Cuatro millones de balazos

21.03.07

www.eltiempo.com

El caso de Chiquita Brands da lugar a la exploración de la responsabilidad de grandes capitales en el conflicto.

Aplausos para la defensa de la Chiquita Brands Inc. Hay que tener mucha imaginación y ningún escrúpulo para alegar ignorancia en los usos que se le dieron al dinero que, por el concepto de “protección”, la compañía les pagó, de “buena fe”, a las Farc y al Eln durante los años 90, o de las contribuciones que por 1,7 millones de dólares le hicieron a las Auc a partir del año 1997, en plena campaña de ‘pacificación’ del Magdalena Medio.

No se entiende cómo la investigación concluye con una multa irrisoria, cuando está claro que ese dinero no fue entregado en donación, ni las organizaciones involucradas eran entidades de caridad, sino grupos terroristas calificados así por el gobierno estadounidense, en franca violación del ‘Patriot Act’, de toda suerte de disposiciones administrativas y de la vieja política de no negociar con terroristas.

Tampoco se ha descartado que los tratos hubieran hecho parte de una serie de transacciones que involucrarían la participación de la compañía en el negocio del narcotráfico, si se comprueba que tenía conocimiento de que se transportaba droga en los contenedores de banano.

Igualmente está por establecerse si esos pagos a grupos armados ilegales, que eran las autoridades de facto en la zona, podrían haberse constituido en una forma de evadir impuestos y acceder libremente a los puertos, lo que les habría garantizado grandes beneficios en el manejo aduanero de sus exportaciones.

Chiquita Brands Inc. tiene una larga tradición de manejos turbios en América Latina. Los preservó para la memoria García Márquez en Cien años de soledad al recordar la “masacre de las bananeras” ocurrida en Ciénaga en diciembre de 1928, a raíz de las protestas de los trabajadores de la United Fruit Company, predecesora de Chiquita, que se alzaban contra las pobrísimas condiciones laborales.

Se cree también que la empresa patrocinó a la CIA en el propósito de derrocar al gobierno ‘anticapitalista’ que amenazaba sus intereses en Guatemala en los años 50 y se la relaciona además con una serie de pagos indebidos a un presidente de Honduras en los años 70.

Este caso no solo abre un nuevo capítulo en el proceso de Justicia y Paz y da lugar a la exploración de la responsabilidad de grandes capitales económicos en el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Es, además, una oportunidad magnífica para destapar la olla podrida de las compañías que impunemente se han enriquecido a precio de sangre.

Seguimos callando ante al genocidio del pueblo u’wa, enfrentado contra el poderoso lobby del petróleo por la defensa de sus territorios ancestrales. Seguimos a la espera de conocer la participación de los bancos en el lavado de miles de millones de dólares del narcotráfico cada año. Este caso debe convertirse en el principio de una historia que revele con propiedad los móviles económicos de la contrarreforma agraria en Colombia. La causa contra el Riggs Bank por lavado de activos en favor del dictador Pinochet es un ejemplo que hay que seguir.

Fíjense, ustedes. Chiquita Brands Inc., a través de su filial Banacol, importó y almacenó un container con 3.400 fusiles y cuatro millones de cartuchos para la guerra, según ellos para “proteger la vida de los empleados”. Esos son cuatro millones de balazos que despedazaron a Colombia entera y desataron una oleada de terror y de violencia que dio origen a una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La justicia no puede guardar silencio.

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