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3.06.08: Farc liberan a dos secuestrados
28.05.08: Congreso colombiano investiga a Uribe por caso de soborno a ex congresistas
15.05.08: Sobrevivientes de masacre en Ecuador: Uribe acabó con esperanzas de miles de colombianos
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13.05.08: Jefe paramilitar asegura que todas las bananeras les pagaron ''impuestos'' a las AUC
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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24.05.07
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, propuso este martes excarcelar a los paramilitares desmovilizados que confiesen “delitos atroces” contra la humanidad, por lo que solicitó al país “reflexionar” sobre la propuesta y abrir un debate público para evaluarla.
Aseguró que el planteamiento no busca su “beneficio personal” y que no implica dar amnistía o indultar a los ex combatientes de los grupos de extrema derecha que operan en ese país suramericano.
“Creo que sin amnistiar y sin indultar, en caso de delitos atroces, nos tenemos que preparar para darle el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad, y esa confesión sea aceptada por los jueces de la República”, indicó el jefe de Estado colombiano.
De concretarse, este beneficio podría arropar a los legisladores detenidos y acusados de tener nexos con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
También beneficiaría a quienes han apoyado la concreción de esos delitos y a todos los grupos de políticos y empresarios, que presuntamente estarían vinculados con los paramilitares, según las más recientes declaraciones del ex jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, apegado a la Ley de Justicia y Paz.
Según esta legislación promovida por la administración de Álvaro Uribe, los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes contra la humanidad, pagarán un máximo de 8 años de cárcel.
En la actualidad, la justicia colombiana tiene tras las rejas a 13 congresistas y 2 gobernadores, acusados de mantener vínculos con las AUC y que además son investigados bajo el cargo de concierto para delinquir.