Miles de personas salen a las calles en todo el país para exigir más inversión social

31.05.07

El Tiempo

Las protestas se repitieron. Una semana después de que el país entero viviera una jornada de paro y manifestaciones en las principales ciudades, educadores, estudiantes, padres de familia y sindicalistas volvieron a tomarse las capitales del país.

La razón fue la misma del pasado 23 de mayo: la inconformidad por la reforma a la ley de transferencias. La norma que ha provocado tantas discusiones es la que distribuye los ingresos de la nación para educación, salud y saneamiento básico a los municipios colombianos.

Sin embargo, el presidente Álvaro Uribe Vélez no lo ve así. Por el contrario, en la noche de este miércoles repitió que no habrá recortes para la educación y se comprometió a seguir saneando financieramente las universidades públicas.

Maestros: “Si el gobierno no modifica la reforma a las transferencias, seguimos en paro”

Para el Jefe del Estado, se trata de una manipulación de parte de sectores políticos. “Lo que me parece grave es que algunos políticos involucrados en la educación, en sindicatos, quieran desorientar a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia”, señaló el Mandatario.

El presidente no alberga dudas. Por eso, manifestó que detrás del paro de los maestros y de las protestas de los últimos días hay políticos que quieren desorientar con “mentiras”, como aquella de que el Gobierno Nacional pretende recortar las transferencias y los recursos para la educación.

Según los marchantes, la reforma a dicha ley disminuye la inversión en esos rubros y ellos han asumido una lucha para incrementarla. Con la idea de hacerse sentir, unas 2 mil personas salieron caminando el pasado domingo desde Honda, Girardot, Villavicencio y Tunja hacia Bogotá.

Mientras los caminantes pasaban por las localidades que quedaban en el camino hacia la capital, hablaban de su causa y recogían adeptos. Finalmente, llegaron este miércoles unas 6 mil personas provenientes de toda Colombia.

En Bogotá, se reunieron para hacer siete manifestaciones y confluir todos por la tarde en la Plaza de Bolívar, mientras la Cámara realizaba el séptimo de ocho debates para aprobar el proyecto de transferencias. El panorama era glorioso. La plaza estaba llena. En total, se aglomeraron cerca de 100 mil personas sólo en Bogotá y se estima que cerca de medio millón de manifestantes se hicieron notar en el resto del país.

Para prevenir desastres, la Policía puso a disposición 2.000 hombres que estuvieron vigilantes por las calles de Bogotá y la Secretaría de Educación ordenó no dictar clases en los colegios públicos.

Sin embargo, no faltaron los incidentes. La primera queja fue el caos del tránsito, toda vez que fueron cerradas las principales vías en diversas ciudades. Para completar, se presentaron algunos incidentes donde manifestantes y policías se enfrentaron, pero sin saldos trágicos.

Fue tal el orden, que el propio comandante de la Policía de Bogotá, coronel Rodolfo Palomino, calificó la jornada como exitosa. “Hay que reconocer buen comportamiento de los marchantes y los hombres de la institución. No falta que a veces se incorporan vándalos que intentan dañar la marcha, pero fueron casos aislados. Califico como un éxito esta jornada. No tenemos asuntos qué lamentar, fuera del tráfico. El balance es satisfactorio”.

En realidad, el comportamiento fue sorprendente para semejante oleada de manifestantes. Según Raúl Arroyave, secretario de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la buena conducta se debe a la organización de ese sindicato.

“Tenemos una estructura sindical con comités en todos los barrios y comunas. Damos orientaciones y tenemos control interno que se encarga del orden y la disciplina. Todo esto recae sobre responsables para monitorear el comportamiento”, explica.

¿Por qué marcharon?

A diferencia de la jornada de las marchas del pasado 23 de mayo, que tampoco generó desastres, esta tuvo un nuevo elemento. La noche del martes, el gobierno y la Comisión Primera de la Cámara acordaron un incremento de 2 billones de pesos para invertir en educación entre 2008 y 2016.

Según los congresistas y el gobierno, aquella suma servirá para ampliar la cobertura en educación en los municipios del país. Sin embargo, Witney Chávez, presidente de Fecode, asegura que no es suficiente y que aquel monto distribuido en ocho años y para tantas localidades termina siendo muy poco.

A grandes rasgos, el proyecto que está aprobando el Congreso consiste en destinar para inversión social un porcentaje de los ingresos nacionales equivalente a la inflación anual más 4 puntos porcentuales de ese total. Esos cuatro puntos disminuirían con el paso de los años hasta llegar a 3 puntos en 2016.

El proyecto inicial hablaba de empezar con 2,5 puntos adicionales, en vez de 4, como está ahora. Chávez dice que los constantes diálogos, marchas, paros y manifestaciones han ayudado para que suban esos puntos, que representan más dinero para la inversión social en los municipios.

“Así como hemos logrado ese incremento, queremos que llegue hasta 6 puntos. Mientras el proyecto siga discutiéndose en el Congreso, no volveremos a clase si no se logra ese aumento”, explica. Sin embargo, si el proyecto es aprobado como está, “no tenemos más remedio que seguir con nuestras labores”, agrega.

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