El aliado de Bush se atrinchera en Colombia

26.05.06

Según las encuestas realizadas en las últimas dos semanas, Uribe, con una intención de voto de 56%, es favorito para ganar un segundo período, mientras que el segundo lugar lo disputarían el liberal Horacio Serpa (15%) y el izquierdista Carlos Gaviria (13%).

“Ni izquierda, ni derecha, democracia moderna. Ni comunismo disfrazado, ni neoliberalismo, democracia pluralista, con debate fraterno, con economía privada, cristiana, fraterna en las relaciones de producción”, resumió Uribe su propuesta de gobierno. En 2002 su discurso era “seguridad democrática” y eliminación de los grupos insurgentes en 18 meses.

El principal tema de las elecciones, según algunos analistas, es la seguridad y el empleo, y se destaca que la mayoría de la población desconoce las propuestas de los candidatos opositores sobre estos temas. El Tratado de Libre Comercio firmado por el gobierno con Estados Unidos, no convoca a los votantes, pese a que ahora el gobierno ha “descubierto” que en la traducción al inglés, se han agregado concesiones que no se habían negociado.

Con una sociedad militarizada, prácticamente intervenida por los asesores norteamericanos e infiltrada por los grupos paramilitares que se han encargado del trabajo sucio en la última década, el gobierno de Uribe puede vanaglorizarse de haber logrado reducir el número de homicidos, secuestros y atentados. A la vez, se ha beneficiado del retorno – según muchos analistas – de las inversiones del narcotráfico, que además tienen ahora la posibilidad de legalizar parte de ellas, cuando los grupos paramilitares concluyan la llamada desmovilización.

Este repunte de la economía, registrado más que nada en el crecimiento del Producto Bruto Interno y la reducción de la deuda pública, no ha logrado abatir los altos índices de desempleo ni la pobreza.

En las 13 principales ciudades el índice de desocupación se sitúa en 15,10 por ciento y en el total nacional, en 13,10 por ciento, mientras que el 60 por ciento de la población está en la franja de pobreza.

En este primer trimestre del año, la economía creció un 5,37 por ciento, el mayor aumento para ese período desde 1999.

Este repunte económico, que algunos advierten puede ser coyuntural, está montado sobre un aparato del Estado autoritario y represivo, que no ha dudado en confeccionar lista de sindicalistas molestos que eran entregadas a los grupos paramilitares del narcotráfico, encargados de eliminarlos.

¿Un narcoestado?

Hace pocas semanas, el ex jefe de informática del Depatamento Admistrativo de Seguridad (DAS) Rafael García, detenido por haber borrado de los archivos expedientes de varios jefes de los grupos paramilitares y narcotraficantes, acusó al ex director del organismos, Jorge Noguera, de organizar fraude electoral, involucrarse en una conspiración para asesinar al presidente de Venezuela Hugo Chávez, y de confeccionar listas de sindicalistas que eran entregadas a los paramilitares que los ejecutaban o hacían desaparecer.

Noguera estaba ejerciendo como cónsul en Milán, Italia, y hace poco días regresó por su voluntad al país para enfrentar los cargos. El gobierno ha guardado un prudente silencio.

Las denuncias, muchas ya confirmadas por otras fuentes, están siendo investigadas por el fiscal general, pero existen serias dudas que concluya con algún éxito.

Está claro que la estructura del Estado colombiano está “infiltrada” por los grupos paramilitares del narcotráfico, que incluso tienen representación parlamentaria, y no siempre encubierta.

Aunque algunos medios han destacado que en las elecciones parlamentarios de marzo, algunos de los legisladores voceros de los paramilitares no lograron su reelección, muchos otros sí lo hicieron y es probable que hayan sido electos nuevos representantes de este poderoso sector de la sociedad colombiana.

Pero además de haber infiltrado a DAS, mantener legisladores, legalizar ahora fortunas y establecer grupos de seguridad privados, se ha detectado también influencia de estos grupos en la justicia, el ejército y la policía.

Cuando los grupos de las “autodefensas” u otras similares no cumplen su papel de exterminio, el ejército asume sin complejos esa tarea. Ahora, la denominada justicia militar ha decidido “investigar” las denuncias de que por lo menos 30 campesinos desaparecidos, fueron ejecutados por los militares y presentados como guerrilleros muertos en combate.

La alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía, la Procuraduría y la ONU, denunciaron que en los últimos 15 meses se habrían cometido en Antioquia unos 30 asesinatos de civiles, que fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combates. Los hechos ocurrieron en Antioquia, e involucran a soldados de la IV Brigada, la guarnición militar que se considera el eslabón previo para que los generales asciendan a la comandancia general.

Según la denuncia, no se trata de casos aislados, sino de una tendencia general. De esta manera, el ejército se apunta éxitos en su guerra contra la guerrilla, y hasta cobra recompesas.

Durante el gobierno de Uribe han sido asesinados 136 ex miembros de la disuelta Unión Patriótica, han desaparecido 38 de sus antiguos militantes y otros 28 han sobrevivido a atentados contra su vida.

Por otra parte, Colombia es uno de los lugares más peligrosos en el mundo para los periodistas. En la “seguridad democrática” del presidente Uribe, los periodistas son un blanco fácil.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) las violaciones a la libertad de prensa en Colombia aumentaron de manera importante en los primeros cuatro meses de este año, en comparación con el mismo periodo en 2005, especialmente por una serie de ataques a periodistas previo a las elecciones parlamentarias de marzo.

La FLIP registró 42 violaciones a la libertad de prensa de enero a abril de este año, en comparación con 27 en el mismo periodo del año pasado. Las amenazas contra periodistas constituyen la mayoría de las violaciones (27) y el número más elevado de violaciones ocurrió en las regiones de Santander y Cundinamarca; ésta incluye la capital, Bogotá.

En Santander, en que hay siete casos en los que periodistas amenazados por hacer su trabajo habían estado investigando cuestiones relacionadas con los grupos paramilitares en la zona. Según la FLIP, hay evidencia que sugiere que los grupos paramilitares – activos y des-movilizados – también fueron el origen de amenazas en otras regiones del país.

Los objetivos fueron en su mayoría periodistas que investigaban los antecedentes de los candidatos electorales o los temas relacionados con las campañas políticas.

Finalmente hay que recordar que en Colombia hay al menos 3 millones de desplazados reconocidos, y quizás varios millones más no reconocidos; desde hace 15 años se producen entre 70 y 90 muertes violentas anuales por cada cien mil habitantes, lo que en los últimos años arroja cifras cercanas a 30.000 por año, y que de éstas, cerca de la tercera parte tienen sus móviles en el conflicto social y político; además, se estima en más de 4000 el número de desaparecidos que se acrecientan cada año en varios centenares.

“Mano dura, corazón grande”

En las anteriores elecciones, Uribe se definía como un candidato de “mano dura, corazón grande”, porque iba a terminar con la guerrilla y atender a los problemas sociales.

En medio de aquella campaña se editó un libro de biografía no autorizada “El señor de las sombras” escrito por un corresponsal de la revista Newsweek, Joseph Contreras.

Allí quedaban al descubierto los vínculos de su familia con el narcotráfico, así como los servicios prestados por él mismo a los carteles de la droga, y sobre todo sus simpatías y servicios a la estrategia paramilitar del Estado, así como sus amistades con los principales impulsores y financiadores de escuadrones de la muerte y su desempeño, desde la Gobernación del departamento de Antioquia (1995- 1997), como promotor de una forma de paramilitarismo legalizado que fueron las Cooperativas de Seguridad, paradójicamente llamadas Convivir.

Sin embargo, nada de ello impidió su triunfo electoral entonces, no parece detenerlo ahora, ni ha impedido que el gobierno de Estados Unidos lo siga considerando un aliado fiel y confiable, especialmente como punta de lanza contra el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.

Mientras Uribe continúe recibiendo ayuda militar por el llamado “plan Colombia” que incluye la posibilidad de enviar soldados norteamericanos a ese país para combatir la guerrilla, según se denunció la semana pasada en el Congreso norteamericano, mantenga su beligerancia contra Venezuela – aunque no puede lanzarse a un choque por los enormes vínculos comerciales – a Estados Unidos poco le importa los vínculos del presidente colombiano con los paramilitares y el narcotráfico.

Legalizando fortunas

Desde la asunción de Uribe, denunciado por sus vínculos con el Cartel del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, los grupos paramilitares del naroctráfico han iniciado un proceso de legalización de sus fortunas y de sus actividades políticas. Todos los grupos de las llamadas autodefensas que han negociado con el gobierno el llamado plan de desmovilización, consideran que las garantías para incorporarse legalmente a la vida política, legalizar las fortunas adquiridas con el narcotráfico, la extorsión, robo o expropiación de tierras, están en la reelección del presidente.

El delegado del gobierno para las negociaciones con los grupos en armas, Luis Carlos Restrepo, fue claro en ese sentido cuando el pasado año las negociaciones con las autodefensas parecían estancarse.

En una de las reuniones con los jefes paramilitares en Railito, cuando estos le preguntaron que garantías iban a tener en el futuro, en un eventual cambio de gobierno, de que los acuerdos serían respetados, Restrepo les dijo que la garantía estaba en la reelección de Uribe. Desde entonces no han dejado de hacer campaña por la reelección.

Alfredo Molano Bravo, sociólogo, periodista y escritor, especializado en los temas del narcotráfico – más de una vez debió abandonar Colombia por las amenazas contra su vida – no duda en acusar a Uribe de materializar la venganza del cártel de Medellín contra el cártel de Cali.

En una entrevista con Liberación unos meses atrás, dijo que Uribe extraditó a Estados Unidos a los hermanos Rodríguez Orijuela, jefes del cártel de Cali. Investigaciones periodísticas, y documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, de 1991, revelan contactos del entonces gobernador Alvaro Uribe, con el cártel de Medellin encabezado entonces por Pablo Escobar.

“Uribe está trabajando como apoyo en una guerra de venganza del cártel de Medellín contra el cártel de Cali” asegura Molano. “En el pasado, cuando el gobierno respaldó al cártel de Cali contra el de Medellín, fue cuando se dió muerte a Pablo Escobar. Ahora, la mayoría de los jefes del narcotráfico que están siendo extraditados a Estados Unidos pertenecen al cártel de Cali, mientras que los jefes del cártel de Medellín, son los que están sentados en la mesa de negociaciones como jefes de los grupos paramilitares” subraya.

Molano que ha dedicado una buena parte de sus investigaciones al fenómeno del narcotráfico señala que la mayoría de los jefes paramilitares están metidos en el narcotráfico. “En la mesa de negociación de Railito con el gobierno, hay 17 jefes, todos ellos están comprometidos con el narcotráfico y han amasado grandes fortunas que pretenden legalizar con la ley presentada por el gobierno”.

Y, según explica, se trata enormes fortunas que inciden en la vida económica y política del país. En ese sentido recuerda un estudio de la Universidad de los Andes, que no es para nada una universidad de izquierda, en que se calcula que los paramilitares han acumulado en su poder unas 4 millones de hectáreas.

Pero no son sólo esos intereses, recuerda, también está el dinero depositado en la banca, en la industria, en los bienes inmuebles.

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