Se aprobó paseo de la muerte en el congreso colombiano

14.06.07

El régimen político que impera transitoriamente, propende trasladarles a los colombianos la crisis generada por el saqueo a la riqueza nacional, que la oligarquía y los para-terratenientes usufructúan, por un lado, y también por la política de agresión estatal al pueblo y a los trabajadores; por otro, agudizada por la dominación imperialista a través del capital financiero transnacional que ilegítimamente tiene endeudado a los países dependientes, se aprobó en el Congreso Colombiano el paseo de la muerte con la contrarreforma a la Cosntitución Política Colombiana al reducir las transferencias a salud, educación, agua potable y saneamiento básico.
Escribe Athemay Sterling.

El régimen político que impera transitoriamente, propende trasladarles a los colombianos la crisis generada por el saqueo a la riqueza nacional, que la oligarquía y los para-terratenientes usufructúan, por un lado, y también por la política de agresión estatal al pueblo y a los trabajadores; por otro, agudizada por la dominación imperialista a través del capital financiero transnacional que ilegítimamente tiene endeudado a los países dependientes, se aprobó en el Congreso Colombiano el paseo de la muerte con la contrarreforma a la Cosntitución Política Colombiana al reducir las transferencias a salud, educación, agua potable y saneamiento básico.

En este sentido el régimen político actual, a través de toda la bancada uribista en el Congreso, mediante la presentación y aprobación del Acto Legislativo 011/06 (*) de contrarreforma constitucional, es proclive a la reducción de las escasas transferencias a las entidades territoriales, cuyo recorte presupuestado para la siguiente década sobrepasaría la suma de 57 billones de pesos, según indicaron voceros de una Conferencia de Gobernadores en 2006, agudizando la catástrofe humanitaria en salud y educación, y también en agua potable y saneamiento básico, fortaleciendo la tendencia neoliberal de convertir los derechos en meros servicios, o más claro, privatizándolos, en favor del capital financiero y en contra de la población colombiana.

Es de recordar que las transferencias representan el 80% del ingreso para más de la mitad de los Departamentos, entre el 60% y 80 % para otros 12, el 40% para Bogotá, que al ser reducidos sus ingresos, se recortaría necesariamente el derecho a la salud, educación, agua potable (léase la vida) y el saneamiento básico de toda la población colombiana.

Mientras todo esto ocurre, aumenta vertiginosamente el gasto en seguridad, léase guerra, otro tanto en el pago del servicio de la deuda pública nacional, y lo peor, billones reservados para el protagonismo del ejecutivo, con ánimo nuevamente reeleccionista, para repartirlos en auxilios disfrazados en los consejos comunitarios de campaña electoral anticipada, repartiendo atenciones de premio a burgomaestres locales, vulnerando el principio de la igualdad ante la ley y las autoridades, discriminando a aquellos que no son de su simpatía.

Perpetuando, con este Proyecto de Acto Legislativo ya aprobado en contravía a los derechos de la población y la desvinculación de las transferencias de los ingresos corrientes de la nación, quedan arrasados los principios constitucionales de concurrencia, solidaridad y complementariedad, privando a los habitantes del campo y de la ciudad del ejercicio real de los derechos humanos que el Estado se ha comprometido no sólo difundir, promover sino defender, formalmente, pero que en realidad vulnera, empeorando la vida de los ciudadanos y residentes colombianos.

Es como si el Estado no existiera para quienes producen la riqueza socialmente, sino para quienes se apropian privadamente de ella. Es la más clara manifestación de la esencia de la explotación capitalista.

Los recursos destinados constitucionalmente para que la vida intente ser digna, son arrasados en beneficio de la guerra, en contra del intercambio humanitario, en beneficio del capital imperialista y transnacional, en contra del desarrollo y soberanía nacionales, a favor del autoritarismo y terrorismo estatal, en contra de las libertades democráticas, el Proyecto de Acto Legislativo 011/06 es contra la paz y la justicia social.

La reducción de los ingresos a cada Departamento en el transcurso comprendido entre 2008 y 2016, por este zarpazo, denominado Proyecto de Acto Legislativo 011 “por medio del cual se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución Política” se discrimina así:

Amazonas: -206.015; Antioquia: -5.678.333; Arauca: -388.217; Atlántico: -1.888.886; Bogotá: -4.571.875; Bolívar: -2.553.873; Boyacá: -2.252.057; Caldas: -1.183.185; Caquetá: -701.144; Casanare: -542.216; Cauca: -1.791.006; Cesar: -1.276.489; Chocó: -972.033; Córdoba: -2.028.524; Cundinamarca: -2.821.749; Guainía: -113.204; Guajira: -857.697; Guaviare: -274.889; Huila: -1.363.432; Magdalena: -1.660.233; Meta: -1.040.255; Norte Santander: -1.660.166; Nariño: -2.305.464; Putumayo: -626.175; Quindío: -615.730; Risaralda: -932.728; San Andrés: -101.400; Santander: -2.548.472; Sucre: 1.200.009; Tolima: -1.695.876; Valle del Cauca: -3.631.829; Vaupés: -120.263; Vichada:240.380.

De acuerdo a este estimativo los Departamentos perderían 19 billones de pesos, los Municipios 31 billones de pesos, y la población urbana y rural no podría vivir con dignidad al serle arrebatados sus derechos a la salud, la educación, agua potable y saneamiento básicos, agravando el conflicto social y profundizando la catástrofe humanitaria en Colombia. VOZ

athemaysterling@usc.edu.co

(*) http://209.85.165.104/search?q=cache:enVoUaWQIGYJ:www.unilibre.edu.co/ulcadiz/Art%C3%ADculos/Proyecto%2520de%2520Acto%2520Legislativo.doc+Acto+legislativo+011+de+2006&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=co

[Athemay Sterling/VOZ/Colombia]

fuente: Anncol 14/06/2007
http://www.anncol.org/es/site/doc.php?id=3151

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