El más difícil momento político atraviesa el gobierno de Álvaro Uribe

20.11.06

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En una semana detuvieron a tres congresistas de su bancada (Álvaro García, Jairo Merlano y Erik Morris) y a la ex congresista Muriel Benito Rebollo, que fue apoyada por su ministro del Interior.

Además, el ex embajador en Chile Salvador Arana tiene orden de captura. Algunos están señalados incluso de crímenes y otros hasta de ser miembros de las Auc.

Como si esto fuera poco, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra quien fue el jefe de su policía secreta (Jorge Noguera, ex director del DAS) prácticamente durante todo su primer mandato.

Cabe entonces la pregunta de ¿qué responsabilidad le cabe al presidente Uribe?

Nadie se ha atrevido a sugerir una responsabilidad penal del Presidente. Y el desafío público que él hizo el pasado viernes, cuando conminó a cualquiera de los paramilitares a contar algo que pueda comprometerlo como cómplice suyo, lo muestra como un hombre que nada teme en ese sentido.

Pero otra cosa muy distinta es la esfera política. Que su Canciller comience a ser señalada, como lo hizo El Nuevo Herald (de Miami), el viernes pasado, como la hermana de líderes con supuestos nexos con criminales, va a ser muy incómodo para Uribe.

Hasta ahora, y a pesar del caótico ambiente político que se vivió en la semana, el Mandatario parece tener las riendas controladas.

Y el hecho de mantener a la Canciller en su cargo es una muestra de ello.

Algunos consideran que lo ocurrido siguen siendo casos aislados que se han colado en las filas uribistas y sobre los cuales el Presidente ha procedido de manera correcta una vez la justicia ha tomado decisiones contra ellos.

Para otros, el número de casos es motivo de preocupación. La manera cómo se sigan desarrollando las investigaciones en la Corte, la Procuraduría y la Fiscalía, será definitiva para el jefe de Estado.

La circunstancia de que la última encuesta de Gallup realizada a finales de octubre mostrara al Presidente con una tendencia a la baja en su favorabilidad (66 por ciento), cayendo 11 puntos desde su reelección, como consecuencia de los escándalos por vínculos de sus aliados con paramilitares, y su estrecha relación con políticos cuestionados, lo ponen en una posición más riesgosa políticamente.

Salvando obstáculos

Hasta ahora, Uribe ha podido pasar incólume todos los obstáculos políticos en la exigente tarea de mantenerse en el poder.

No en vano se convirtió en el primer mandatario que en más de un siglo logró hacerse reelegir de manera inmediata, con una votación que jamás alguien había siquiera imaginado: 7’397.835 votos.

Es también el mandatario que más altos niveles de favorabilidad ha mantenido y por mayor tiempo.

Desde que asumió el poder en agosto del 2002, con el 69 por ciento, su momento de más baja aceptación fue en abril del 2003, cuando descendió al 65 por ciento, tras el atentado contra el Club El Nogal.

Inclusive en casos como ese, Uribe ha sabido sobreponerse a las dificultades. Como un alquimista, ha logrado convertir en positivas situaciones adversas, apoyándose en un discurso incisivo y un manejo mediático excepcional.

Y sobran ejemplos de situaciones de este tipo: cuando fueron asesinados el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su consejero de paz, Gilberto Echeverri, en una frustrada operación de rescate; cuando en enero del 2006 no tuvo más alternativa que aceptar la expulsión de cinco candidatos al Congreso que militaban en su coalición; ni después, cuando apenas habían transcurrido seis meses incorporó a esos mismos legisladores a su alianza para asegurarse una mayoría holgada en el Congreso.

Uribe resistió la embestida de la oposición que le endilgó que Enilce López (‘La Gata’) le hubiera girado un cheque por 100 millones de pesos para su campaña en el 2002 y que dos gerentes regionales de la campaña del 2006 (Magdalena y Casanare) hubieran renunciado por versiones sobre nexos con ‘paras’ y narcotráfico.

Podrían enumerarse más y más casos. Pero el actual es un momento diferente.

Reacciones de Uribe en otras crisis

“No voy a dejar que al Gobierno lo involucren con asesinatos de sindicalistas, ni con confabulaciones contra el gobierno de Venezuela”.
(Cuando estalló el escándalo del nexos del DAS con los ‘paras’).

“El Gobierno no puede permitir dineros ilícitos, compra o intimidación de dirigentes, ni la participación de grupos violentos en campañas políticas”.
(A raíz de la expulsión de cinco candidatos de sus listas).

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