La desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas: El show debe seguir

12.08.06

Bruno Matapay
www.rebelion.org

El 15 de agosto se realizará en Ungía (Chocó) la “desmovilización y dejación de armas del último grupo” del paramilitar Bloque Élmer Cárdenas (BEC), unos 500 hombres que intimidaron, amenazaron y asesinaron a indígenas, afrocolombianos y
mestizos en las márgenes del río Atrato y la Serranía del Baudó.

La impunidad ya es ley. El ex general Rito Alejo del Río, artífice de
la estrategia paramilitar del Urabá, goza de plena libertad. No es casual, pues el ascenso de Uribe Vélez a la “dignidad” presidencial se inició en un homenaje a ese monstruo cuyas criaturas ahora se
“reinsertan” a la sociedad.

En desarrollo de la estrategia militar adoptaron diversos nombres,
inicialmente como “Autodefensas de Córdoba y Urabá”, luego como “Autodefensas Unidas de Colombia, AUC”, y como “Bloque Élmer Cárdenas”. Sus actuaciones contaron con la omisión,
tolerancia, aquiescencia y participación directa de la Brigada 17. Son las mismas estructuras que participaron en cordones de seguridad en Santa Fe de Ralito y luego aparecieron como disidentes de esa ficción de diálogo.

¿Reforma agraria? ¿O “cambio extremo” a punta de motosierra?

La apropiación ilegal de tierras ha sido uno de sus objetivos.
Desarrollaron una estrategia de posesión territorial que luego de fases de arrasamiento del año 1996 al 2000 ha pasado a la de traslado de población y control social y el desarrollo
agroindustrial de palma, plátano primitivo y ganadería extensiva.

El BEC condicionó su desmovilización sobre la base del apoyo del
gobierno a su “proyecto de alternatividad social (PASO)”, fundamentado en la consolidación del cultivo de palma aceitera como alternativa agroindustrial para la región. Desde enero, el BEC intensificó la presión por franjas de terrenos. El objetivo sería presentarlos como la cuota de reparación que les exige la ley de “justicia y paz”, sin tocar las grandes extensiones de las que se han apropiado en una década de guerra.

Pero la propiedad de esas tierras que los paracos presentan como
propias no es tan clara. La Iglesia, que ha denunciado que los paramilitares están detrás de la ocupación de terrenos colectivos de las comunidades negras para sembrar palma de aceite, cree que lo que se busca es simplemente la legalización de ese megaproyecto.

Esa es la razón por la que la Diócesis de Quibdó y las comunidades no quieren que los paracos se queden en territorios donde asesinaron y desplazaron, ni mucho que se mezclen víctimas y victimarios.

“Lograron hacer una reforma agraria a la inversa. Usurparon tierras de campesinos, las legalizaron y ahora van a quedarse con ellas”, denuncia el padre Albeiro Parra. Se trata de una gran operación de maquillaje… un “cambio extremo” a punta de motosierra.

Las comunidades y los organismos humanitarios exigen al estado
colombiano resultados concretos en el desmonte de la estructura económica, política y militar del BEC. Vana petición. Lo que trae Uribe en su agenda es la institucionalización de la contrarreforma
agraria y la impunidad total para que los verdugos disfruten de sus fortunas, porque, al fin y al cabo, éstas tienen el mismo origen criminal que las de los tradicionales dueños del país y sus amos imperiales.

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