¿Por qué el Afán para la Paz en Colombia?

15.01.07

Nico Udu-gama
International Peace Observatory
info@peaceobservatory.org

Español, en PDF
Why the Rush for Peace in Colombia? English in PDF

Preocupa el anuncio de un sonriente Juan Pablo Corlazzoli, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de que Colombia “pasa el examen [en materia de derechos humanos] y lo pasa con buenas notas.” [1]. Normalmente el dolor de cabeza para Colombia – que en años anteriores ha sido criticado por este organismo internacional por las violaciones a los derechos humanos – el anuncio hace pensar que el gobierno, con la complicidad de los organismos internacionales de veeduría, pretende imponer una ilusión de tranquilidad y paz al pueblo colombiano. Todo apunta a que el gobierno de Uribe y sus aliados están creando la situación necesaria para precipitar un acuerdo de paz con la insurgencia. Y un acuerdo de paz afanado no más corresponde a intereses económicos y no al anhelo de pueblo de corregir las condiciones político-económico-sociales de las cuales nace la inconformidad.

El caso de Colombia tiene mucha semejanza al de Guatemala y merece una reflexión, en aras de entender hacia dónde va Colombia. Los acuerdos de paz, firmados entre el gobierno y la coordinación guerrillera de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG, en diciembre de 1996, se vieron como el fin de más de 40 años de guerra sangrienta que llevaba miles y miles de muertos y desaparecidos. La URNG ya estaba lejos de tomar el poder y el ejército guatemalteco tenía la fama de ser el más brutal de las Américas. Debido a las críticas y la intervención “neutral” de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA, por la cual fue asesor para los acuerdos de paz el mismo Juan Pablo Corlazzoli), el gobierno civil tenía que mostrarse serio en la “búsqueda de paz.” Por lo tanto, bajo el gobierno de Arzo Irigoyen (el que selló los acuerdos de paz), fueron despedidos 13 de los 23 generales del ejército, implicados de violaciones graves (¿cuál violación no es grave?) de derechos humanos²;el gobierno cesaba acciones bélicas contra la insurgencia ya diezmada al principio de 1996; en septiembre de 1996, fueron “disueltas” las Patrullas de Autodefensa Civil -PAC, que alcanzaban a ser casi 500.000 autores materiales e intelectuales de masacres en el país (que más tarde se renombrarían “Comités de Emergencia, de Desarrollo y Paz”) [3]; y las Naciones Unidas anunciaban que las denuncias de violaciones se habían disminuido⁴, aunque las masacres todavía no eran de historia lejana⁵. La veeduría internacional dio su bendición y los acuerdos de paz se firmaron al cerrar el año 1996.

A los 10 años del “fin” del conflicto, existe un sinnúmero de exposiciones sobre la continuación de la violencia; y no una violencia arbitraria, sino con objetivos claros – la supresión de la sociedad civil:

“Aunque la violencia política disminuyó desde que los acuerdos entre guerrilla y gobierno progresaron, la violencia criminal continuó. Estas violaciones de los derechos humanos han sido perpetradas, en la mayoría de los casos, por miembros o ex-miembros de las fuerzas de seguridad del estado. Periodistas, activistas defensores de los derechos humanos, activistas políticos, representantes de sindicatos y organizaciones de campesinos fueron secuestrados, amenazados de muerte y torturados, muchas veces por miembros de las fuerzas de seguridad o por sus aliados civiles que actuaron con total impunidad.” [6]

Los PAC (Comités Voluntarios de Defensa Civil) – ahora con unas 350,000 personas – aparte de ser una fuerza de control político-militar utilizada contra la izquierda⁷ componen una fuerza electoral con la cual cuenta el gobierno⁸. Contra lo estipulado en los Acuerdos de Paz, el número de efectivos en el ejército ha aumentado tanto como los gastos militares⁹. La pobreza, el hambre, el racismo y la falta de servicios básicos siguen azotando la población; según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, el cual presidía Corlazzoli después de los acuerdos, Guatemala figuraba entre los cuatro países más desiguales del mundo en 2005¹⁰. La mayor parte de la tierra cultivable sigue en manos del 5% de la población¹¹, ya que la política agrícola del gobierno favorece los latifundios de productos de exportación. Al cierre de los acuerdos, se estimaba que Guatemala necesitaba alrededor de U$3 mil millones para efectuar la reestructuración de la economía y realizar los proyectos económicos de gran envergadura¹². El manejo de la economía y las condiciones para su crecimiento (o desgaste) pasaron plena y totalmente desde el Estado a las multinacionales, las agencias de “cooperación” y las instituciones financieras, como en Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Actualmente, el Banco Mundial ha sido denunciado por un préstamo de U$45 millones a la empresa aurífera canadiense, Glamis Gold, Ltd., donde se le acusa al banco de haber contribuido a la violación de derechos humanos de la población cercana¹³.

“Mientras la sociedad civil pretende reconstruirse y fomentar la capacidad de la gente de ejercer la auto gobernabilidad, instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Banco Inter-americano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional) han adelantado programas y legislación que debilitan la habilidad de los guatemaltecos de ejercer control sobre su propio país, sus recursos, y servicios básicos como la educación, salud y energía. Estas instituciones han promovido la privatización de los servicios básicos a las corporaciones transnacionales, la concesión de recursos naturales a las multinacionales con poco o no beneficio a la población ni control de daños ambientales, políticas de comercio libre que socavan agricultores pequeños y destruyen economías locales y la dedicación de recursos estatales a la creación de infraestructura necesaria para corporaciones en vez de invertir en promoción de mercados locales, servicios sociales, mejores condiciones para agricultores y garantizar derechos humanos fundamentales.” [14] (traducción del inglés del autor)

En la etapa “pos-guerra” guatemalteca, las agencias de cooperación europeas continuaban gozando del jugoso negocio de proyectos de “resolución de conflictos” [15], enfocando primordialmente en las pandillas de los Mara, agrupaciones de jóvenes que recurren a la violencia para expresar su descontento con una sociedad que no les garantiza sus necesidades básicas. Guatemala ha pasado de la guerra abierta a la guerra neoliberal – mucho más sutil pero tan letal como la primera. Como las causas del conflicto no han sido tratadas de manera integral, se puede deducir que Guatemala seguirá en el ciclo violento, mientras que el país y su pueblo son explotados a beneficio del capitalismo y, naturalmente, con la complicidad de los organismos internacionales que apresuraron unos acuerdos de “paz”.

Colombia parece ir en la misma dirección. Ya estamos viendo la máquina en acción. La guerra en el campo y las ciudades sigue igual – si no se ha intensificado – durante los primeros cuatro años del gobierno de Uribe. Aunque los medios de comunicación repiten los datos del gobierno central de que ha caído la tasa de homicidios (17.206 muertos violentos en 2006, apenas una triste reducción de un poco más de 500 del año anterior¹⁶), la realidad es muy diferente. ¿Acaso Juan Pablo Corlazzoli se olvida de que Colombia sigue siendo el país más peligroso para sindicalistas, según el Alto Comisionado para Refugiados de la ONU¹⁷? ¿O de Jamundí, cuando el ejército, a servicio de los narcotraficantes, mató a 10 policías anti-narcoticos? Y de Arauca: ¿qué piensa de las detenciones masivas y arbitrarias que suceden cada rato? ¿Se olvida del ESMAD (policía antimotines) matando a indígenas que protestaban el TLC, o estudiantes que pedían mejores niveles de educación? Posiblemente se le olvidó que hay una investigación actual contra miembros del ejército que mataron a campesinos en Antioquia y los pasaron de guerrilleros. En el Nordeste Antioqueño, efectivos de la Brigada 14ª mataron al campesino Luís Sigifredo Castaño Patiño el 7 de agosto de 2005, y a la fecha, no ha habido justicia. La misma brigada mató este año a los campesinos Pablo Emilio Agudelo Sánchez, el 4 de septiembre, y Guillermo León Benitez, el 25 de noviembre en la misma zona¹⁸. Y la “para-política” (nombre dado a los escándalos por las revelaciones de vínculos entre la clase política y los paramilitares), que no es cosa de la historia, sino continúa ejerciendo su poder en la estructura estatal, alentando la impunidad. Todo esto se olvida a la ONU en el afán de crear la “paz”. Es una amnesia institucional peligrosa, ya que olvidar¹⁹ abre paso a la continuación de la injusticia, y por ende, la continuación de la violencia. La ONU y otras organizaciones de monitoreo que siguen esa línea son miopes si tratan de aprovechar de cifras gubernamentales de una bajada generalizada de la violencia. El hecho de que haya menos denuncias – aunque sí puede representar una baja verdadera de violaciones de derechos humanos – se debe mirar con un ojo crítico. En Colombia, aún cuando el aparato paramilitar se ha “desmantelado”, se vive un ambiente asfixiante para los defensores de derechos humanos. Las organizaciones de monitoreo que trabajan en terreno y ven la realidad son blancos de allanamientos, montajes, procesos judiciales y otros métodos de desgaste. Según Amnistía Internacional:

“La estrategia oficial contra los defensores de derechos humanos parece triple: las autoridades del gobierno cuestionan públicamente su legitimidad, preparan procesos legales infundados y no hacen comparecer ante la justicia a los autores de los ataques, incluso cuando se dispone de abundantes pruebas.” [20]

La detención el 19 de noviembre de este año del periodista de Telesur, Fredy Muñoz²¹, y el hecho que Colombia se destaca entre los tres países de América Latina más peligrosos para ejercer el periodismo²² demuestran que decir la verdad no es permitido. En Colombia, se está forjando una paz paralela y en contravía a la realidad que vive el pueblo.

Es legítimo y necesario cuestionar la supuesta “neutralidad” de organismos de veeduría internacional como la ONU. Mientras se olvida de unas cosas, no lo hace con otras cosas: la oficina del Alto Comisionado fue rápida en calificar como “crimen de guerra” la muerte de cuatro campesinos a manos de las FARC en Yarumal (Antioquia) el 1 de enero de 2007²³. Es obvio que sectores de la comunidad internacional, serviles a la teoría predominante de la lucha contra el terrorismo, buscan acumular capital político de manera perversa para el Estado. Además, en septiembre del 2006, recién llegado Corlazzoli al puesto que ahora ocupa, el diario El Tiempo publicó un artículo titulado “Colombia le gana pulso a la ONU?” donde reportaba que Colombia lograba que el mandato de la oficina del Alto Comisionado se limitara a prestar “asesoría” y menos “observación” [24]. Debido al contexto internacional actual del fortalecimiento de los Estados contra el terrorismo (antes del infame 11 de septiembre, en un documento redactado por el gobierno Colombiano en el año 2000, se pedía que la comunidad internacional actuara “como observador” [25]), Colombia ha aprovechado y ha puesto sus propias condiciones al organismo de veeduría internacional de mayor importancia. La observación internacional y “neutral” se ha convertido en consejero en cómo ganar la guerra, y se pasa la raya.
Y, como en Guatemala, los afanados acuerdos de paz crearán un clima político favorable para inversión de capital extranjero en Colombia. Desde la concepción del Plan Colombia en 1999, los Estados Unidos y la Unión Europea han buscado la manera más efectiva de apropiarse de las materias primas de Colombia: uno por el lado militar, el otro por el lado más “social”. Aunque el presupuesto aprobado en el Congreso norteamericano a mitad del 2006 por apoyo a Plan Colombia incluyó un pequeño incremento en apoyo no-militar (en temas como “desarrollo del sector privado”, “fortalecimiento de capacidad de comercio”, y “reforma de política económica”), la gran mayoría de apoyo sigue siendo militar²⁶ (análisis de la fundación estadounidense Centro para la Políticas Internacionales sugiere que para 2008, habrá un aumento en apoyo económico hacia Colombia²⁷). Mientras siempre ha sido evidente los nexos entre la parte militar de Plan Colombia y los intereses económicos estadounidenses (ejemplo claro: U$98 millones aprobados en 2003 para proteger el oleoducto de la empresa estadounidense Occidental²⁸), las intenciones de la Unión Europea (UE) son más escondidas (pero no ambiguas). El investigador Gearóid Ó Loingsigh ha hecho un extenso trabajo respeto a la intervención sigilosa de la Unión Europea (con sus famosos experimentos de “Laboratorios de Paz”) en Colombia.

“Chris Patten anunció el primer Laboratorio de Paz como un plan para construir la paz desde abajo, fortalecer el sistema de justicia en Colombia y ayudar a las víctimas del conflicto y en particular a los desplazados internos. Sin embargo, en el mismo comunicado de Patten señala que la UE tiene un interés económico en Colombia, pues según él, la Inversión Directa Extranjera sumaba unos 880 millones de euros en 1999. Pero también anunció que grandes capitales sólo entrarían al país si hubiese estabilidad. Ese comentario no es menor si tenemos en cuenta que en los últimos años, a muchas empresas multinacionales les fueron adjudicadas varias empresas estatales (privatizadas como parte del Plan Colombia).” [29]

Agrega otro comentario aún más explícito de Patten, vocero de la UE:

“ ‘Las instituciones de la UE no son los únicos que creen en Colombia. Las empresas europeas también creen en Colombia. La UE es la principal fuente de inversiones extranjeras en este país, lo cual muestra y aumenta nuestra participación en la búsqueda de una solución negociada al conflicto [negrilla del autor]. Queremos hacer todo lo que podamos para fomentar esos lazos económicos…’ ” [30]

Por último, Loingsigh explica que la política de estos Laboratorios de Paz no es únicamente europea, sino forma parte de “una política integral de ‘desarrollo y paz’ conjunta y compartida por el gobierno colombiano, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial (BM) y la UE, entre otros actores.” [31] Recordemos el vínculo de Juan Pablo Corlazzoli con el PNUD en Guatemala. No resulta sorprendente, entonces, que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea (que directa o indirectamente tienen voz y voto en la ONU) han apoyado el mal llamado “proceso de paz” con los paramilitares (aunque la UE ha sido más cautelosa en proferir su apoyo). Aún más interesante el hecho de que el jesuita Francisco de Roux, director del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, haya participado en la reunión en septiembre de 2006, cuando el mandato de la ONU fue revisado. Parece que Colombia está destinada a repetir la historia de Guatemala, gracias a la “cooperación” internacional.

El peligro del afán para la paz es que los problemas en los cuales arraiga el conflicto interno colombiano no se desaparecerán, y la guerra volverá a manifestarse – quizás de otras formas – más tarde. Por ahora, le queda difícil al Estado – por lo menos con las FARC – llegar a una negociación mientras la insurgencia sigue mostrándose capaz de propinar fuertes golpes militares. Si el Estado sigue cortándoles las opciones políticas a la insurgencia, ésta va a continuar atacando militarmente, y habrá más derrame inútil de sangre. Mientras no se busquen soluciones reales y duraderas al conflicto, nunca habrá una paz verdadera. Desafortunadamente, los hechos muestran que no podemos contar con las instituciones de veeduría que se proclaman ser “neutrales”; ellas ya están trazando el curso para Colombia que llevará a la supresión de voces verdaderas de paz y la explotación del pueblo colombiano y sus recursos naturales. Debemos continuar creando un movimiento de base, informando al pueblo y creando alternativas desde abajo.

15 Enero 2007

*Notas*:

1. http://www.cmi.com.co/Contenido/Noticia.asp?nota=6414
2. http://www.pbs.org/newshour/bb/latin_america/december96/guatemala_12-30.html
3. Durante el gobierno de Ríos Montt, las PAC – formalmente conocidos como “Comités Voluntarios de Defensa Civil” – fueron creadas por el decreto gubernamental 19-86, bajo la “Doctrina de Seguridad Nacional”. http://www.peacebrigades.org/guatemala/cap97-14e.html
4. http://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/cap.5b.htm
5. En 1995, “el ejército guatemalteco asesina a 11 campesinos en la comunidad «Aurora 8 de octubre», para desanimar el retorno de los refugiados exiliados en México. La representante de la ONU acusa al ejército de realizar premeditadamente la matanza. Dimite el ministro de defensa y es destituido el comandante de la zona militar de Cobán.” http://www.servicioskoinonia.org/martirologio/ficha.php?codigo=517 . “En 1997… se reportaba 134 asesinatos extrajudiciales, 209 abusos de autoridad, 77 amenazas de muerte y 11 violaciones de la libertad de expresión,” http://www.bordercrossing.at/file/GuatemalaneuPostl.pdf
6. http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/observatorio/indicadores/paises/guatemal.htm
7. En el informe de la organización de acompañamiento internacional, Brigadas Internacional de Paz (PBI), se observó que el carácter paramilitar de las PAC continuaba a pesar de la desmovilización; _“…fue denunciada por la Unión del Pueblo Maya de Guatemala (UPMAG) la reorganización de las Patrullas de Autodefensa Civil y la presencia del Ejército en varias comunidades del interior del país… En el mismo mes [sep 1997], los comités de derechos humanos locales y sectoriales de varias comunidades de Chichicastenango, Quiché, acusaron a ex miembros de las PAC que conjuntamente con soldados del Ejército, se encuentran acosando sus poblaciones. Los mismos denunciaron que todavía continúa la militarización de sus comunidades a través de las PAC, las cuales ahora se han cambiado de nombre, quienes se identifican como ‘Comités de Emergencia, de Desarrollo y Paz’ se encuentran armadas e intimidan a la población con disparos sin precisar motivos.” http://www.peacebrigades.org/guatemala/cap97-14e.html
8. “Hoy las PAC se han convertido en un dispositivo que según cálculos conservadores agrupa a 350 mil personas y que ha sido usado electoralmente en diversas oportunidades: en un plebiscito para rechazar las reformas que hubieran expresado en la Constitución la esencia de los acuerdos de paz, y en las pasadas elecciones presidenciales. Hoy el gobierno ha legitimado su actuación al convertirlas en el vehículo para negociar resarcimientos por los efectos que en ellas ocasionó el conflicto interno. En otras palabras, con la ayuda del ejército, el gobierno ha institucionalizado el clientelismo y la mediación prebendal con fines electorales.” Militarización, crimen y poder invisible en Guatemala: el retorno del centauro, Carlos Figueroa Ibarra. http://www.monografias.com/trabajos901/guatemala-militares-poder-democracia-dictadura/guatemala-militares-poder-democracia-dictadura.shtml#_Toc134441745 Ver también el UNwire fechado el 12 de Noviembre de 2002, titulado “UNDP supports plans for reparations to war victims”: http://www.preventgenocide.org/americas/guatemala/
9. Idem.
10. http://albedrio.blogspot.com/2005_09_01_archive.html
11. “Guatemala: Autoritarismo e interculturalidad (VI)”, Mario Roberto Morales. http://www.lainsignia.org/2004/junio/dial_004.htm
12. http://www.pbs.org/newshour/bb/latin_america/december96/guatemala_12-30.html
13. http://www.minesandcommunities.org/Action/press718.htm Para información sobre empresas auríferas canadienses en Colombia, ver http://www.colombiajournal.org/colombia247.htm
14. http://www.preventgenocide.org/americas/guatemala/
15. “Latin America policies of the European NGOs: Recent trends and perspectives,” Kees Biekart. Institute of Social Studies, The Hague. April 2005. p.11 http://www.icco.nl/documents/pdf/Eur_NGOs_in_LA_final_doc_2_juni.pdf
16. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6226000/6226647.stm
17. http://www.acnur.org/pais/index.php?accion=pag&id=5170&iso2=CO
18. http://www.peaceobservatory.org/index.php?id=4052
19. Para mayores reflexiones sobre la memoria histórica, consúltese las notas del Padre Javier Giraldo, quien propone la memoria del pueblo como herramienta de lucha. www.javiergiraldo.org
20. http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230382006?open&of=ESL-2M3 Ver también el artículo de Mary Turck en Znet: http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=10973
21. http://www.rsf.org/article.php3?id_article=19803
22. http://www.ifj.org/default.asp?Index=4537&Language=ES
23. http://www.eltiempo.com/conflicto/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3387389.html
24. http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2006-09-09/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3236684.html La función de “asesoría” y “cooperación técnica” fue corroborado en diciembre por la misma ONU: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=8470
25. “Plan Colombia: plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, Gobierno Colombiano. 2000. http://www.analitica.com/va/hispanica/colombia_paz/4527677.asp
26. http://www.state.gov/documents/organization/60656.pdf pag. 543-545.
27. http://www.cipcol.org/archives/000388.htm#more
28. “Colombia: La Otra Guerra de EEUU”, Hendrik Vaneeckhaute. Rebelión http://www.rebelion.org/plancolombia/030428hendrik.pdf
29. “Laboratorios de Paz de la Unión Europea: El Plan Colombia de Europa?” http://www.revistapueblos.org/IMG/pdf/laboratorios.pdf
30. Idem.
31. Idem.

Leer más En evidencia

International Peace Observatory  |  Observatorio Internacional de la Paz  |  Bogotá, Colombia  |  NIT: 900.013.419-3

www.peaceobservatory.org  |  info@peaceobservatory.org  |  Telefax: (+57) 1 232 10 06   |  Móvil: (+57) 314 296 47 69