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12.08.06
www.eltiempo.com
A 30 días de la llegada de decenas de familias al parque de Bosa, en el suroccidente de Bogotá, no hay claridad en las peticiones ni en las acciones del Estado.
Poco a poco han salido aquellos que dejaron sus piezas en arriendo y los hijos mayores a cargo de los menores. También se fueron muchos de los que metieron sus cuerpos en la tierra.
Quedan los más necesitados, los que piensan que ya no pueden perder más. Los que apenas tienen su propio testimonio. Los que no saben ni siquiera quién es el líder de la protesta, ni les importa.
Solo imaginan que estar allí, es mucho mejor que sentarse con la familia en una esquina a pedir limosna.
Han partido poco a poco también los niños, dejando esos amiguitos que hicieron en las últimas semanas durante incontables partidos de fútbol.
Queda un anillo de seguridad, donde el que sale no puede regresar. Quedan los baños portátiles, menos congestionados y la ambulancia de la Secretaría de Salud, siempre de turno. Quedan el fogón de leña y un televisor, siempre prendidos. Queda la ceniza y el eco de una noticia que perdió impacto.
Hoy, al cumplirse un mes de la toma del parque de Bosa por centenares de familias desplazadas, para reclamar soluciones de vivienda y proyectos productivos, quedan mantos de duda sobre algunos líderes de la protesta – que además mantienen posiciones divididas -, tras ser acusados de utilizar a menores de edad como escudos humanos durante los choques con la Policía, y de manipular a las familias en favor de intereses particulares.
Quedan los intentos frustrados por instalar la mesa de negociaciones, y las cifras de cada una de las partes.
Quienes se atribuyen la vocería de la jornada todavía hablan de 25 millones de pesos por grupo familiar, como condición para salir de allí. De esta cifra, 15 millones de pesos como subsidio de vivienda
y el resto como capital semilla.
Y quedan las cifras del programa Acción Social, de la Presidencia de la República, cuyo registro indica que casi el 60 por ciento de estas familias ya reciben algún tipo de asistencia en subsidios para educación y nutrición, y que muchos de ellos ya están inscritos para recibir el subsidio de vivienda.
El Distrito, por su parte, mantiene su decisión de destinar recursos para financiar viviendas a familias en situación de desplazamiento.
“El Distrito – afirma el Alcalde Luis Eduardo Garzón – tiene garantizados 1.300 millones de pesos, pero no sabemos dónde ubicarlos porque la ciudad no tiene suelo, y además, estamos esperando la posición del Gobierno Nacional”.
“En los últimos meses – agrega -, la inmigración a la ciudad ha subido de manera preocupante y eso requiere, al margen de lo de Bosa, verdaderas políticas de choque”.
Queda el pronunciamiento del representante a la Cámara Venus Albeiro Silva, muy cercano a esta comunidad y hoy amenazado por sus críticas a los organizadores de la protesta.
“Resulta muy difícil entender esta protesta – dice Venus Albeiro – porque uno advierte que se cruzan intereses oscuros, sin embargo, yo estoy dispuesto a participar de la negociación. En todo caso, creo que los desplazados se equivocaron de parque, porque han debido tomarse el de la 93, en el norte, y no el de Bosa, en el sur, un sitio que a nadie le importa”.
Queda todavía la duda sobre cómo va a resolverse esta protesta.
Cifras
31.061 familias desplazadas – 120.059 personas – viven en Bogotá, según la Secretaría de Gobierno. Codhes registra un total de 259.195 habitantes.
400 son las personas en situación de desplazamiento que, después de un mes, participan aún en la toma del parque de Bosa.
48,3 por ciento de hogares salió de áreas vecinas: Tolima (27,6 por ciento), Cund. (10,8) Meta (8,7) y Boyacá (1, 2), según estudio de la U. Javeriana.
77,2 por ciento de los desplazados vive en hogares de 5 y más personas; un 48 por ciento reside en inquilinatos, sobre todo en una pieza.
14,5 por ciento crecieron los desplazados
A Bogotá le llegan 50 personas desplazadas por día. Y esa población, que por el conflicto armado abandona forzosamente sus tierras y busca en la capital nuevas oportunidades de vida, al parecer seguirá creciendo.
Por lo menos, esa tendencia fue advertida en el 2005, cuando la población desplazada que llegó a la capital aumentó en un 14,5 por ciento.
Esta es una de las conclusiones del estudio ‘Protección social en salud para el desplazamiento forzado en Bogotá’, realizado por la Universidad Javeriana, la Secretaría Distrital de Salud y la Fundación de Atención al Migrante.
El estudio fue realizado en el 2005 y para el mismo fueron encuestadas 400 familias desplazadas (2.082 personas) de Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe y Suba.
La investigación estableció que el desplazamiento forzado hacia Bogotá tuvo un descenso entre el 2002 y el 2004: bajó del 19 por ciento al 13,8 por ciento en ese período. Eran épocas en las que, según las autoridades, llegaban a la ciudad entre 10 y 12 familias por día (de 36 a 43 personas).
Pero en el 2005 esa tendencia descendiente se revirtió y la ‘migración’ forzada subió nuevamente: 14,5 por ciento.
La directora de la investigación, Amparo Hernández, dijo que esos ritmos de ascenso y descenso en los desplazamientos han coincidido con los períodos de mayor o menor tensión en el conflicto.
Otro fenómeno que detectó el estudio fue el ‘desplazamiento intraurbano’, es decir entre localidades. Por lo menos un 9,3 por ciento de la población desplazada ha sido víctima de esta situación en la propia Bogotá.