El ventilador de 'Los Mellizos'

18.12.06

www.cambio.com.co

DESDE HACE VARIAS semanas CAMBIO venía haciendo contacto con personas cercanas a los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, Los Mellizos, con el fin de conocer las razones por las cuales escaparon de la zona de concentración en Santafé Ralito, Córdoba, lo mismo que Vicente Castaño, cuando el Gobierno ordenó el traslado de los negociadores de las Auc a La Ceja, Antioquia.

La semana pasada, tras la crisis desatada por la decisión del presidente Álvaro Uribe de confinar a los jefes paramilitares en la cárcel de Itagüí, expresaron su interés de responder, desde la clandestinidad, un cuestionario que la Revista les hizo llegar con un abogado. Este lo llevó, días después regresó con las respuestas y luego se estableció un mecanismo para hacer contra-preguntas.

Los Mellizos, pedidos en extradición por narcotráfico, acusan al Gobierno de incumplir acuerdos pactados, dicen que Sabas Pretelt, en su condición de ministro del Interior, les garantizó que no serían extraditados y aseguran que la mayoría de los comandantes de las Auc aportó plata para la campaña de reelección de Álvaro Uribe. ¿Se les puede creer?

CAMBIO: ¿Por qué ustedes, como Vicente Castaño, no continuaron en el proceso de negociación con el Gobierno?

HERMANOS MEJÍA: Tanto nosotros como el señor Vicente Castaño seguimos en el proceso de paz y hemos reiterado nuestro propósito de acogernos a la Ley de Justicia y Paz, siempre y cuando haya garantías jurídicas y políticas, pues por ahora son inciertas, variables y dubitativas.

Pero algunos dicen que ustedes decidieron salirse del proceso siguiendo las directrices de Vicente Castaño.

Reiteramos, no nos hemos salido del proceso. Estaremos a disposición del Estado siempre y cuando se cumplan los acuerdos y preacuerdos planteados desde el comienzo.

¿Qué tan cerca están hoy de Vicente Castaño, que como ustedes está en la clandestinidad?

Él sigue siendo nuestro comandante y estamos a su disposición.

¿Cuál condición exigirían para someterse a la Justicia?

Nosotros, y tampoco ningún comandante de las Auc, hemos puesto condiciones. Lo único que exigimos es el cumplimiento de los preacuerdos y acuerdos pactados, que han sido incumplidos durante todo el proceso. Ni las condiciones de reclusión, ni las garantías que teníamos como negociadores fueron respetadas por el Gobierno. Tampoco estamos de acuerdo con la evidente indiferencia del Gobierno con los desmovilizados.

Ustedes hablan de preacuerdos y acuerdos. ¿A qué se comprometió el Gobierno en el tema de la reclusión de los comandantes?

En Copacabana, donde funcionó por un tiempo Villa Esperanza, el ministro Sabas Pretelt y el Comisionado de Paz dejaron en claro con los comandantes nunca serían llevados a una cárcel, ni siquiera a una de mediana seguridad, sino a colonias agrícolas administradas por los desmovilizados y por el Inpec. Hablaron de varios sitios para recluirnos: Urrao, La Ceja, la Sierra Nevada, y el Magdalena Medio. Es más, el ministro Sabas propuso que usáramos una manilla o grillete electrónico para poder circular libremente. Dijo que así estaríamos monitoreados. Lo paradójico es mirar ahora dónde están ahora los comandantes.

Según ustedes, el presidente Uribe rompió el compromiso cuando ordenó trasladar a los comandantes a Itagüí.

Sí y por eso no nos entregamos, es un claro incumplimiento del Estado. Nos queda la sensación de que la finalidad del Gobierno era encarcelar a los comandantes. Ninguno se entregó, fue una captura. Ni siquiera respetaron los tres días de gracia a los que tenían derecho por ser negociadores.

¿Según ustedes, qué otro preacuerdo no ha cumplido el Gobierno?

El Gobierno se comprometió a adelantar proyectos productivos para los desmovilizados presos, pero en este punto el Gobierno tampoco ha cumplido y además no hay garantías para la reducción de penas.

¿En esas reuniones con el ministro Sabas de qué más hablaron?

El ministro Sabas Pretelt nos dijo un día que el Presidente nos enviaba un saludo y también dijo que el Presidente no nos iba a defraudar y mucho menos a extraditar, que el Gobierno garantizaba penas no superiores a ocho años. Veinte días antes de la reelección el Ministro nos visitó y nos dijo que ese no era el momento para debatir el proceso sino que era necesario enfilar baterías para garantizar la reelección de Uribe. Es más, nos dijo que existía la posibilidad de una segunda reelección presidencial, y agregó que él esperaba lanzarse a la Presidencia en 2010.

¿En la reelección ustedes los comandantes ayudaron en algo?

Pregúntenle a cada comandante cuánto aportó para la campaña de Uribe porque la mayoría contribuyó con algo.

¿Es cierto que han intentado acercamientos con las autoridades estadounidenses?

No hay ningún tipo de acercamiento, pero pensamos que para que este proceso funcione es necesario, indispensable, el acompañamiento de Estados Unidos.

¿Creen que negociar con Estados Unidos sería la mejor salida para los jefes paramilitares?

Estados Unidos utiliza a Colombia incluidos Ejército, Fiscalía y jueces entre ellos los magistrados de la Sala Penal de la Corte para luego negociar por debajo de la mesa con los acusados de narcotráfico. De allí que, como editorializó El Tiempo en la última semana de septiembre, sería recomendable repensar la extradición y crear una ley de sometimiento a la Justicia que establezca que los bienes pasen al Estado colombiano, pues los colombianos estamos poniendo los muertos y entregando la soberanía, mientras los gringos se quedan con las ganancias del negocio, tal como ocurrió con la fortuna de los hermanos Rodríguez Orejuela. No es justo ni equitativo.

Pero no han respondido la pregunta… ¿Negociar con Estados Unidos es la solución?

Lo que nos pone a reflexionar sobre ese tema es lo que ha pasado con muchas personas, como la cuñada de Johny Cano, que pagaron un tiempo de cárcel aquí y aun así fueron extraditadas. No les quedó otra opción que negociar y en el caso que mencionamos ella ya está libre.

Personas que los conocen de cerca aseguran de que ustedes están reorganizando escuadrones paramilitares mientras definen su situación con la Justicia.

No es cierto. Permanecemos con nuestra pacífica intención de agotar las vías jurídicas y políticas para llegar al final de este tortuoso proceso de paz.

A excepción del Comisionado de Paz, nadie los reconoce a ustedes como paramilitares. ¿Se hicieron paramilitares para escapar de la extradición?

Dentro del marco de negociación política con el presidente Uribe, lo importante es que él, el Comisionado de Paz y nuestro estado mayor nos reconozcan como integrantes de las Auc. Las demás personas no tienen autoridad para decir si pertenecemos o no a las autodefensas.

¿Si se acogen a la Ley de Justicia y Paz estarían dispuestos a confesar todos los delitos que han cometido y a decir la verdad sobre las relaciones de los paramilitares con los políticos, agentes del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios, civiles…?

Cuando tengamos las garantías jurídicas, las que no han tenido nuestros compañeros recluidos en Itagüí, estaremos dispuestos a acatar la Ley. Aún tenemos tiempo porque la Ley 975 de 2005 no establece términos para acogerse a ella.

¿Qué pueden decir sobre las relaciones entre políticos y paramilitares?

Es una realidad. Con el paso de los días el país se llevará varias sorpresas en el tema de la llamada para-política. La clase política hizo preacuerdos con el movimiento paramilitar para la campaña de Uribe. El procesamiento de congresistas evidencia que el fenómeno del paramilitarismo es un engendro del Estado, patrocinado por los más poderosos factores del poder económico, político, militar y social.

A propósito de los políticos investigados por la Corte, ¿están todos los que son?

Todavía faltan muchos y sería importante que también persiguieran a los aliados de las guerrillas.

¿Cómo creen ustedes que puede enderezarse el proceso después de la crisis generada por el traslado de los comandantes a Itagüí?

Que el Gobierno cumpla y que muestre seriedad. Lo que pasa es que el ambiente político y jurídico está nublado y no nos garantiza a los que estamos por fuera el respeto a lo que se acordó en Ralito.

Algunos han planteado la posibilidad de una ley de punto final. ¿Una idea así podría ayudar a la recomposición del proceso?

Las leyes de punto final han demostrado que, a largo plazo, no son viables. Argentina y Chile son un ejemplo. Lo que sí es cierto es que Colombia requiere una emergencia judicial porque los tribunales de Justicia no están capacitados para juzgar la avalancha de denuncias por delitos cometidos por los auxiliadores, coautores y cómplices de la guerrilla, las autodefensas y el narcotráfico. Se necesita una política criminal coherente, lógica y viable. Lo más importante y lo que se busca es la paz del país y nosotros ya pusimos una parte.

Algunos dicen también que ustedes quieren plantear, por medio de influyentes abogados, una ley de perdón y olvido que cobije a guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares. ¿Es cierto ?

Eso lo ha planteado un grupo de congresistas. El primero en pro-ponerla fue Miguel de la Espriella.

No es cierto que nosotros seamos los artífices y propulsores de esa iniciativa, pero en un país tan convulsionado es necesario que todos los grupos al margen de la ley sean tenidos en cuenta para una eventual negociación.

Fuentes de la Fiscalía aseguran que ustedes siguen vinculados a actividades relacionadas con el narcotráfico…

Hemos sido de las personas más claras en la mesa de negociación. Entregamos todos nuestros hombres con sus respectivas armas y regiones para cumplirle al Estado. El Comisionado de Paz es testigo de ello.

Ustedes están ad portas de la extradición por sus vínculos con el narcotráfico. ¿Qué pretenden desde la clandestinidad?

Nuestros procesos de extradición están vigentes pero formamos parte de un proceso que involucra la paz de Colombia y tenemos la mejor voluntad para lograr que sea una realidad.

¿El Comisionado de Paz sigue siendo una figura confiable para ustedes?

El Comisionado ha demostrado ser leal al Presidente y lo sabe hacer muy bien. Los ignorantes hemos sido nosotros.

¿Qué estaría pasando si Carlos Castaño estuviera vivo?

El proceso estaría igual porque el problema no era Carlos Castaño, el problema ha sido el incumplimiento del Gobierno.

SABAS PRETELT RESPONDE

El ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, actual embajador de Colombia en Italia, habló con CAMBIO para referirse a las aseveraciones de los hermanos Mejía Múnera.

CAMBIO: ¿Es verdad que el Gobierno se comprometió con los comandantes paramilitares a recluirlos en granjas agrícolas y de ninguna manera en cárceles?

SABAS PRETELT: Sí, es verdad. Pero no fue el producto de una negociación con ellos. La posición del Gobierno siempre fue la de recluirlos en unos lugares que denominamos como cárceles de Justicia y Paz, es decir, en condiciones especiales y bajo el régimen del Inpec.

¿En algunos lugares en particular?

Sí, con el visto bueno del Presidente y el entusiasmo del Comisionado de Paz, acordamos construir cuatro o cinco lugares que contarían con mucha seguridad. Estarían en Urrá, La Ceja, Magdalena Medio, Cesar y Urabá antioqueño, a donde serían llevados los comandantes según su región.

¿Y en cuanto al compromiso de no extraditarlos?

En este punto la posición del Gobierno fue clara y pública: congelamos las extradiciones si reparan a sus víctimas, entregan bienes, confiesan sus crímenes y van por un tiempo a la cárcel.

¿Mientras tanto, debían usar una manilla o un grillete electrónico?

Sí. La idea era que en las cárceles de Justicia y Paz tuvieran esos elementos para que el Gobierno supiera siempre donde estaban.

Los Mellizos también señalan que usted les habló de la reelección presidencial y de su candidatura para el 2010. ¿Es verdad?

Jamás. Nunca les dije eso. Me parece una infamia que digan eso. Además, a esos señores casi ni los identifico y por lo que sé solo uno de ellos era el que aparecía en Ralito. Estaba en la mesa pero nunca fue interlocutor del Gobierno. Los que llevaban la vocería eran Báez, Mancuso, Jorge 40 y algunas veces Vicente Castaño.

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