazos, degollados, un arte mórbido semejante al practicado durante La Violencia de los años 50. Y mientras fueron arrasando la población, los soldados custodiaban el oleoducto Caño Limón-Coveñas que saca cerca de 100,000 barriles el día. Pasamos por el pie del legendario cerro Patascoy, donde se rumora que mientras los paramilitares controlaban ese filo entre el Suspiro y Morro Frío, mataron al menos 100 civiles en 3 meses y los enterraron en fosas comunes regadas por la zona.
Vimos los restos de una avioneta de fumigación, tumbada del cielo por balas de la insurgencia mientras echaba el glifosato sobre la tierra: pintada sobre la avioneta, una bandera norteamericana, dañadas ya sus rayas y estrellas, arrogante confirmación de la presencia imperialista en la lucha anti-campesina. Las fumigaciones del Plan Colombia, el asesinato de más de 5.200 personas y el desplazamiento forzoso masivo han sido las herramientas en el Catatumbo (y en el resto del país) para que la oligarquía colombiana y las multinacionales puedan apoderarse de la tierra y sus recursos. Durante nuestro recorrido, fue anunciado que una empresa canadiense, KPS Ventures Ltd., cuyo director también dirige la Anglo-Gold Ashanti (empresa sudafricana que ha pedido licencias para buscar oro en 34% del territorio nacional), estará buscando uranio en la parte del alto Catatumbo y Santander. Mientras conocíamos esta situación, helicópteros de ECOPETROL atravesaban el cielo constantemente, llevando y sacando materiales del Pozo Álamo 1, ruidosos recordatorios de la presencia de las empresas grandes en toda la región.
El campesinado entiende que aunque los paramilitares se hayan “desmovilizado”, con los abundantes recursos naturales que esconde el Catatumbo, la violencia no se ha acabado pues la arremetida continuará en la medida que se descubran más riquezas. (escuchar audio)
Como se están organizando sus vecinos indígenas, en defensa de su territorio y su autonomía, así deben hacer los campesinos de ASCAMCAT. La amplia concurrencia en San Pablo y Tibú demostró que no es fácil doblegar al pueblo, ni mucho menos quitarle su dignidad. Les felicitamos a ASCAMCAT y ASOCBARI por atreverse a seguir en pie de resistencia en medio de tanta violencia e injusticia. El Catatumbo, como el resto de Colombia, vuelve a nacer.
Para más fotos y audio, ver http://www.peaceobservatory.org/archivio/index.php?dir=/
Para mayor información, comuníquese con las organizaciones.
Sobre la lucha de los Barí: