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5.03.07
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Ese trabajo, que ya empezó en Caquetá, hace parte de la reestructuración que en política de derechos humanos está haciendo el Ministerio de Defensa.
La nueva estrategia, en cabeza del general Freddy Padilla De León, comandante de las Fuerzas Militares, pretende solucionar los inconvenientes que generan episodios relacionados con la actividad de las tropas en ejercicio de sus funciones.
Un caso
El 27 de febrero de 2003, una contraguerrilla del Ejército que llevaba dos semanas patrullando por el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá) llegó hasta la finca de doña Encarnación Benavides. Como ella no se encontraba, el comandante de la unidad, por iniciativa propia, decidió matar una de sus vacas para alimentar a sus hombres.
A pesar de que el teniente esperó a doña Encarnación para darle el dinero del animal (unos 600 mil pesos), la señora se negó a recibirlo, viajó durante dos días hasta la ciudad Florencia y denunció a los uniformados ante la Defensoría del Pueblo por abuso.
Este y casos similares que se repiten a menudo en zonas rurales y extremadamente apartadas de los cascos urbanos, tienen a partir de la fecha un tratamiento especial por parte de la Fuerza Pública.
Militares, a dialogar
Por ahora, los Centros de Conciliación, que se asemejan a los Jueces de Paz del Ministerio del Interior, fueron instalados en áreas de alto impacto armado, como la zona de operaciones del otrora Plan Patriota, ahora Plan Consolidación.
En municipios de Caquetá, Meta y Guaviare, estos puntos tienen un oficial encargado (capitán o mayor), que tiene especialidad en Operaciones Sicológicas y ha manejado trabajos con la comunidad a lo largo de su carrera, para que sea el puente entre la población civil y los demás integrantes de su unidad militar.
Para el general Padilla, este paso que han dado las Fuerzas Militares es indispensable para demostrar que los soldados, incluyendo oficiales y suboficiales, sí tienen una política de defensa de derechos humanos y se han esmerado para prepararse en el tema.
“Conciliar es mucho más productivo que ir a procesos que tarde o temprano terminan en una reparación e indemnización. Esto acelera los procesos y le da garantías a la población civil”, señala una de las abogadas que trabaja el tema en el Ministerio.
Así mismo, estos Centros permitirán que las quejas no se queden solo en eso, como ha ocurrido con denuncias que aún tiene la Defensoría del Pueblo sobre hechos ocurridos en poblaciones de Antioquia, Arauca y Caquetá, entre 1998 y 2004.
En el caso de doña Encarnación, ella solo pretendía que el Ejército le devolviera su vaca viva. Según ella, la plata no le servía. En últimas, tuvo que esperar cinco meses para la reposición.
Por eso, los Centros también estudian la idiosincrasia de la comunidad para conciliar. Por ejemplo, el Ejército elaboró cartillas de comportamiento de los indios Coguis, para que el soldado no vulnere sus creencias.
Casos comunes para conciliar
* Los helicópteros del Ejército y la Fuerza Aérea con frecuencia levantan los tejados de casas y ranchos ubicados en los sitios que se utilizan para aterrizar. * En zonas alejadas de los cascos urbanos, las tropas necesitan comprar ganado, cerdos y gallinas para alimentarse, pero en oportunidades no es fácil negociarlos con la población. * Por desconocimiento, los soldados emplean términos o utilizan procedimientos que para las comunidades indígenas son violación de sus creencias y costumbres.