Se reagruparon las autodefensas en Bucaramanga

28.12.06

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Un grupo de ex combatientes de las autodefensas que se aislaron del proceso de desmovilización con el Gobierno Nacional, decidió volver a operar en Bucaramanga. Tomaron las armas y reaparecieron tal como lo hicieron en principio los paramilitares: con muertes selectivas, amenazas a la población y las mal llamadas “limpiezas sociales”.

En medio de esa peligrosa situación, viven los habitantes del norte de la capital santandereana, sobre todo los de Altos del Progreso, que en menos de dos semanas denunciaron la presencia de las “Águilas Negras”, que ya actúan en Aguachica (Cesar), Ocaña y La Esperanza (Norte de Santander), e incluso El Playón y el bajo Simacota (Santander).

Según las denuncias, los vecinos de esas zonas tienen que convivir con gente armada, que intimida sobre todo a los consumidores de vicio, a quienes se dedican al rebusque, a los recicladores y a los desempleados.

Así lo denunció también la Defensoría del Pueblo ante la Policía, el Ejército y demás organismos del Estado, porque la situación se agrava teniendo en cuenta que desde mayo existe una alerta temprana de alto riesgo no sólo sobre ese barrio, sino sobre todo el norte, algunos barrios populares de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, por la misma situación.

Ya dan la cara

El 17 de mayo de 2006, el Defensor delegado para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado, lanzó la alerta nacional de riesgo alto, luego de hacerle un seguimiento a los hechos violentos ocurridos en Bucaramanga y el área metropolitana.

Para los primeros meses del año, la aparición de los ex desmovilizados se hizo en los barrios de manera discreta pero “la diferencia es que ahora patrullan armados y amenazan a la gente directamente”, afirmó Ancízar Salazar, defensor del Pueblo (e).

De hecho, líderes comunales del barrio Altos del Progreso, denunciaron concretamente que “pasan con armas por el frente de las casas”.

Esta situación, según el informe de la Defensoría, se sustenta en que falló “la capacidad del Estado para responder a las expectativas de los excombatientes y ello se refleja en los hechos violentos ocurridos entre febrero y marzo.

“Las deficiencias que ofrece la política de desmovilización del Gobierno Nacional brindan a los ex combatientes de los grupos paramilitares una justificación para continuar sus acciones que de no controlarse se desbordarán”, dice el Defensor delegado.

El pasado 22 de diciembre, el Comandante de la Quinta Brigada, de la Policía, del DAS y demás organismos de la fuerza pública, fueron notificados de la situación.

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