La responsabilidad del Presidente

2.12.06

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Iván Cepeda Castro

En julio 1987, el país conoció las primeras imágenes de las “juntas de autodefensa campesina”, filmadas por el Noticiero de las 7. El ministro de Justicia de ese entonces, José Manuel Arias Carrizosa, declaró que en Colombia era legal el derecho a la autodefensa, y la conformación de grupos paramilitares. En realidad para ese momento el paramilitarismo se había convertido en un conjunto de grupos bien articulados en varias zonas del país. Puerto Boyacá, municipio del Magdalena Medio, era ya el centro de operaciones del experimento de control social de un paraestado en pequeña escala. Tras la fachada de una asociación de ganaderos y agricultores, Acdegam, los paramilitares, aliados con los políticos, dominaban el centro clínico, los bancos, los colegios, Telecom y la Alcaldía municipal. Mercenarios británicos e israelíes fueron traídos por altos mandos militares a las escuelas de sicarios que se crearon en la región. La guarnición local del Ejército, el Batallón Bárbula, distribuía armas y realizaba patrullajes mixtos con los paramilitares para proteger las fincas de terratenientes y narcotraficantes.

En Antioquia, Arias Carrizosa era empresario del banano. Allí también existían asociaciones gremiales promotoras del paramilitarismo, como la Federación Antioqueña de Ganaderos, dirigida por Pedro Juan Moreno Villa, quien fue uno de los socios principales de Uribe Vélez cuando, en su gobernación, decidió crear las Convivir. Salvatore Mancuso fue uno de los impulsores de estas asociaciones que se registraban ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de la cual era jefe Herman Arias Gaviria, hijo de Arias Carrizosa. Mancuso fundó dos Convivir, una en Córdoba y otra en Sucre, con el nombre de Asociación Horizonte Ltda. En Sucre las Convivir sirvieron de germen a los grupos paramilitares de alias ‘Rodrigo Cadena’, el asesino del que se sirvieron políticos como Álvaro García (de la coalición uribista) y Muriel Benito Rebollo (cuyo jefe político es el actual ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín Sardi) para establecer un feudo que hizo posible que miles de personas terminaran en fosas comunes mientras los congresistas organizaban reinados y fiestas en la hacienda El Palmar, y desocupaban las arcas públicas. La responsabilidad penal de estos parlamentarios criminales fue encubierta por el ex fiscal Luis Camilo Osorio. La secretaria general de la Fiscalía, durante su período, era Judith Morantes García, sobrina del senador Álvaro García. Osorio es hoy embajador en México. La hermana del senador García, Teresita García Romero, también hace parte del servicio diplomático como cónsul de Colombia en Frankfurt, Alemania. Y así sucesivamente…

Al presidente Uribe le cabe una responsabilidad particular en este tenebroso entramado de clanes mafiosos. Bajo su liderazgo, los sectores sociales que diseñaron el paramilitarismo lograron convertir el experimento realizado en una localidad rural, Puerto Boyacá, en un modelo de control social a escala nacional. Su responsabilidad es histórica y política. Tarde o temprano tendrá también connotaciones penales.
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Un nuevo acto de arbitrariedad: detienen e intentan procesar sin ninguna prueba al periodista Fredy Muñoz Altamiranda, corresponsal en Colombia de Telesur. Me uno a quienes se pronuncian por su libertad inmediata.

fm_cepeda@yahoo.fr

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