Sectores colombianos exigen castigo a políticos involucrados con el paramilitarismo

30.01.07

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Diversas reacciones se tejen en torno a la decisión del gobierno colombiano de separar de su cargo al coronel Hernán Mejía, por presuntos vínculos con los paramilitares. Algunos sostienen que ésta, es apenas, “una muestra de los cientos de casos en los que la fuerza pública y los paramilitares han actuado con mutuo apoyo”.

Hasta el pasado jueves, el Comandante del Batallón La popa de Valledupar en la costa norte colombiana, coronel Hernán Mejía, era considerado por sus superiores como un destacado oficial en la lucha contra insurgentes. Sin embargo, horas después, el ministro de Defensa anunciaba al país los cargos por los que el militar fue separado de su cargo.

‘’Vínculos con el paramilitarismo, violaciones de derechos humanos, casos de bajas que podrían no ser el resultado de operaciones militares y actos de corrupción’’, dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el pasado 26 de enero.

Trascendió a los medios, que en octubre de 2005, el coronel Mejía habría presentado los cadáveres de 15 hombres como integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) muertos en combates con el ejército.

Según reporte de Vladimir Carrillo, corresponsal de TeleSUR en Colombia, en realidad se trataba de paramilitares de Jorge 40 asesinados en una purga al interior de esa organización con la que el oficial estaba supuestamente aliado.

Para el senador Gustavo Petro, esta es apenas, una muestra de los cientos de casos en los que la fuerza pública y paramilitares han actuado en mutuo apoyo.

‘’Hay miles de militares, de policías de alta graduación, decenas de senadores y de congresistas, miles de políticos de los partidos tradicionales y del establecimiento, miles de empresarios que apoyaron ese estilo de régimen mafioso, que inundó el país de muertes, de masacre, de genocidios’’, señaló Petro.

Eric Arellano, es familiar de uno de los más de 7 mil desaparecidos en Colombia. En el asesinato de su madre, ‘’como en muchos de esos casos’’, aseguró que estuvieron comprometidos ‘’miembros del ejercito, organismos de seguridad e inteligencia del Estado o de la policía’’.

‘’Ella fue desaparecida por miembros de la brigada 13 de inteligencia y contrainteligencia militar Charry Solano. Nosotros encontramos sus restos 3 años después en una fosa común y a partir de ahí pudimos entablar una denuncia en contra del Estado colombiano, en la cual resultó responsable un general de la república’’, denunció Arellano.

Pare Eric, como para los analistas, además de separar del cargo al coronel Mejía, el gobierno debe asegurarse de que sean juzgados, no con la ley militar sino por la justicia ordinaria.

‘’Que sea la Fiscalía General de la Nación la que investigue estos casos de corrupción o de asesinatos o de relaciones con los grupos paramilitares, para garantizar una mayor transparencia, una mayor independencia, una mayor celeridad en los juicios a los miembros de la fuerza publica’’, sostuvo Alfredo Rangel, analista político.

Las organizaciones de víctimas por su parte, esperan que el caso de coronel Hernán Mejía sea el comienzo del destape de los lúgubres nexos entre miembros de la fuerza pública y el paramilitarismo, y que no se convierta simplemente en oportunidad mediática para que el gobierno obtenga dividendos políticos en un momento de crisis institucional.

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